La Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, integrada por cinco de los 11 ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), aceptó la acusación de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro y cómplices.
El proceso histórico contra el exmandatario se inició el lunes último en una sesión trascendental; con el dictamen de la víspera, la justicia brasileña marca un antes y un después en el panorama político del gigante sudamericano.
En el primer día del juicio, la Corte evaluó si el expresidente Bolsonaro y otros siete implicados en el intento de golpe de Estado perpetrado el 8 de enero de 2023 por unos 1.400 simpatizantes del líder derechista, quienes asaltaron violentamente el Congreso y la Corte Suprema de Brasil, deberían ser sometidos a la Justicia.
Organización criminal
Según la denuncia de la fiscalía, Bolsonaro “lideró” una organización criminal para realizar actos lesivos al orden democrático. El grupo habría operado entre julio de 2021 y enero de 2023, integrado por militares y otros implicados en la estructura del Estado.
“La organización siguió todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimamente electo”, afirma la denuncia.
Además, se menciona que Bolsonaro estaba al tanto del plan denominado “Puñal Verde Amarillo”, que incluía acciones para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes.
La fiscalía, a cargo del fiscal general Paulo Gonet, asegura que el militar retirado que llegó a ocupar el despacho principal del Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo Federal de Brasil, conocía el proyecto de decreto para ejecutar un golpe de Estado en el país, que trascendió como el “borrador golpista” durante la investigación de los hechos.
Ayer, la Primera Sala del STF imputó penalmente a Bolsonaro y sus aliados, habilitando el proceso judicial que concluirá en condena o absolución para aquellos que estarán sentados en el banquillo de los acusados.
El proceso iniciado esta semana se desarrolla bajo un protocolo riguroso.
La sesión del lunes comenzó con la apertura del juez Cristiano Zanin, quien preside la Corte. Posteriormente, el magistrado Alexandre de Moraes, conocido por su firmeza en temas de derechos constitucionales, presentó el informe sobre la denuncia, resumiendo las acusaciones y las declaraciones de la defensa. A continuación, el fiscal general expuso su alegato, solicitando que los acusados fueran imputados penalmente. En respuesta, los abogados de los ocho acusados tuvieron la oportunidad de defender a sus clientes.
Punto crítico
Uno de los puntos más críticos de este proceso es la acusación de que Bolsonaro fue consciente del llamado “borrador golpista”, un proyecto de decreto que pretendía anular los resultados de las elecciones de 2022 y dar un golpe de Estado en Brasil. La fiscalía presentó pruebas que sugieren que el exmandatario estuvo involucrado en las discusiones sobre este plan.
Habilitado el proceso judicial, Bolsonaro y sus aliados podrían enfrentarse a penas de cárcel por los delitos de organización criminal, atentado contra el orden democrático e incluso tentativa de asesinato.
Lo que finalmente determine el Supremo Tribunal Federal no solo definirá el futuro de Bolsonaro, sino que también enviará un mensaje claro sobre el compromiso de Brasil con su democracia.
En las próximas semanas, el máximo tribunal de Justicia brasileño deberá analizar las acusaciones contra otros 26 imputados que forman parte de una red más amplia que, según la denuncia, también intentó socavar el orden constitucional en el país.
El juicio al exmandatario derechista marcará un capítulo decisivo en la historia reciente de Brasil, donde el respeto por la democracia y el Estado de Derecho estará en juego.
