El Departamento de Justicia de EE.UU. está enviando una clara señal sobre sus prioridades en estos días bajo el nuevo gobierno del presidente Joe Biden: los derechos civiles.
El cambio ocurre luego de cuatro años de torbellino durante la administración de Donald Trump, cuando esas investigaciones se desvanecieron y el Departamento se concentró en reducir la inmigración y en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones.
En pocos días, el organismo encargado de la aplicación de las leyes en el país, inició investigaciones a la policía en Louisville, Kentucky. Los fiscales federales presentaron cargos contra cuatro expolicías de Minneapolis por violaciones de los derechos civiles por la muerte de George Floyd y acusaron a tres hombres de delitos de odio por la muerte de Ahmaud Arbery en Georgia. En ambas causas criminales, las autoridades procedieron con los cargos federales antes de que la mayoría de los acusados fueran enjuiciados a nivel estatal.
El secretario de Justicia Merrick Garland está cumpliendo una promesa hecha durante su audiencia de confirmación en el Senado de orientar el accionar de la Justicia los derechos civiles.
Hacer lo que no se hizo
“Lo que no conseguimos que hicieran en los casos de Eric Garner, Michael Brown, en Ferguson y varios más, finalmente los vemos hacerlo’', dijo el reverendo Al Sharpton, activista de derechos civiles, el viernes último tras anunciarse los cargos por la muerte de Floyd.
El expolicía de Minneapolis Derek Chauvin ya fue declarado culpable de tres cargos de homicidio en un tribunal estatal y será condenado el 25 de junio. La causa federal podría actuar como una garantía contra una apelación estatal exitosa o una sentencia indulgente.
Por separado, funcionarios federales acusaron a Chauvin en un caso de 2017, cuando él arrestó a un adolescente de 14 años. Chauvin golpeó al muchacho y lo sujetó contra el suelo, poniéndole una rodilla en el cuello y en la espalda.
El abogado de Chauvin, Eric Nelson, presentó un pedido de un nuevo juicio en el caso de la muerte de Floyd, argumentando una serie de razones, incluso una publicidad “tan ubicua y prejuiciosa que equivalió a un defecto estructural en el proceso’', argumentó el letrado.
Dijo además que el juez Peter Cahill abusó de su criterio al negar pedidos iniciales de trasladar el juicio. Cahill no ha dicho cuándo fallará sobre el pedido de Nelson de un nuevo juicio.
Nelson no ha comentado sobre los cargos federales.
Los otros tres policías que enfrentan cargos de derechos civiles, Thomas Lane, J. Kueng y Tou Thao, no han sido enjuiciados aún a nivel estatal por cargos de contribuir en el homicidio de Floyd.
Usualmente, los fiscales federales esperan para presentar cargos hasta que las investigaciones locales concluyan, pero cuando los presentan antes, es considerado una protección contra las dificultades de enjuiciar localmente a efectivos de seguridad.
De acuerdo con una persona familiarizada con la investigación, eso sucedió durante la causa contra el expolicía Michael Slager en Carolina del Sur. En 2015, Slager mató a tiros a Walter Scott, un hombre negro desarmado que huía de una parada de ómnibus.
Los fiscales federales temían no poder lograr un fallo de culpabilidad, dijo la fuente, por lo que fiscales federales presentaron cargos, logrando finalmente un acuerdo para resolver las causas estatal y federal. Slager fue sentenciado a 20 años en una prisión federal.
La persona habló a condición de preservar su identidad no estar autorizada a hacerlo de manera pública.
Recurso inusual
El cargo federal tiene un alcance limitado y raramente es usado. De acuerdo con la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una entidad de compilación, estudio y distribución de datos en la Universidad de Syracuse, Nueva York, los fiscales federales lo han usado un promedio de 41 veces al año entre el 1990 y 2019.
En los ’60, las autoridades federales enjuiciaron a ocho hombres involucrados en desapariciones y asesinatos de los trabajadores de derechos civiles Andrew Goodman, James Chaney y Michael Schwerner en el condado de Neshoba, en Mississippi, luego de que las autoridades locales dijeran que no tenían evidencia suficiente para enjuiciar a nadie.
Otra herramienta. La Justicia de Biden también revivió las llamadas “investigaciones de prácticas’', que casi no se usaron en la gestión Trump. No fueron prohibidas, pero William Barr, su secretario de Justicia, insinuó que se usaron de manera excesiva.
*Agencia AP
