Pablo Escobar Gaviria soñaba con ser presidente de Colombia. Usaba parte de la fortuna amasada con el sangriento tráfico de drogas para ayudar a la gente. En 1982 fue por la primera fase de su plan: se candidateó como diputado nacional por el Partido Liberal Colombiano. Y ganó.
Su mandato comenzó el 20 de julio de 1982 pero terminó el 26 de octubre de 1983, luego de las revelaciones del periódico El Espectador sobre sus actividades ilegales, que abrió un proceso en su contra.
Al fin de su carrera política se lo cobró con el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y con un atentado contra El Espectador.
Pero ni su frustrada inserción en la política ni su muerte en un techo de Medellín, en 1993, terminarían con su leyenda e influencia en la política colombiana.
Se pueden considerar a esos años como el inicio de la “narcopolítica” regional, ya que fue también cuando se comenzaron a financiar campañas de políticos no sólo en Colombia, sino en otros países como Perú (Alberto Fujimori) y Panamá (Manuel Antonio Noriega), entre otros.
Ligados al poder
Desde hace más de cuatro décadas, el narcotráfico dejó de ser un negocio oculto para convertirse en un poder que condiciona la política latinoamericana.
Lo que comenzó como un mercado ilícito de cocaína y marihuana en los años ‘70 derivó en una red transnacional con capacidad de corromper policías, financiar campañas electorales y controlar territorios enteros.
Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), América Latina sigue concentrando más del 70 % de la producción mundial de cocaína y su tráfico mueve casi 316 mil millones de dólares anuales.
Entre las principales conclusiones del informe se destaca que el tráfico ilícito de drogas sigue generando fortunas para los grupos del crimen organizado, que innova constantemente para aumentar la producción, encontrar nuevas formas de tráfico, utilizar la tecnología para encriptar comunicaciones y potencializar la distribución.
Se señala también que los grupos criminales desarrollaron una sofisticada red financiera que les permite “penetrar estructuras estatales mediante la corrupción, la intimidación o el financiamiento político”.
El proceso comenzó a visibilizarse en los ‘80, cuando los cárteles colombianos de Medellín y Cali financiaron campañas y asesinaron jueces y candidatos. Desde entonces, cada país de la región vivió y/o vive su propio ciclo de infiltración.
Funcionarios acusados y narcos arrepentidos
En Colombia se sumó, además de la narcopolítica de los cárteles, el escándalo de la parapolítica, que alimentó la estrecha relación entre el narcotráfico y el poder.
Más de 80 congresistas fueron condenados por sus vínculos con grupos paramilitares financiados por el negocio de la coca. También una decena de gobernadores y una veintena de alcaldes.
México es otro de los países en donde el narco se enquistó en las estructuras de todos los niveles del Estado.
Con el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, en 2006 (que dejó 250 mil muertos en seis años), el país vivió un fenómeno paradójico: mientras el Estado desplegaba fuerzas militares, los cárteles infiltraban más y más niveles de poder.
El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna fue condenado en 2024 en Estados Unidos a 38 años de prisión por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), García Luna fue uno de los máximos responsables de la estrategia contra el narcotráfico.
Un exmiembro del cartel de Sinaloa declaró que había entregado valijas a García Luna con al menos 6 millones de dólares en efectivo entre 2005 y 2007.
Los fiscales estadounidenses acusaron a García Luna de recibir el dinero para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cartel del “Chapo” Guzmán introdujo en EE.UU. entre 2001 y 2012.
Actualmente, en EE.UU. también se lleva a cabo el juicio contra otro líder del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, de 77 años, quien se declaró culpable y aceptó dos cargos relacionados con conspiración y la conducción de una empresa de delincuencia organizada para importar y distribuir drogas en EE.UU.
En una de las últimas audiencias dijo: “La organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente”, lo cual volvió a encender la polémica en ese país.
Algo similar ocurrió en relación a Honduras: en 2021 fueron juzgados en una corte de Nueva York dos líderes del cártel de Los Cachiros -Geovanny Fuentes y Devis Leonel Rivera Madariaga-, que controló el negocio de la droga en ese país.
Sus declaraciones de entonces apuntaron directamente al expresidente Juan Orlando Hernández, a su vicepresidente, al Ejército, a la Policía y a otros dos exmandatarios: Porfirio Lobo y Manuel Zelaya, todos acusados de facilitar el tráfico de droga a cambio de sobornos.
