Un informe presentado este martes por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) calcula que en Latinoamérica y el Caribe había 22,1 millones de desplazados a mediados del año pasado. El flujo aumenta de manera constante debido a la violencia, la inseguridad, la desigualdad, las violaciones de los derechos humanos y los fuertes ajustes económicos en algunos países de la región, destaca el trabajo.
Los desplazados forzosos pueden contribuir significativamente a las economías donde viven si tienen la oportunidad, revelan, además, dos nuevos estudios elaborados también por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con participación de Acnur, y publicados de manera simultánea.
Los migrantes, en términos generales, cubren importantes lagunas en los mercados laborales locales e impulsan la demanda de bienes y servicios, lo que puede aumentar los ingresos fiscales y elevar el producto interno bruto (PIB) de los países receptores. Sin embargo, a menudo se encuentran en situaciones vulnerables, señaló la agencia de la ONU.
Aunque la mayoría de esta población está en edad de trabajar, tiene un alto nivel educativo y está empleada, con frecuencia están sobrecalificados para sus trabajos y se dedican a actividades informales, lo que limita sus salarios y agrava su capacidad para obtener alimentos.
En este contexto, los documentos se centran en cómo las políticas específicas pueden facilitar el acceso a los mercados laborales formales y a los servicios básicos, como la educación y la salud, para que los refugiados y los migrantes puedan contribuir mejor a sus países de acogida.
Venezolanos, con ventajas
Elaborado por el Banco Mundial y Acnur, Venezolanos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú: una oportunidad de desarrollo señala que “el éxodo venezolano parece haber tenido un efecto positivo en el crecimiento económico de la región, gracias a la oferta adicional de mano de obra y al impulso de la demanda”.
El informe presenta un perfil socioeconómico detallado de los venezolanos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y utiliza datos de las encuestas nacionales de hogares con el fin de comparar los perfiles de los venezolanos con los locales de cada país de acogida para contribuir al debate público.
Según el informe, en todos los países los venezolanos tienen un mayor nivel educativo y, con la excepción de Colombia, más probabilidades de encontrar empleo que la población local. En promedio, los venezolanos tienen estudios secundarios completos (al menos 12 años de educación), es decir, dos años más, en promedio, que la población local. Así, la proporción de venezolanos con estudios superiores es del 65% en Chile y se acerca al 50% en Ecuador.
El documento también detalla que existe demanda para mano de obra venezolana en los mercados laborales locales: en Ecuador, en Perú y en Chile, más del 80% de los venezolanos están empleados (en Colombia, cerca del 63%).
Sin embargo, a menudo desempeñan trabajos de menor calificación que los que tenían en Venezuela, y los autores estiman que se debe a que sus títulos académicos no son reconocidos en los países receptores.
“La contribución de los venezolanos a la economía podría ser mayor si se pudieran aprovechar por completo las competencias y calificaciones en los países de destino”, señala el estudio.
Proceso de integración
Por su parte, Integración socioeconómica de las poblaciones desplazadas por la fuerza en América Latina y el Caribe analiza a este sector de la población en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, y revela que los jóvenes desplazados por la fuerza tienen más dificultades que sus homólogos nacidos en el país para seguir estudiando y encontrar trabajo.
Los trabajos coinciden en que los niños desplazados asisten menos a la escuela y la abandonan con más frecuencia que los nacionales, lo que repercute en la integración generacional. Además, las tasas de empleo de las mujeres son inferiores a las de los hombres, tanto nativos como desplazados.
Xenofobia y discriminación
Los estudios también ponen de relieve cómo la xenofobia y la discriminación pueden repercutir negativamente en la inclusión socioeconómica de refugiados y de migrantes, y mermar su capacidad de participar en las comunidades de acogida.
El primer informe reveló que la mayoría de los venezolanos deseaban permanecer en su país de acogida. Sin embargo, su participación en la comunidad se limitaba principalmente a la actividad religiosa, a pesar de compartir idioma y lazos culturales. En los cuatro países de acogida, entre el 26% y el 40% de los venezolanos denunciaron casos de discriminación, especialmente las mujeres y los jóvenes.
El estudio recomienda que las autoridades creen políticas que promuevan la cohesión social, eviten la exclusión y minimicen los efectos adversos sobre las poblaciones locales.
Además, Acnur destacó que es esencial una inclusión más sistemática de los refugiados y los migrantes en los ejercicios oficiales de recopilación de datos para informar y mejorar eficazmente las políticas públicas.
Según Acnur, estas publicaciones representan un paso fundamental para fomentar soluciones y garantizar la plena inclusión socioeconómica de esta población en los países de acogida.
