En vísperas de cumplirse un año desde que los talibán retomaran el poder con la toma definitiva y sin oposición de Kabul, Amnistía Internacional (AI) denunció que desde entonces han estado dirigiendo “un ataque sostenido” contra las libertades, persiguiendo a las minorías y reprimiendo violentamente cualquier oposición en Afganistán.
En un informe publicado este lunes con el título ‘La ley talibán: Un año de violencia, impunidad y falsas promesas’, Amnistía pone de relieve “las flagrantes violaciones” que se cometieron durante el último año, así como la impunidad de la que gozan para torturar, asesinar y hacer desaparecer a quienes se oponen al régimen.
“Hace un año, los talibán se comprometieron públicamente a proteger y promover los Derechos Humanos. Pero la velocidad a la que están desmantelando 20 años de avances en materia de libertades es impresionante”, denunció la directora regional de Amnistía Internacional para Asia meridional, Yamini Mishra.
En ese sentido, lamentó que “toda esperanza de cambio se haya desvanecido, mientras los talibán tratan de gobernar mediante la represión y con total impunidad”, como muestran “las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones y las ejecuciones sumarias”.
La vuelta de los talibán supuso a la vez un importante revés para las mujeres y las niñas, a quienes tras dos décadas de avances se despojó de sus derechos. Ahora “afrontan un futuro sombrío, privadas de educación y de la posibilidad de participar en la vida pública”, denunció.
Violaciones de los derechos humanos
Tras la salida de Estados Unidos y sus aliados, los talibanes tomaron Kabul en agosto de 2021. Una vez en el poder, y a pesar de las promesas que hicieron a la comunidad internacional, Amnistía recopiló casos generalizados de violaciones contra los Derechos Humanos de la población.
“Cientos de personas civiles han sido detenidas arbitrariamente”, denunció en su informe Amnistía, en el que recoge el caso de ‘Sahiba’ -nombre ficticio-, una manifestante golpeada y torturada por los talibanes.
“No hubo tribunal, no hubo cargos y no hubo garantías procesales; nos secuestraron en las calles, nos tuvieron en una cárcel varios días sin acceso a nuestra familia, o a un abogado. Algunas mujeres con las que compartí celda nunca volvieron y no sabemos qué les ha pasado”, relató.
Por su parte, Torab Kakar denunció ante la ONG cómo los talibanes se saltaron la promesa de otorgar “amnistía total” a quienes formaron parte de las fuerzas de seguridad del anterior gobierno, relatando el caso de su amigo Jalal, a quien golpearon maniatado y con los ojos vendados.
“Tras ser apaleado y cuando su familia lo buscó, el jefe local de los servicios de Inteligencia les amenazó y advirtió de que dejaran de buscar”, cuenta Kakar. El caso de Jalal es uno más de los “cientos” de represalias y asesinatos extrajudiciales que se han registrado para castigar a quienes hicieron parte del anterior régimen.
“Ha habido cientos de homicidios extrajudiciales y se han encontrado cuerpos con heridas de bala o señales de tortura. Decenas de personas han desaparecido y siguen en paradero desconocido debido a su trabajo con el gobierno anterior o por presuntamente participar en la resistencia contra los talibán”, señala Amnistía.
Ataques a las minorías y a las mujeres
La ristra de crímenes perpetrados por los talibanes es amplia y variada. A las torturas, arrestos indiscriminados y asesinatos extrajudiciales, se suman las persecuciones a la minorías étnicas religiosas, así como a los desplazamientos forzados a los que son obligados y al expolio de sus tierras.
“Han llegado denuncias sobre afganos no pastunes desalojados forzosamente de sus casas y tierras para que los talibán pudieran premiar a sus seguidores”, cuenta Amnistía. Los principales afectados por estas políticas de persecución son los pueblos hazara, turcomano y el uzbeko. Un año después de la toma de Kabul, la ONU calcula en más de 820.000 el aumento de los desplazados internos.
El caso de las mujeres y niñas es especialmente sangrante. Desde que tomaron el poder, han sido sometidas a “una violencia creciente y constante”, según destacaron. Decenas han sido detenidas y torturadas por participar en protestas pacíficas para exigir sus derechos, tras dos décadas de lentos, pero significativos avances.
“Los talibán han restringido el derecho a la educación de mujeres y niñas, oscureciendo el futuro de millones de ellas. Cuando, el 17 de septiembre de 2021, reabrieron las escuelas de secundaria, los talibán prohibieron la asistencia de las que cursaban grados superiores alegando que era temporal mientras contrataban más maestras. Hasta la fecha, no se ha implementado ninguno de estos planes”, denunciaron.
Violaciones a la libertad de expresión
El informe de Amnistía también detalla el uso excesivo de la fuerza, incluyendo la utilización de fuego real, que ejercen las fuerzas de seguridad de los talibán para contener las protestas pacíficas.
“Vi a un hombre tirado sobre un charco de sangre en una zanja en la calle; creo que lo habían matado [...] Yo tenía la mano rota, pero no fui al hospital por miedo a que me detuvieran por participar en las protestas”, contó a Amnistía una persona que acudió a una protesta en la provincia de Heart.
No solo la libertad de reunión y manifestación está en entredicho en el Afganistán de los talibanes, puesto que la represión también va dirigida hacia los medios de comunicación y su independencia.
Una muestra de ello, es la orden emitida el 19 de septiembre de 2021 por el Centro Gubernamental de Medios de Comunicación e Información (GMIC) con la que se prohibía a los periodistas publicar historias “contrarias al Islam” o bien aquella que pudieran insultar de alguna manera a “figuras nacionales”.
En el último año, más de 80 periodistas fueron detenidos y torturados por informar sobre protestas pacíficas, denunció Amnistía. Uno de ellos relató para la ONG que fue azotado y golpeado de tal manera en las piernas que fue incapaz de ponerse de pie durante días.
Por todo ello, Amnistía no solo pide a los talibán que cesen de inmediato las “flagrantes” violaciones contra las libertades fundamentales, sino que también demanda a la comunidad internacional que tome medidas “significativas” para impedir que la crisis de Derechos Humanos de Afganistán siga empeorando.
