La libertad de prensa, ese pilar de la democracia, que se ve asediada y puesta en peligro con cada intento de coartar su ejercicio, ha recibido otro golpe, ahora desde el mismísimo corazón del poder de Estados Unidos.
La reciente restricción impuesta por la administración de Donald Trump a la agencia de noticias The Associated Press (AP) para cubrir eventos en la Casa Blanca es, sin dudas, un acto que no sólo debe preocupar a los periodistas, sino a toda la sociedad, al margen de fronteras ideológicas o nacionales.
El desencadenante de este escarceo: el nombre del Golfo de México. Un asunto aparentemente trivial se convierte en la excusa para un acto de intimidación periodística. La Casa Blanca, a través de una orden ejecutiva firmada en enero, impuso el cambio de nombre de esa emblemática bahía a “Golfo de América”, una nomenclatura que fue rechazada por AP al continuar utilizando la denominación tradicional. Y es aquí donde el Gobierno estadounidense decide responder de manera autoritaria, con la exclusión de periodistas de la agencia en dos eventos presidenciales en la Casa Blanca.
Este acto de censura encubierta es mucho más que una simple disputa sobre nomenclaturas geográficas. Es un claro intento de intervención en la labor editorial de un medio independiente. Lo que está en juego es el derecho a informar, sin presiones ni imposiciones que vengan de instancias oficiales.
La advertencia de la Casa Blanca, que deja claro que AP sólo podrá ingresar a cubrir si “alinea sus estándares editoriales” con la nueva orden ejecutiva, no sólo es un atropello a la libertad de prensa, sino una violación directa de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Primer paso de un proceso peligroso
José Roberto Dutriz, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), alzó su voz contra esta restricción alertando sobre la inquietante intención de imponer una narrativa oficial sobre los hechos de interés público, con la amenaza de represalias para quienes no se ajusten a ese guion.
Para la SIP, la advertencia a AP es sólo el primer paso de un proceso peligroso, que abre la puerta a la censura y a la manipulación de la información. Es alarmante que un gobierno, en un país que se precia de ser la cuna de la libertad, recurra a estos métodos.
Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente de la SIP y presidente de su Comisión de Libertad de Prensa, calificó el hecho de referencia como una “interferencia inaceptable”. El también director de La Voz señaló que el intento de moldear la línea editorial de un medio de comunicación pone en evidencia las intenciones de controlar no sólo los hechos, sino también su interpretación.
Para la SIP, este tipo de decisiones no hace más que contribuir al desprestigio de la democracia, pues, si la prensa se somete al poder, el ejercicio democrático pierde uno de sus más fundamentales contrapesos.
La organización regional de editores considera vital entender que la censura, en cualquiera de sus formas, es una amenaza constante y creciente en el siglo 21. Plantea que, más allá de los confines de los Estados Unidos, este tipo de maniobras deben encender las alarmas en todo el continente, puesto que, si se permite que una agencia informativa sea rechazada por mantener una posición editorial independiente, el siguiente paso podría ser la restricción de la libertad de expresión en otros escenarios y países.
La libertad de prensa no se negocia
La SIP, como bien señala en el comunicado publicado en su página oficial (Sociedad Interamericana de Prensa), es tajante en su denuncia: la libertad de prensa no debe ser negociada. Y es que, si el periodismo se ve obligado a alinearse con los intereses del poder político, perderá su esencia. El periodismo –razona la entidad– tiene la responsabilidad de cuestionar, de reflejar la pluralidad de voces y de no ceder ante presiones que atenten contra la verdad y la transparencia.
Para la SIP, este es el momento para recordar, no sólo en Estados Unidos, sino en todo el continente, que la libertad de prensa no debe ser puesta a prueba por intereses políticos o estratégicos, sino que debe ser defendida a ultranza, “como un derecho esencial para el bienestar de la democracia y de la justicia social”.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
