Un informe de 81 páginas, titulado “Han llegado al infierno”: tortura y otros abusos contra venezolanos en la megacárcel de El Salvador, publicado conjuntamente por Human Rights Watch (HRW) y Cristosal, revela que 252 ciudadanos venezolanos deportados por el gobierno de Estados Unidos a El Salvador en marzo y abril de 2025 fueron sometidos a tortura sistemática, tratos inhumanos, y, en algunos casos, violencia sexual.
El informe no sólo detalla las condiciones infrahumanas dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), creado por Nayib Bukele, la megacárcel de máxima seguridad en El Salvador, también acusa directamente a la administración de Donald Trump de complicidad en las violaciones graves de derechos humanos.
Administración cómplice
Entre marzo y abril de 2025, el gobierno de EE. UU. envió a 252 venezolanos, incluidos docenas de solicitantes de asilo, a la prisión Cecot, pese a la existencia de informes verosímiles sobre graves abusos en las cárceles salvadoreñas.
Las organizaciones de derechos humanos sostienen que este traslado constituyó una devolución, una detención arbitraria y una desaparición forzada, en términos del derecho internacional, ya que fueron enviados a un lugar donde se enfrentarían a riesgos previsibles de persecución y tortura.
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, responsabilizó a la Casa Blanca. “La administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para encarcelar a venezolanos que luego fueron abusados por las fuerzas de seguridad salvadoreñas casi a diario”.
Además, Goebertus afirmó: “La administración Trump es cómplice de tortura, desaparición forzada y otras violaciones graves, y debería dejar de enviar personas a El Salvador o a cualquier otro país donde enfrenten riesgo de tortura”.
Según el informe, el gobierno de EE.UU. proporcionó al menos 4.7 millones de dólares a El Salvador, fondos destinados a cubrir los costos de la detención de estos hombres.
La deportación se llevó a cabo en parte invocando la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), con el argumento de que el grupo criminal venezolano Tren de Aragua constituía una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, la investigación desmantela esta justificación.
El falso perfil criminal de los deportados
Una de las revelaciones más importantes del informe de HRW y Cristosal contradice de modo directo el argumento oficial estadounidense y salvadoreño, que acusaba a la mayoría de los deportados de ser “terroristas” o miembros de Tren de Aragua.
El análisis exhaustivo de los antecedentes penales realizado por las organizaciones demostró que gran parte de los deportados no tenían historial delictivo.
Los investigadores revisaron bases de datos de antecedentes penales, documentos judiciales en EE.UU. y en otros países latinoamericanos.
Los datos cuantitativos son contundentes:
- Casi la mitad de los venezolanos enviados a Cecot no tenían antecedentes penales.
- El análisis de los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que cubre a 226 de los 252 venezolanos deportados, indica que al menos el 48,8 por ciento de ellos no tenía antecedentes penales en los Estados Unidos.
- Sólo el 3 por ciento (8 de 252 personas) había sido condenado en los Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento.
- Muchos tampoco habían sido condenados por crímenes en Venezuela u otros países de América latina donde habían residido.
La antesala al horror
Antes de llegar a Cecot, los venezolanos y sus familiares sufrieron la angustia de la desaparición forzada. Tanto el gobierno de EE.UU. como el salvadoreño se negaron a revelar información sobre el destino o el paradero de los detenidos, lo que, según el derecho internacional, constituye una desaparición forzada.
Muchos familiares fueron informados por las autoridades de inmigración de EE.UU. que sus seres queridos serían enviados de regreso a Venezuela, no a El Salvador. Cuando buscaban información a través del sistema localizador de detenidos online (ODLS) del ICE, los nombres de los deportados desaparecían.
Una de las madres de los detenidos relató que la última vez que habló con su hijo fue el 15 de marzo, cuando él le dijo: “Mamá, nos vemos en casa. ICE me dijo que hoy nos envían a Venezuela”. Posteriormente, perdió todo contacto y el sistema de ICE mostró “cero resultados”.
Régimen de abuso sistemático en Cecot
La tortura y los malos tratos a los venezolanos en Cecot no fueron incidentes aislados cometidos por guardias o policías rebeldes, sino “violaciones sistemáticas”, según el informe. Todo indica que los abusos habrían sido parte de una práctica diseñada para subyugar, humillar y disciplinar a los detenidos.
Los abusos, que incluyeron palizas regulares y severas, maltrato verbal y psicológico, se consideran trato cruel, inhumano o degradante y, en muchos casos, tortura según el derecho internacional.