Ambos narcotraficantes declararon que Los Cachiros entregaron 250 mil dólares en 2012 a Hilda Hernández, hermana del expresidente, cuando este era jefe del Congreso y candidato a la presidencia. A cambio pidieron “protección para que ni los militares ni la policía preventiva los arrestaran ni fueran extraditados a Estados Unidos”.
Violencia para todos los gustos
En El Salvador, el fenómeno narco-criminal adquirió otra forma: las pandillas o maras. Incluso antes de la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, distintos gobiernos habrían negociado secretamente con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 para reducir la violencia a cambio de apoyo electoral.
En 2024, tribunales salvadoreños condenaron a varios exfuncionarios por “asociación ilícita y financiamiento de estructuras criminales”.
Ecuador también vive una espiral de criminalidad. Hasta hace pocos años, se consideraba una “isla de paz”. Sin embargo, desde 2021, la violencia vinculada al narcotráfico se disparó.
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 reveló la profundidad del problema. Lo mataron de tres disparos en la cabeza cuando se retiraba de un acto de campaña, 11 días antes de las elecciones. Había denunciado amenazas de, entre otros, el cártel de Sinaloa.
Las bandas locales controlan puertos clave y rutas del Pacífico usadas por cárteles colombianos y mexicanos. Según la Fiscalía ecuatoriana, varios jueces y policías fueron detenidos en 2024 por brindar protección a estas redes.
El asesinato de Villavicencio ocurrió durante un momento de creciente violencia de pandillas. Sólo en 2023 ocurrieron más de 250 crímenes en el país. Entre los más conocidos figuran los asesinatos de Julio César Farachio, candidato a la alcaldía de Salinas; de Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López; Rider Sánchez, candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Esmeraldas; o de Agustín Intriago, alcalde de Manta.
En Brasil, desde hace décadas el narcotráfico se mezcla con las llamadas milicias, grupos parapoliciales que dominan barrios de Río de Janeiro.
Diversas investigaciones describen que estos grupos cobran por servicios, controlan el acceso a la electricidad y pactan con políticos locales.
La lista de funcionarios latinoamericanos condenados o procesados por vínculos con el narcotráfico es extensa y crece cada año.
El caso venezolano: el exjefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal admitió en 2023 ante la justicia estadounidense su participación en una red de tráfico de cocaína vinculada al llamado Cártel de los Soles.
Cómo enfrentar el problema
Frente a este panorama, los especialistas coinciden en que la respuesta no puede ser exclusivamente represiva.
Entre las estrategias más destacadas figuran:
Cortar el flujo financiero. Reforzar los controles bancarios, exigir trazabilidad de bienes inmuebles y compartir información fiscal. México y Colombia ya aplican protocolos conjuntos para rastrear transferencias sospechosas.
Fortalecer la independencia judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la corrupción en los sistemas de justicia es uno de los principales factores que permiten la impunidad. Propone crear unidades fiscales autónomas y proteger a jueces y periodistas especializados.
Ofrecer alternativas económicas. La pobreza y la vulnerabilidad son los principales caldos de cultivo para el narcotráfico. En regiones productoras, la ONU impulsa programas de sustitución de cultivos con apoyo técnico y mercados sostenibles.
Ejemplos como el del Programa de Desarrollo Alternativo en Colombia muestra que las comunidades que accedieron a financiamiento estatal redujeron significativamente la siembra de coca.
Políticas de reducción de la demanda. El consumo en América Latina crece más rápido que en Europa, lo que exige campañas de salud pública y regulación responsable.
Cooperación regional. La Organización de Estados Americanos (OEA) propuso en 2024 crear un sistema común de inteligencia antidrogas. Pero la iniciativa no prosperó.
Tráfico de poder
La historia de la “narcopolítica” muestra cómo el narcotráfico no sólo trafica drogas: trafica poder. Lo hace al infiltrar barrios e instituciones, al financiar campañas y moldear territorios donde el Estado se ausenta.
Los casos de México, Colombia, El Salvador o Ecuador muestran que no se trata de episodios aislados, sino de un fenómeno estructural que amenaza la democracia. Y sobran ejemplos en todos los países latinoamericanos.
La respuesta, como coinciden la ONU, la OEA y los principales especialistas, pasa por fortalecer la justicia, secar las fuentes financieras del crimen y ofrecer desarrollo donde manda la violencia.
De otro modo, la frontera entre la política y el narcotráfico se vuelve cada vez más difusa y difícil de establecer.
