Italia se prepara para un importante referéndum este domingo y lunes que podría transformar el acceso a la ciudadanía para más de un millón y medio de personas. La consulta propone reducir de diez a cinco años el tiempo mínimo de residencia legal e ininterrumpida requerido para solicitar la ciudadanía italiana, en un intento por modernizar una legislación considerada obsoleta por muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, la viabilidad del cambio depende de un desafío no menor: alcanzar al menos el 50% más uno de los votantes inscriptos, un umbral históricamente difícil de lograr en Italia.
La iniciativa parte de una propuesta del secretario de Más Europa, Riccardo Magi, dirigente de una formación de centroizquierda con orientación europeísta. Aunque el referéndum no implica una reforma completa de la Ley 91 de 1992 –que regula actualmente la nacionalidad– sí representa un primer paso hacia una legislación más inclusiva. Los demás criterios para obtener la ciudadanía (como el nivel de ingresos, el conocimiento del idioma, la regularidad de la residencia y la ausencia de antecedentes penales) no se modificarían.
La normativa vigente se basa en el principio de ius sanguinis, es decir, la ciudadanía se transmite principalmente por descendencia. Este enfoque, que tuvo sentido en los años noventa para proteger los derechos de los millones de emigrantes italianos y sus descendientes, hoy contrasta con una realidad completamente distinta. Italia se ha convertido en un país de acogida, donde millones de personas nacidas o criadas en su territorio viven integradas pero sin acceso a la ciudadanía, lo que limita sus derechos y oportunidades.
Distorsiones
Una de las distorsiones más señaladas de la actual legislación afecta a los menores: los hijos de inmigrantes nacidos en Italia sólo pueden solicitar la ciudadanía entre los 18 y los 19 años, siempre que hayan residido de forma continua en el país. En la práctica, numerosos obstáculos burocráticos impiden que muchos jóvenes completen el proceso a tiempo. Se estima que hay cerca de un millón de niños y adolescentes hijos de extranjeros en edad escolar, de los cuales el 70% ha nacido en territorio italiano.
El cambio propuesto igualaría la legislación italiana con la de varios países europeos como Alemania, Francia, Portugal, los Países Bajos o el Reino Unido, donde la ciudadanía puede solicitarse tras períodos de residencia más breves. Además, podría facilitar automáticamente la nacionalización de menores que vivan con padres adoptivos o naturales que ya tengan la ciudadanía.
Durante la semana pasada, Roma fue escenario de un acto en apoyo al “sí”, donde diversas personalidades contaron sus experiencias como “italianos sin papeles”. Uno de ellos fue Maurizio Bousso, actor conocido por su papel en la película Tolo Tolo, quien, a pesar de haber nacido en Italia, enfrentó años de trámites hasta lograr la nacionalidad. La cantautora Usiku, por su parte, relató que sólo pudo obtenerla gracias a su madre italiana, mientras que su padre, residente en Italia desde hace décadas, sigue sin ser ciudadano.
También habló Amin Abu Islaih, estratega digital, quien destacó los privilegios que le otorgó haber nacido con ciudadanía gracias a su padre. “No he hecho nada para merecerlo”, subrayó, en contraste con muchos de sus amigos que aún no gozan de los mismos derechos.
Férrea oposición
A pesar del impulso de sectores progresistas y sociales, el referéndum enfrenta la férrea oposición del gobierno actual, compuesto por partidos de derecha como Hermanos de Italia, La Liga y Forza Italia. Estas formaciones llamaron de manera abierta al abstencionismo, sabiendo que la participación por debajo del 50% invalidará el resultado. La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció que no recogerá las papeletas en señal de rechazo, mientras que el presidente del Senado, Ignazio La Russa, dijo que haría “propaganda” para que la ciudadanía no acuda a votar.
Esta estrategia ha generado una fuerte polémica, pues se percibe como un intento institucional de boicotear una votación democrática. Las últimas encuestas reflejan una participación estimada entre el 35% y el 40%, insuficiente para que el resultado sea vinculante, incluso si ganara el “Sí”.
