La historia de Chile ya tiene un presidente que afrontó una situación de juicio político: Sebastián Piñera. El proceso fue rechazado en la Cámara Alta y el mandatario podrá concluir su mandato, pero el acontecimiento sacudió la política y la pregunta es de qué modo impactará en la elección del domingo.
Por primera vez, la Cámara de Diputados aprobó enviar al Senado una acusación constitucional. Las bancadas de izquierda y centroizquierda promovieron la destitución en una sesión maratónica, en la que un diputado socialista realizó una proeza retórica para alcanzar los votos que necesitaban.
Era necesario estirar el debate lo suficiente para dar tiempo a que el diputado Giorgio Jackson cumpliera la cuarentena y viajara desde Santiago a Valparaíso, donde funciona el Congreso. Por eso Jaime Naranjo dio un discurso de 15 horas logrando que, al realizarse la votación, los promotores de la destitución contaran con ese voto indispensable.
Aunque hubiese una motivación electoral (el cálculo de que la acción contra Piñera restaría votos a la centroderecha y los llevaría a la centroizquierda), el caso por el que se acusó a Piñera es grave. Durante su anterior mandato presidencial, su investidura pudo haber favorecer la concreción de la venta de un emprendimiento minero que realizaron sus hijos.
El presidente sostuvo que ya había respondido ante la Justicia por ese caso, resultando absuelto; lo cual es cierto, pero no es totalmente cierto.
Sucede que en aquellas citaciones judiciales durante el primer mandato, había un dato aún desconocido. Las revelaciones del Pandora Papers dejaron a la vista un contrato firmado en las Islas Vírgenes Británicas en la que aparecía una cláusula comprometedora: el tercer pago de aquella venta se concretaría sólo si el lugar donde se encuentra el emprendimiento minero no era declarado zona de protección del medio ambiente, un condicionamiento apuntado a quién estaba en situación de influir para que la situación requerida ocurra. Y quien estaba en esa situación era el presidente.
Pero más allá del turbio contrato revelado por Pandora Papers, los legisladores que elevaron al Senado la acusación constitucional sabían que en la cámara alta era imposible alcanzar los dos tercios para destituir al presidente, porque para eso necesitarían que voten con la oposición cinco senadores oficialistas, lo cual resultaba a todas luces imposible.
Es posible pensar que los acusadores del presidente avanzaron aún sabiendo que no lograrían su objetivo, por dos razones: el caso lo ameritaba y la acusación, en sí misma, impactaría sobre la de por sí magullada imagen de Piñera, lo cual podría restar votos a la centroderecha.
El domingo se sabrá si el nuevo traspié del presidente dirigirá votos hacia la centroizquierda o hacia la extrema derecha. Y es posible que ocurra lo segundo.
Sucede que las encuestas han venido mostrando una caída del candidato del espacio de centroderecha que lidera el presidente, a favor del candidato del ultraconservador Partido Republicano. El candidato oficialista es el moderado Sebastián Sichel, pero el candidato que creció en los sondeos es José Antonio Kast, un discípulo dilecto de Jaime Guzmán, la neurona civil de la dictadura militar y el autor intelectual de la Constitución de Augusto Pinochet.
Siguiendo una tendencia visible en este tiempo de exacerbación política, los votos que abandonan el centro pueden dirigirse a los extremos. Y en Chile, como en la elección brasileña que convirtió en presidente a Jair Bolsonaro, el extremo que ha cobrado gravitación es el de la derecha. De hecho, Kast es un ferviente admirador de Bolsonaro que ha reivindicado públicamente a Pinochet durante su campaña electoral.
El domingo se sabrá si la oscura cláusula contractual que reveló el Pandora Papers lleva los votos que sacará de la centroderecha, no hacia Gabriel Boric, un candidato de centroizquierda aunque su coalición incluya fuerzas más ideológicas, como el Partido Comunista, sino hacia el candidato que tiene un programa de gobierno que también es oscuro, por su carácter ultraconservador.
