CARACAS. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el lunes que se dispone a decretar una “emergencia económica” que le otorgaría poderes especiales para enfrentar la crisis que, según él, se avecina en el mundo a consecuencia de la imposición del gobierno de Donald Trump de un arancel base mundial de 10% y tasas arancelarias mayores para decenas de países que tienen superávits comerciales con Estados Unidos.
El decreto de Maduro
El decreto también apuntaría a enfrentar los efectos de las nuevas sanciones estadounidenses impuestas a Venezuela. “Mañana (martes) firmaré el decreto constitucional de emergencia económica para proteger y defender la economía de toda Venezuela”, declaró Maduro en su programa semanal de televisión.
Mediante la declaratoria de emergencia económica, el mandatario comentó que busca asumir “funciones especiales, constitucionales, extraordinarias para avanzar en la defensa de la economía venezolana, en su impulso", y tener instrumentos "para salir airosos frente a todas las circunstancias previsibles”, incluida la incertidumbre económica mundial. No dio otros detalles.
Los mercados globales se desplomaron al día siguiente del anuncio de Trump, y experimentaron una caída aún mayor después que China anunció que tomaría represalias con aranceles semejantes.
“El gobierno de Estados Unidos está metiendo un hachazo y está destruyendo las reglas económicas del mundo, está destruyendo completamente el derecho internacional comercial y económico; está destruyendo la Organización Mundial de Comercio, y los pueblos del sur tenemos que prepararnos y producir, trabajar, observar y reconfigurar nuestras relaciones nacionales, internacionales, nuestro comercio”, declaró Maduro.
“No se puede pretender romper la convivencia mundial, económica y comercial con una guerra de aranceles que no tiene pies ni cabeza y castiga a la humanidad completa”, añadió.
Maduro hizo su anuncio casi dos semanas después que Trump anunciara nuevas sanciones a las exportaciones de petróleo venezolano, entre las que destaca la imposición de aranceles de 25% sobre todas las importaciones de cualquier país que adquiera petróleo o gas a Venezuela. Recientemente, Trump también anunció la imposición de aranceles de 15% al país sudamericano.
En marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos formalizó el fin de la licencia que permitía al gigante energético Chevron Corp. operar en Venezuela. En los últimos años Chevron se convirtió en un salvavidas financiero para el gobierno de Maduro.
La licencia comenzó en noviembre de 2022, durante el gobierno del expresidente Joe Biden, y le permitió a la empresa estadounidense bombear y exportar petróleo venezolano.
Luego de que la economía venezolana experimentó cierta estabilidad entre 2021 y 2023 tras una devastadora hiperinflación, desde octubre pasado acusa un marcado declive, que se espera se acentúe con la imposición de las nuevas sanciones estadounidenses.
En tanto, el tipo de cambio oficial, que se mantuvo artificialmente en aproximadamente 36 bolívares por dólar —en buena medida gracias a las inyecciones de divisas del Banco Central de Venezuela (BCV) y Chevron—, a partir del 24 de octubre pasado casi se duplicó debido al incremento en el gasto público, que se canalizó hacia el mercado cambiario.
El resultado fue una depreciación acelerada del bolívar y el alza del tipo de cambio oficial y el mercado paralelo. La suspensión de la licencia de Chevron tuvo un impacto directo en la oferta de divisas, según dijo a la AP el economista Pedro Palma, director de la firma Ecoanálitica. A la par los precios —que se fijan tomando como referencia su valor en dólares— se han incrementado drásticamente. El BCV no publica cifras de inflación desde octubre de 2024.
El Observatorio Venezolano de Finanzas, un centro de análisis independiente, estima que la inflación acumulada en el primer trimestre del año se ubicó en 36,1 %, mientras que la variación interanual alcanzó el 136%.
Washington comenzó a intensificar las sanciones contra Venezuela tras la primera reelección de Maduro en 2018, en unos comicios en los que varios de los opositores más populares fueron inhabilitados para postularse. Desde entonces, el gobernante ha profundizado su control sobre el poder, y en las elecciones del 28 de julio pasado fue declarado ganador para un tercer mandato de seis años, pese a que sus adversarios presentaron evidencia de que los comicios fueron fraudulentos. El gobierno estadounidense respondió con otra ronda de sanciones contra funcionarios acusados de obstruir los comicios y de cometer violaciones a los derechos humanos.