El abuso comenzaba desde el momento en que los deportados ponían pie en territorio salvadoreño. Gonzalo Y., de 26 años, relató que al bajar del avión, los obligaron a arrodillarse con la cabeza gacha.
“Cuando llegamos a la entrada de Cecot, los guardias nos hicieron arrodillar para que nos afeitaran la cabeza”. El director de la prisión les dio una bienvenida escalofriante: “El director de la prisión nos dijo: ‘Han llegado al infierno’”, relató.
Las palizas eran casi diarias. Ocurrían durante los registros de rutina en las celdas, por infracciones menores como hablar en voz alta o ducharse a la hora equivocada, o incluso por solicitar asistencia médica.
Otro exdetenido, Tirso Z., describió la rutina de las requisas: “Los guardias venían a registrar las celdas todos los días”, dijo. “Nos sacaban a todos de nuestras celdas, nos hacían arrodillar, nos esposaban las manos a la espalda y poníamos los brazos sobre la cabeza, y nos golpeaban con porras, patadas y puñetazos… y luego nos dejaban arrodillados durante 30 o 40 minutos”.
Las represalias se intensificaban después de las visitas de organismos externos. Varios exdetenidos dijeron que los oficiales los golpearon después de hablar con el personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en mayo.
Daniel B. relató que, tras hablar con el CICR, los guardias lo llevaron a la “Isla” (la celda de castigo) y lo golpearon con una porra. “Me siguieron golpeando, en el estómago, y cuando traté de respirar, comencé a ahogarme con la sangre”.
Violencia sexual y condiciones infrahumanas
El informe también documentó casos de violencia sexual. Tres personas detenidas en Cecot informaron haber sido sometidas a violencia sexual.
Uno de ellos dijo que cuatro guardias abusaron sexualmente de él y lo obligaron a practicar sexo oral a uno de ellos. “Jugaron con sus porras sobre mi cuerpo”, afirmó. Las organizaciones creen que el abuso sexual afectó a más personas, pero las víctimas no lo reportaron debido al estigma.
Además de la violencia física, los venezolanos fueron retenidos en condiciones infrahumanas. Los detenidos no tenían acceso a la asistencia de un abogado ni contacto con el mundo exterior (detención incomunicada prolongada).
La comida era escasa, inadecuada y repetitiva. Un exdetenido, Julián G., describió las condiciones como “horribles”: “Había moho, el suelo estaba negro y pegajoso, los inodoros estaban sucios, olía a orina, y el agua que teníamos en los tanques —utilizada tanto para bañarnos como para beber— era amarilla y tenía gusanos”.
La falta de atención médica era otra forma de maltrato. Algunos detenidos fueron golpeados por pedir asistencia. Luis S., a quien le sacaron un diente y le rompieron un ligamento de la rodilla durante las palizas, no tuvo ninguna clase de tratamiento médico. Dijo que a veces lo dejaban arrodillado por 24 horas solo por solicitar atención médica.
Liberación y el retorno al peligro
En julio de 2025, los 252 venezolanos fueron liberados de Cecot y enviados a Venezuela como parte de un canje de prisioneros con el régimen de Nicolás Maduro, a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
Si bien el retorno puso fin a la tortura en El Salvador, para muchos, la repatriación violó el principio de no devolución, ya que Venezuela atraviesa una grave crisis humanitaria y violaciones sistemáticas de derechos humanos. El regreso al país del que huyeron originalmente implica el riesgo de persecución.
De hecho, algunos exdetenidos informaron que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los visitaron para obligarlos a grabar videos difamando a Estados Unidos y negando cualquier vínculo con agencias estadounidenses.
Félix D. relató: “La segunda vez, grabaron videos de mí diciendo cosas malas sobre Estados Unidos. Me preguntaron sobre mi estancia allá y me dijeron que tenía que decir que había mucho crimen y pandillas en Estados Unidos, que todos tienen tatuajes, y que fui detenido por un tatuaje”.
Traumas psicológicos
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, comparó la complicidad de EE.UU. con el escándalo de la prisión de Abu Ghraib durante la “guerra contra el terror”. Bullock acusó a la administración de Trump de “contratar el sistema penitenciario salvadoreño como un accesorio en un teatro de crueldad”.
El informe concluye con una declaración de un exdetenido, que encapsula el horror de la experiencia: “No somos terroristas, éramos migrantes”, dijo uno de ellos. “Fuimos a Estados Unidos buscando protección y la oportunidad de un futuro mejor, pero terminamos en una prisión de un país que ni siquiera conocíamos, tratados peor que animales”.
