El regreso de los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) a México se prevé inminente, tras el anuncio de una nueva alianza de seguridad entre ambos países, si bien las fricciones entre el Ejército mejicano y esa agencia estadounidense siguen presentes a un año del polémico arresto en Estados Unidos del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, el cual dinamitó la cooperación securitaria entre ambas naciones.
Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre de 2020, mientras vacacionaba con su familia en Los Ángeles, por una investigación de la DEA que no fue notificada a las autoridades mejicanas.
Su detención causó indignación en el Gobierno del presidente Andrés López Obrador, quien amenazó con expulsar a los agentes de la DEA del país y desplegó todo los medios para liberar al militar, a la vez que supuso un quiebre en la confianza y colaboración con Washington en temas de seguridad.
Aunque el extitular de Defensa mejicano fue repatriado en noviembre de 2020 y exonerado luego por la Justicia mejicana, el escándalo llevó a México a modificar su ley de seguridad nacional para regular y limitar la presencia de las agencias extranjeras en el país, algo que fue interpretado como una represalia política.
Acuerdo necesario
Desde entonces, las extradiciones hacia Estados Unidos y la aprobación de visas para agentes de la DEA en México se han visto congeladas, pero con la renovación la semana pasada del diálogo sobre seguridad entre ambos países, que culminó con el anuncio del Entendimiento Bicentenario, el Gobierno del demócrata Joe Biden insistió en que el despliegue de la agencia antidrogas vuelva a normalizarse.
Un hecho que podría acelerarse, luego de que Estados Unidos anunciara esta semana la reapertura de la frontera terrestre con México –la más transitada del mundo–, algo fundamental para el Gobierno mexicano, que venía solicitándolo desde mayo pasado.
“El presidente Biden anunció que se va a abrir la frontera el 9 de noviembre y esto fue producto de la negociación. Entonces, ahora el Gobierno de México tendría que autorizar las visas de la DEA”, señaló el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez Manaut.
La soberanía en cuestión
No obstante, el experto en seguridad precisó que el Ejército mejicano, que a su juicio tiene “una gran influencia” sobre el presidente, se opone a ello porque considera que la DEA viola la soberanía del país y no informa a las autoridades mexicanas sobre sus investigaciones.
En ese sentido, indicó que la reorganización del aparato de seguridad deseada por López Obrador, que pretende poner a la Guardia Nacional –la antigua Policía Federal– bajo la órbita del Ministerio de Defensa, podría tener un impacto sobre el trabajo de la fuerza pública con la DEA.
La relación entre las autoridades mexicanas y la agencia antidrogas estadounidense es “muy mala” desde hace años, recordó por su parte Curzio, quien señaló que diferentes gobiernos se quejaron por su forma de operar en el país, sin mantenerlos informados y usando agentes de campo méxico-estadounidenses, cuya presencia no es revelada y resultan difíciles de identificar.
Tampoco la DEA confía en las autoridades mejicanas, a las que acusa de “corrupción” desde del asesinato de uno de sus agentes en 1985 por un cártel de la época.
Según el portal de noticias Eje Central, la agencia estadounidense cuenta con más de un centenar de funcionarios diplomáticos acreditados en México, que trabajan en 11 oficinas ubicadas en nueve estados, y alrededor del doble de agentes de campo y colaboradores.
“Es una especie de juego de cooperación y de conflicto, de acción legal y de acción encubierta”, explicó Benítez Manaut, quien consideró que la DEA “no va a trabajar legalmente como quiere México” porque así es su metodología de trabajo en todo el mundo.
Una opinión compartida por Curzio, para quien las inercias burocráticas y la forma en que operan los cuerpos de seguridad “no va a cambiar nunca” por estar acostumbrados a proceder de otra manera, con una “relativa autonomía” respecto a los acuerdos políticos a los que pueden llegar los países.
Problemas de coordinación
En ese sentido, la voluntad política expresada por los funcionarios mexicanos y estadounidenses de alcanzar un nuevo plan de seguridad con condiciones de “aliados e iguales” no afectaría al despliegue de la agencia antidrogas estadounidense.
“El tema central es que no haya desconsideraciones”, estimó el analista político, quien consideró que la coordinación securitaria entre México y Washington es muy complicada, tanto por la rivalidad al interior de las agencias mexicanas y de las estadounidenses, como la existente entre ambas.
El nuevo plan previsto por el Entendimiento Bicentenario debería anunciarse en diciembre, pero Benítez Manaut alertó que, más allá de las buenas intenciones, hay problemas que van a estar en todas las negociaciones y ni México ni Estados Unidos pueden cumplir.
Por un lado, eliminar la corrupción en México, que indicó está presente en todos los niveles del Estado, y por el otro, la imposibilidad de Estados Unidos de controlar el tráfico de armas, que está autorizado por la Constitución y es gestionado por las autoridades estatales.
“Es muy difícil romper con esa corrupción y Estados Unidos no puede cumplir con el control de la venta de armas”, dijo y concluyó: “Estamos entre el conflicto y la cooperación, entre las demandas de cada uno y las posibilidades reales que los Gobiernos tienen para cumplir lo que el otro país quiere”.
