RÍO DE JANEIRO. Las familias de las decenas de fallecidos en una mortal redada de la policía de Río de Janeiro contra las pandillas comenzaron a enterrar a sus muertos el jueves, mientras los residentes seguían conmocionados por las escenas de la matanza y furiosos con las fuerzas de seguridad, a quienes acusan de un uso excesivo de la fuerza, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
En la favela de Vila Cruzeiro, donde en la víspera se alinearon los cuerpos uno al lado del otro sobre el piso, muchos expresaron su conmoción, dolor e ira mientras ministros del gobierno y legisladores acudían a escuchar las demandas de la comunidad.
Desastre en Río de Janeiro
Al menos 132 personas murieron durante el operativo del martes, incluyendo cuatro policías, según un recuento ofrecido el jueves por la defensoría pública de Río.
Un día después de una redada que muchos describieron como una guerra, la barriada mostraba signos de vuelta a la normalidad, con algunos restaurantes y tiendas de nuevo esperando clientes.
“Vine a trabajar porque tengo que hacerlo, pero mi salud mental está destrozada”, señaló Monique Santiliano, una residente de 40 años que dirige un salón de uñas frente al grupo de derechos de las favelas CUFA en Vila Cruzeiro, parte del extenso complejo de comunidades urbanas de Penha.
“Esto no fue una operación, fueron asesinatos. No vinieron a arrestar, vinieron a matar”, agregó con la voz temblorosa.
El gobernador del estado de Río, el conservador Claudio Castro, dijo el martes que Río estaba en guerra contra el “narcoterrorismo”, un término que recuerda a la retórica de Estados Unidos en su campaña contra el contrabando de drogas en América Latina. Calificó la operación como un éxito.
La ministra de Derechos Humanos, Macaé Evaristo, dijo a los residentes y reporteros congregados en Penha que no aceptaba esa afirmación y que la lucha contra el crimen organizado debía centrarse en quienes lo dirigen y lo financian.
“No tiene sentido entrar en nuestras comunidades y exponer a los niños, a los ancianos y a las personas con discapacidades a tal terror”, dijo Evaristo.
La redada del martes, en la que participaron unos 2.500 policías y soldados, tenía como objetivo la conocida banda Comando Rojo en las favelas del Complexo de Alemão y Complexo da Penha. Provocó disparos y represalias por parte de los miembros de la pandilla, lo que derivó en escenas de caos en toda la ciudad.
El gobierno estatal dijo que los muertos eran criminales que presentaron resistencia a la policía.
Pero el número de fallecidos, el más alto registrado nunca en una operación policial en Río, provocó la condena de grupos de derechos humanos y de Naciones Unidas, así como un intenso escrutinio por parte de las autoridades. El Supremo Tribunal Federal, fiscales y legisladores ordenaron a Castro que proporcione información detallada sobre la operación.
Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal, programó una audiencia con el gobernador y los jefes de la policía militar y civil el próximo lunes en Río.
Mientras que algunos, en su mayoría votantes y políticos de derechas, aplaudieron la operación contra la banda fuertemente armada, otros cuestionaron si lograría resultados duraderos y alegaron que muchos de los fallecidos eran miembros de bajo rango fácilmente reemplazables.
Otoni de Paula, un legislador conservador, dijo a The Associated Press el jueves que la disparidad entre el número policías y de sospechosos fallecidos plantea preguntas.
“Creo que estamos ante una emboscada cuyo único objetivo era la ejecución”, manifestó. “No podemos pensar que el estado puede otorgar a la policía el derecho de matar a cualquiera”.
Los residentes denunciaron el estado de los cadáveres, con al menos uno decapitado, mientras que otros presentaban heridas punzantes o estaban atados, según se dijo.
“Esta brutalidad no puede normalizarse solo porque ocurrió aquí. Si el país sigue aplaudiendo, sucederá en otros lugares”, dijo Ana Tobossi, activista y residente.
Tobossi señaló que el jueves le costaba aún más superar la adrenalina del día anterior, cuando fue a la zona de la ladera verde donde se encontraron muchos de los cuerpos el miércoles por la mañana para ayudar en la búsqueda.
“Ahora siento una gran fragilidad”, apuntó.
El objetivo declarado de la operación eran capturar líderes y limitar la expansión territorial de la pandilla, que ha aumentado su control sobre las favelas en los últimos años.
La banda también ha expandido su presencia en todo Brasil en los últimos años, incluso en la selva amazónica.
Paulo Roberto, un joven de 16 años que trabaja como vendedor ambulante en el famoso estadio de fútbol Maracaná, dijo que se había quedado conmocionado por lo sucedido.
“La gente de fuera va a ver esto sucediendo en las favelas y no va a querer venir más. Nos hace quedar mal”, alegó.
Para el jueves, algunas familias habían comenzado a enterrar a sus muertos. Un oficial de policía recibió sepultura por la mañana en la zona oeste de la ciudad.
Después del funeral de Cauan Fernandes do Carmo Soares, de 22 años, que vivía en el Complexo de Alemão, sus familiares siguieron su ataúd hasta un cementerio cercano en la zona norte de Río llevando flores blancas.
“Estos chicos tienen un padre, una madre, hermanas y hermanos”, dijo Grasiele, hermana del fallecido, antes del velorio. “Mi familia está destruida.”
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
