Este miércoles, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reunido en Ginebra (Suiza) advirtió que las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua se profundizaron desde las masivas manifestaciones sociales del 2018 . El gobierno de Daniel Ortega se negó a enviar delegados para dar explicaciones.
La reunión analizó el “IV informe periódico sobre Nicaragua y su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. En él se discutieron 29 temas, entre ellos la situación de los opositores presos, restricciones a la libertad de movilización, censura de prensa, irregularidades en las elecciones y falta de independencia judicial.
“Resulta claro que, a la luz de la información recibida, la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando de manera muy grave’', dijo la presidenta del comité, Photini Pazartzis.
“Lamento que el Estado de Nicaragua haya optado por no entablar un diálogo constructivo con los miembros (del comité) en esta instancia de la ONU”, agregó en referencia a la negativa de Daniel Ortega de mandar representantes.
El organismo informó que suspendió la sesión del jueves donde los delegados de Nicaragua debían dar explicaciones.
Las violaciones de derechos humanos
El informe señala el maltrato hacia los presos políticos, que según cifras difundidas por la oposición y otras ONGs, suman más de 200 personas.
Muchos de los detenidos “han sido sentenciados en juicios a puertas cerradas, algunos en los mismos centros de detención y sin permitir entrevistas previas con sus abogados’', comentó ,el español Carlos Gómez, relator del Comité.
Además agregó que los jueces y fiscales son nombrados “por asuntos de filiación política’' y no por capacidad profesional.
Por su parte, la egipcia Wafaa Ashraf Bassim, señaló que “preocupa’' la situación en las cárceles de Nicaragua y que el gobierno “no ha respondido a preguntas sobre las condiciones de detención’', como hacinamiento, deficiente saneamiento y alimentación, y falta de acceso a la atención médica.
El Comité señaló el caso del líder opositor Hugo Torres, quien murió en febrero de este año por falta de atención médica. “Fue transferido a un hospital de forma tardía” desde la cárcel policial de El Chipote, señaló Bassim.
También se dio a conocer la existencia de restricciones hacia los familiares para visitar a los detenidos. Y el “excesivo’' tiempo de prisión preventiva, unos 90 días antes de comenzar los juicios a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores, advirtió la vocera.
Falta de libertad de expresión
El Gobierno ha forzado a más de 150 periodistas nicaragüenses al exilio y confiscado tres medios de comunicación desde 2018. a esto se suma la clausura de más 23 entre emisoras de radio criticas al régimen.
“Uno de los medios confiscados es el diario La Prensa, cuyo gerente Hugo Hollman fue sentenciado a 9 años de prisión. Otros seis periodistas han sido condenados hasta con 13 años de cárcel, entre ellos Miguel Mora, dueño del también confiscado canal 100% Noticias, quien había estado preso en 2018-2019 por primera vez junto a su jefa de prensa Lucía Pineda”, comentó Gómez.
El relator destacó que Ortega prohibió desde septiembre de 2018 todas las manifestaciones públicas opositoras, así como las concentraciones de partidos políticos que no participen en elecciones.
Por su parte, el portugués José Santos Pais indicó que en 2021 fueron condenados 11 mujeres y 39 hombres “por querer participar en política, entre ellos siete aspirantes a la presidencia’' en las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega se reeligió por tercera vez para un cuarto mandato consecutivo.
Resaltó que en Nicaragua “todos los poderes se han concentrado en el Ejecutivo’' y que en mayo de 2021 una reforma a la Ley Electoral “favoreció la hegemonía del partido de gobierno’', el izquierdista Frente Sandinista.
A la sesión del Comité asistieron delegados de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, que presentaron diez informes en los que denunciaron violación de derechos humanos.
“Una vez más el Estado de Nicaragua falla en sus obligaciones internacionales, pues no compareció ante el comité y no respondió a la lista de preguntas del grupo de expertos’', señaló Wendy Flores, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Olga Valle, directora de la red social Urnas Abiertas, instó por su parte al gobierno al “cese inmediato de la represión, la libertad plena de las personas presas políticas, el nombramiento de nuevas autoridades electorales y la devolución de la personería jurídica de los partidos arbitrariamente cancelados’'.
El gobierno nicaragüense no ha informado sobre los motivos de su ausencia, pero Daniel Ortega ha manifestado en varias oportunidades que no se doblegara antes ningún organismo internacional .
Manifestaciones sociales del 2018
Las protestas comenzaron después el 18 de abril del 2018, tras el anuncio de una reforma de Seguridad Social impuesta por decreto por el presidente Ortega, que aumentaba las contribuciones de trabajadores y empresarios e imponía una retención del 5% a los jubilados.
Grupo de jubilados, trabajadores, empresarios y universitarios salieron a protestar contra el paquete reformista, varios de ellos fueron agredidos por miembros de la Juventud Sandinista, simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación (FSNL) y grupos paramilitares a fines al Gobierno que se movilizaban en moto o reprimidos por las fuerzas de seguridad.
Aunque el 22 de abril el presidente Daniel Ortega revocó las reformas al Seguro Social que originaron las protestas, estas continuaron y se extendieron por todo el país. en su transcurso se dieron acciones violentas que provocaron más de 400 muertos y miles de detenidos.
La represión contra civiles fue condenada por la ACDH de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y otras ONGs .
Por su parte, el gobierno de Nicaragua, acusó a los manifestantes de ser apoyados por EE.UU.
A finales de 2018 se logró una cierta estabilización de la crisis abierta por estas acciones y en noviembre de 2021. Luego de la detención de casi todos candidatos opositores por “traición a la Patria y conspiración”, las elecciones presidenciales dieron de nuevo el triunfo a Daniel Ortega, desde la oposición y diferentes organizaciones civiles denunciaron se hubo fraude.
