Luego de que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, decidió denunciar al exembajador argentino en Venezuela durante el gobierno de Alberto Fernández, Oscar Laborde, por presuntamente haber intervenido sin autorización en el conflicto por el gendarme secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro, el dirigente social Juan Grabois se metió en la disputa y salió en defensa del exfuncionario.
Según dijo, Laborde únicamente gestionó el envío de una carta de la familia de Nahuel Gallo -el gendarme-, quienes se contactaron inicialmente con él -Grabois- para intentar tener algún tipo de comunicación con el argentino detenido.
“Laborde envió una carta de la familia del gendarme Nahuel Gallo mediante sus relaciones del poder judicial de Venezuela a raíz de un pedido mío. Fue una de las tantas personas que contacté para esto y el único que pudo realizar la gestión con éxito. La carta, desde luego, fue enviada a pedido de la familia que confió en mí para que le llegue“, escribió Grabois en su descargo, este jueves en redes sociales.
En esa línea, el dirigente le pidió al Gobierno nacional que tome de manera oficial la representación legal de Gallo en Venezuela, ya que, según dijo, este ni su familia cuentan con un abogado allí. “Espero de corazón que el Estado cumpla sus deberes sin intención propagandística ni otro objetivo que el bienestar y el retorno de Nahuel", añadió.
“No me corresponde decir nada sobre las circunstancias del caso ni manifestar posiciones personales sobre Venezuela”, mencionó Grabois, quien además dijo que tiene “muchos temas por pelear” con el Gobierno, pero que este “no es uno de ellos”.
“No es mi intención iniciar una disputa por qué hizo cada quien y quién está más preocupado por salvaguardar los intereses de Nahuel Gallo, pero el más elemental sentido del honor me indica solicitar a la Ministra que por favor me denuncie a mi también; sería indigno de mi parte permitir que a un hombre que intentó ayudar a causa mía se lo encause injustamente de un delito tan infame”, concluyó.
El Gobierno denunció por “traición a la Patria” al exembajador
El Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por el delito de traición a la Patria contra el ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde al sostener que actuó en detrimento de los intereses nacionales al intervenir de manera no autorizada en el caso de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela.
Según el comunicado oficial del Gobierno, tanto el Ministerio de Seguridad como la Cancillería desplegaron todos los recursos disponibles para localizar a Gallo y asegurar el respeto de sus derechos fundamentales. Gallo, cabo primero de Gendarmería, viajó a Venezuela con la autorización y los permisos correspondientes para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García, y a su hijo de dos años.
Sin embargo, tras cruzar la frontera el 8 de diciembre de 2024, fue detenido, incomunicado y acusado de espionaje por las autoridades venezolanas, sin que hasta el momento se haya proporcionado información oficial sobre su situación procesal.
Por qué denunciaron a Laborde
En este contexto, el ex embajador Laborde, quien fue designado durante la presidencia de Alberto Fernández, inició gestiones no autorizadas ante el régimen de Nicolás Maduro.
Según la denuncia, Laborde contactó a la familia de Gallo en Argentina para entregarle una carta al gendarme detenido, en colaboración con los jerarcas chavistas.
El Ministerio de Seguridad acusa a Laborde de haber validado las acusaciones del régimen venezolano y de haber intentado justificar la detención de Gallo, argumentando que el gendarme ingresó de manera irregular al país.
La denuncia sostiene que la actuación de Laborde no solo careció de autorización oficial, sino que también menoscabó los esfuerzos diplomáticos del gobierno argentino para lograr la liberación de Gallo.
Se argumenta que Laborde actuó con deslealtad hacia el Estado argentino, violando su deber de defender los intereses nacionales.
El Gobierno considera que su conducta benefició al régimen de Nicolás Maduro al tiempo que perjudicó la posición de Argentina en la defensa de un ciudadano argentino, configurando así el delito de traición a la patria.
La acusación se basa en el artículo 214 del Código Penal, que tipifica este delito protegiendo los intereses generales de la nación como entidad soberana, sin requerir un estado de guerra declarado.
El Ministerio de Seguridad rechaza que la intervención de Laborde pueda considerarse una acción humanitaria, como él ha intentado presentarla ante los medios de comunicación y, por el contrario, sostiene que buscó justificar las acciones del régimen venezolano y desacreditar al gobierno argentino.
Mientras tanto, la Justicia argentina avanza con una acción de hábeas corpus presentada por Gendarmería, argumentando que la detención de Gallo constituye una desaparición forzada de persona, en violación de tratados internacionales.
La Cámara Federal de Mendoza invocó el principio de jurisdicción universal para investigar el caso, destacando la gravedad de la situación y el riesgo que corren los derechos fundamentales de Gallo.
La Cancillería argentina, por su parte, relanzó gestiones a través de la Embajada de Brasil en Caracas y organismos internacionales como la ONU y la OEA, debido a la expulsión del personal diplomático argentino de Venezuela.
