En México, las mujeres están muriendo, víctimas de la violencia, a un ritmo aterrador.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Salud (SESNSP) del país azteca acaba de delatar con cifras la situación social estremecedora: entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 2022, la cantidad de asesinatos de mujeres llegó a 3.450 lo que arroja un promedio de 10,3 crímenes por día en ese lapso.
El dato incluye femicidios y homicidios dolosos. La aclaración es válida porque de esa manera clasifican las fiscalías mejicanas los casos en los que intervienen.
Con la información reportada por 32 fiscalías estatales, en el periodo de 11 meses tomado del año pasado, el organismo público contabilizó 858 femicidios.
Junio, con 92 casos, fue el mes con mayor cantidad de actos de violencia extrema contra las mujeres por el hecho de ser tales.
Cabe recordar que la población total mejicana es de unos 126 millones de habitantes, de los cuales 51,2 por ciento son mujeres.
Alejandra Cartajena López sostiene que la violencia de género México puede atribuirse al machismo cultural profundamente arraigado y a la desigualdad sistémica. También, a un sistema deficiente y cargado de vicios estructurales para abordar la problemática en forma adecuada: policías que eluden las denuncias sobre mujeres desaparecidas, investigaciones deficientes por incompetencia o falta de voluntad de fiscales, jueces y funcionarios públicos que suelen revictimizar a las mujeres agredidas.
Atención escasa y deficitaria
“Si bien se han creado mecanismos importantes y áreas especializadas para tomar denuncias, y pese a la vigencia del protocolo Alba, en la práctica la atención que reciben las víctimas es escasa y deficitaria por falta de perfiles idóneos e incapacidad de los funcionarios, en términos generales”, comentó a La Voz esa académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) de la Universidad Jesuítica de Guadalajara.
La reconocida abogada feminista y activista contra la desaparición política explicó que el protocolo Alba “es un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas o no localizadas en México”. El documento tuvo origen en 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua; surgió como respuesta a los femicidios de “Campo Algodonero”, cometidos por dos asesinos seriales que mataron a por lo menos 14 mujeres entre 1993 y 2003, según la Procuraduría General de Justicia de ese estado fronterizo con Estados Unidos.
La tromba de crímenes por cuestiones de género en esa década maldita llevó al Congreso de México a crear una comisión especial para estudiar el femicidio. En 2006, el cuerpo de curules emitió un informe concluyente: “Resulta imposible obtener datos precisos porque la mayoría de los estados ni siquiera proporciona un desglose por sexo de las víctimas”.
Como resultado de ese trabajo legislativo, en 2007 el Parlamento azteca aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El instrumento legal creó las alertas de violencia de género y en 2010 los congresistas añadieron el femicidio a la norma. Esta figura legal es definida como la muerte violenta de una mujer por razones de género.
Justicia, en descomposición
No obstante los esfuerzos, “la violencia de género persiste como una realidad y no hay señales claras de que el fenómeno esté disminuyendo”, advirtió en diciembre el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe dependiente de la Cepal.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional de Feminicidio Ciudadano de México, atribuye la responsabilidad en la agudización del problema “a los errores en las investigaciones que van desde la preservación inadecuada de la escena del crimen hasta la corrupción entre las policías locales y estatales, que en algunos casos se confabulan con los delincuentes”. La funcionaria concluye: “El problema está en una descomposición total del sistema de justicia colapsado”.
Dilcya García, quien dirige la fiscalía para la atención de delitos vinculados con la violencia de género del Estado de México coincide con la apreciación de Estrada. Opina que la problemática es parte de la estructura social. “La violencia contra las mujeres es muy compleja de abordar y sumamente difícil de erradicar” porque “los patrones socioculturales, aquellas conductas aprendidas, van generando y en muchas ocasiones, incluso, demandando la violencia contra las mujeres”, concluye la funcionaria judicial.
Casos emblemáticos de violencia de género
De los casos de femicidios reconocidos el año pasado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Salud de México, tres hechos tuvieron un impacto mediático descomunal.
Debanhi Escobar
Esta joven de 18 años, estudiante de Abogacía, el 8 de abril de 2022 salió de su casa en compañía de dos amigas y nunca más volvió. Al día siguiente, luego de viralizarse en redes sociales una imagen donde se la observa a un lado de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, el caso se convirtió en un suceso mediático.
Tras una intensa búsqueda, el 22 de abril su cuerpo fue hallado en la cisterna de un motel. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Gustavo Guerrero Gutiérrez, informó a la prensa que la joven habría muerto por un golpe en el cráneo al caer al tanque con agua del alojamiento. No obstante, la exhumación del cuerpo y nuevas pericias forenses determinaron que la “asfixia por sofocación” había sido la causa fehaciente de la muerte. En los primeros días de este año, dos trabajadoras del Motel Nueva Castilla fueron imputadas por falso testimonio y encubrimiento.
Luz Raquel Padilla
Esta mujer, de 35 años, era madre de un niño de 11 años con autismo y epilepsia; colaboraba con la organización civil Yo Cuido México. Vivía con su madre y su hijo en un modesto complejo de departamentos de Zapopan, Jalisco; era víctima constante de amenazas por parte de vecinos que atribuía a los golpes frecuentes que daba su hijo contra pisos y paredes y a la agitación que se producía cada vez que el menor sufría una crisis epiléptica.
Un día apareció pintada sobre la pared de ingreso a su vivienda una advertencia terrible: “Te voy a quemar viva”.
En mayo de 2022 le arrojaron cloro sobre el cuerpo. Esas amenazas y otras anteriores fueron puestas en conocimiento de la policía local y de Centros de Justicia para denunciar casos de violencia de género.
El 16 julio fue encontrada, agonizante, en un parque cerca de su domicilio con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. Falleció tres días después. Fuentes cercanas a la investigación dijeron que la joven habría intentado quitarse la vida a lo bonzo mientras otra versión judicial asegura que fue atacada por una pandilla.
Rosa Isela Castro Vázquez
El 30 de noviembre de 2022, Rosa Isela se encontró con una mujer que la había contactado a través de sus redes sociales para ofrecerle ropa para la beba que esperaba. La joven, de 20 años, cursaba un embarazo de 34 semanas.
El 3 de diciembre su cuerpo fue encontrado en la localidad Rancho del Padre, en el municipio Medellín de Bravo, Veracruz. En el lugar fueron aprendidos los presuntos responsables del crimen quienes tenían consigo a la beba. Pruebas de ADN que se practicaron a la criatura confirmaron que era hija de la mujer asesinada.
