Trece trabajadores vinculados a una de las grandes compañías mineras de Perú fueron hallados muertos dentro de una mina de oro en Pataz, al noroeste del país, días después de haberse denunciado su secuestro. Los cuerpos fueron recuperados por el equipo de rescate de la Policía. Fuentes policiales indicaron que los cuerpos aún se encuentran en el interior de la mina.
El suceso ocurrió en Pataz, una localidad ubicada a unos 900 kilómetros de la capital, Lima. Las víctimas trabajaban para una compañía que prestaba servicios a Poderosa, una importante minera que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima. Según la minera Poderosa, los 13 trabajadores fueron secuestrados por “mineros ilegales coludidos con elementos criminales”.
Poderosa en los últimos meses fue blanco de grupos armados relacionados con la minería ilegal. La minería es un impulsor económico clave en Perú, uno de los mayores productores de oro en América Latina. Sin embargo, Pataz se encuentra en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido a la escalada de violencia causada por la fiebre del oro.
La minera Poderosa declaró en un comunicado que con estas víctimas, “suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control” de la localidad. La empresa hizo un “llamado urgente” a replantear la estrategia de seguridad del Gobierno. Enfatizaron que la “espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que, lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona”.
Ante los hechos, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ordenó el despliegue de equipos de élite especializados en crimen organizado y de divisiones de investigación para capturar a los responsables. El Ministerio del Interior indicó en un comunicado que sus agentes “están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan”.
Mientras tanto, en la ciudad de Trujillo, familiares de algunas víctimas esperaban el traslado de los cadáveres para ser llevados a la morgue de esa localidad. Abraham Domínguez, padre de Alexander Domínguez (cuyos restos fueron hallados en la mina), expresó a una televisora: “Queremos justicia, que esto no se quede allí nomás”.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos, señaló que el lunes se reunirá con la presidenta Boluarte para buscar soluciones a la inseguridad. El alcalde manifestó su dolor y preocupación, afirmando que “viene levantando la voz fuerte” por lo que sucede en su pueblo.
Perú vive una ola de extorsiones y criminalidad violenta que ha llevado a decretar el estado de emergencia en varios puntos del país. Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú identificó operaciones por 8.241 millones de dólares sospechosas de provenir de la minería ilegal.
