Tras la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina, el debate sobre el aborto legal cobró un nuevo impulso en América Latina, donde países como Chile y México volvieron a abogar por su tratamiento legislativo, mientras que en Colombia un fallo de la Justicia podría despenalizarlo en los próximos meses.
Una de las primeras repercusiones de la marea verde argentina se dio en Chile, donde reavivó la discusión pública sobre la IVE y sacó del letargo un proyecto legislativo para su despenalización en plena campaña para el proceso constituyente.
La Comisión de Mujeres de la Cámara Baja inició el miércoles pasado el tratamiento de la iniciativa, que se limita a descriminalizar el aborto hasta la semana 14, ya que, según la Constitución chilena, sólo el presidente puede presentar proyectos que involucren gasto público, algo que implicaría su legalización.
“La despenalización ha sido la vía para mantener activo el debate y, sobre todo, de cara al proceso constituyente. Es una de las grandes virtudes de volver a discutirlo ahora”, explicó la feminista y candidata a la Convención Constituyente por el izquierdista Convergencia Social, Antonia Orellana.
La carta magna chilena, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es de hecho el principal obstáculo para el aborto legal en el país porque protege “la vida del que está por nacer”.
Por ello, si la despenalización lograse ser aprobada en el Congreso, podría ser impugnada incluso antes de su promulgación por el Tribunal Constitucional (TC), que en el pasado rechazó otros proyectos que pretendían legalizar el aborto en Chile, donde la IVE está autorizada sólo por tres causales: el riesgo de vida de la madre, la inviabilidad del feto o la violación.
“Ya sólo la posibilidad de que en el siguiente período legislativo, sin esta Constitución, podamos dar una discusión que no tenga este TC, estos quórum súper mayoritarios ni la iniciativa exclusiva del presidente, con eso ya tenemos una mucho mejor cancha para poder disputar el aborto legal, gratuito y seguro”, opinó Orellana.
La realidad de México
También en México, donde en junio se renovarán gobernadores y la totalidad de la Cámara de Diputados, la legalización del aborto en Argentina reinstaló el tema en la agenda pública.
El presidente, Andrés López Obrador, apeló a la “democracia participativa” e instó a lanzar una consulta popular, ya que -a su juicio- “es un asunto de las mujeres” y no se debe tomar una decisión desde las estructuras del poder.
Estas declaraciones generaron controversia dentro del movimiento feminista mejicano, donde prima la idea de que los derechos no se consultan, y en el propio partido oficialista, donde un grupo de diputadas emitió un comunicado para exigir el tratamiento legislativo de la IVE y cumplir con la “responsabilidad histórica” para garantizarla.
En la actualidad, el aborto es legal hasta las 12 semanas sólo en la Ciudad de México y en el estado sureño de Oaxaca, aunque existen varias iniciativas en el Congreso para ampliarlo al resto del país.
Una de ellas, suscrita por 140 legisladoras, tanto oficialistas como opositoras, está a la espera de un dictamen, que podría salir “entre enero y febrero”, según afirmó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara Baja, Wendy Briceño.
“Se antoja difícil, pero es realizable. Ojalá pudiera decir: ‘Ya es el momento de conseguirlo’, porque nosotras estamos listas”, señaló en diálogo Briceño y agregó: “Vamos a hacer la apuesta en esta legislatura, pero ya sea en esta o en la posterior, estoy segura de que se va a conseguir”.
En Colombia, la aprobación de la IVE en Argentina provocó festejos y rechazos entre los congresistas, a la vez que dinamizó el debate en las redes sociales y en los medios, que la calificaron como uno de los asuntos “cruciales” de 2021.
La despenalización del aborto en el país está una vez más en manos de la Corte Constitucional (CC), que ya lo legalizó en 2006 por tres causales: violación, malformación o riesgo de la vida materna.
El tribunal debe pronunciarse sobre cuatro demandas que reclaman la descriminalización, de las cuales destaca la iniciada por el movimiento Causa Justa, integrado por 90 organizaciones y más de 134 activistas, que presentó seis cargos de inconstitucionalidad para eliminar la IVE del Código Penal.
El fallo estaba previsto entre marzo y abril, pero una solicitud de recusación a los magistrados presentada por la abogada Natalia Bernal -referente del sector antiaborto en el país- podría demorarlo, si bien el tribunal rechazó sistemáticamente sus demandas en el pasado.
Mientras, desde Causa Justa reclamaron que las audiencias del debate judicial sean públicas para que la sociedad pueda seguirlo y la CC pueda también “obtener mayores insumos para adoptar una decisión acorde a la Constitución”.
“No hay un argumento de peso, salvo político o ideológico, para que la corte falle en contra. Todos los vientos están soplando a favor de que se despenalice o de que haya una decisión favorable, de avance”, dijo Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la Vida, que forma parte del movimiento.
La discusión sobre la inclusión del aborto como delito en el Código Penal también podría ser tratada este año en Bolivia, donde el Gobierno de Luis Arce prepara una reforma judicial, retrasada de momento por la pandemia del coronavirus.
En Perú, donde habrá comicios generales en abril, la legalización de la IVE en Argentina impactó en el contexto electoral y dos partidos se manifestaron a favor de su despenalización: el izquierdista Juntos por el Perú y el centrista Partido Morado, pero sólo para sumar el causal de violación.
Desde los movimientos feministas, en tanto, se volvió a exigir el tratamiento legislativo del proyecto presentado en 2016, que prevé ampliar la legalización a tres causales en el país, donde el aborto es legal sólo por riesgo de salud de la madre.
Otros países
En Uruguay, Cuba, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico el aborto es legal en las primeras semanas de gestación.
En El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití está prohibido sin excepciones.
Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica tienen algunas de las legislaciones más restrictivas y solo despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de la embarazada corra peligro.
Otros países como Brasil incluyen en sus códigos penales las variables de violación, inviabilidad del feto.
