Luis Inácio “Lula” da Silva asume, de manera oficial, otro desafío colosal en su vida pública: consolidar los consensos políticos alcanzados hasta ahora y lograr el respaldo popular necesario para convertirse en jefe de Estado de la República Federativa de Brasil por tercera vez.
Este sábado por la tarde, en San Pablo, el exobrero metalúrgico y dirigente gremial lanzará su precandidatura a presidente con el propósito de competir en las elecciones generales previstas para octubre próximo.
En esta oportunidad, Geraldo Alckmin, exgobernador del Estado de San Pablo, compartirá la fórmula presidencial con el fundador y máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT). Este médico de profesión y copartícipe en la creación del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), compitió contra su ahora aliado político en el crucial balotaje de 2006 en el que Da Silva logró su reelección con casi el 60 por ciento de los votos emitidos.
Ese antecedente hizo ruido en la dirección general del PT a la hora de discutir en la mesa de conducción la jugada pergeñada por Lula de incluir en su proyecto al exadversario; lo hizo convencido de que la suerte del gigante sudamericano dependerá en gran medida de cómo se resuelva en las urnas, dentro de cinco meses, la puja entre “democracia y autoritarismo”.
Finalmente, el cuerpo colegiado aprobó la propuesta por 68 votos a favor y 16 en contra. La siguiente movida del hijo dilecto de Pernambuco fue invitar al espacio a comunistas, “verdes” y al Partido Socialista y Libertad (PSOL), entre otros.
Los socios circunstanciales manifestaron su apoyo, en general, con la única condición de sacar la campaña a la calle de inmediato para convencer a los electores de cada rincón del país de que lo que está en disputa en Brasil es el modelo democrático (que postula a Lula al Palacio de Planalto) y “el del fascismo que gobierna el país” con la mano dura del actual presidente Jair Messias Bolsonaro, tal como interpretó el viernes en un mitin el diputado federal petista José Guimaraes.
Confianza
En cada entrevista que le realizan y en cada acto político que encabeza, Lula asegura sentirse ahora tan optimista como cuando fue elegido presidente por primera vez en 2002. Como entonces, promete “colocar al pobre en los presupuestos oficiales” y defender la soberanía energética, a la vez que critica con dureza el proceso de privatización de Eletrobras, principal responsable de la generación y la distribución de la energía eléctrica brasileña al que Bolsonaro quiere entregar al capital privado, a instancia de su poderoso ministro de Economía, Paulo Guedes. También se opone a la venta de las subsidiarias de Petrobras, la compañía petrolera semipública de propiedad mayoritariamente estatal y con participación extranjera privada, fundada en 1953.
Da Silva y Alckmin coinciden, entre otras cosas, en la necesidad “de construir una nueva herramienta, innovando y renovando la forma de hacer política, apostando a la unidad y a la convergencia en torno a ideales y altos compromisos” con Brasil.
Prometen –en caso de triunfar en las próximas elecciones– revisar la legislación laboral bajo compromiso de sostener los derechos adquiridos de los trabajadores.
“Fui dirigente sindical y luché siempre contra una reforma laboral que destruyera los derechos conquistados. Nadie quiere recuperar el pasado, pero queremos construir una relación laboral moderna que respete los derechos de los trabajadores”, destacó Lula en una entrevista al diario El País, de España, a fines de 2021. En esa oportunidad, manifestó su deseo “de volver” a competir electoralmente para “recuperar el prestigio de Brasil y que el pueblo coma tres veces por día”.
Libre y con ganas
Hasta ese momento, Lula había mantenido en reserva sus aspiraciones políticas tras recuperar la libertad en noviembre de 2019, luego de permanecer 19 meses en prisión.
Cabe recordar que el dos veces presidente de Brasil fue condenado en julio de 2017 a nueve años de cárcel por el juez Sérgio Moro, quien lo declaró culpable de varios delitos en la magacausa conocida como “Lava Jato”, que destapó una trama de corrupción dentro de Petrobras y varias constructoras privadas, entre ellas Odebrecht.
El castigo supuso además la inhabilitación como candidato presidencial cuando era favorito en las encuestas para las generales del 7 de octubre de 2018, en las que finalmente se consagró Jair Bolsonaro.
El exmilitar brasileño asumió la presidencia el 1° de enero de 2019 y sorprendió a propios y extraños al designar como su ministro de Justicia a Sérgio Moro, el mismo magistrado que había condenado a Lula y filtrado a la prensa las escuchas telefónicas al expresidente y a sus familiares directos, y también, la orden de detención que había librado contra él para interrogarlo, antes de comunicársela al imputado.
En 2021, el Tribunal Supremo de Brasil anuló la sentencia contra Da Silva debido a la falta de competencia del tribunal de Curitiba que llevó el proceso, así como la parcialidad en la que incurrió Moro, quien dirigió incluso la actuación de los fiscales durante la resonante causa penal.
Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ratificó el 28 de abril último que Luiz Inácio da Silva no contó con las garantías legales durante los procesos penales que se le siguieron por presunta corrupción, los que finalmente fueron cancelados por parcialidad manifiesta.
De acuerdo a la comisión de referencia, se violaron las libertades del exmandatario a ser juzgado por un tribunal imparcial, así como su privacidad y sus derechos políticos, recuperados recientemente, después de que las sentencias fueran anuladas.
Con el camino electoral y político desminado –y si las profecías de los falsos gurúes y analistas políticos se confirman–, en octubre próximo, Lula tendrá la chance de medir fuerzas contra Bolsonaro. Sueña con disputar el duelo que se le negó cuatro años atrás cuando Moro y parte de la Justicia brasileña metieron la cola y consumaron el sueño de regresar al Planalto.
