Pese a las acusaciones de que su candidatura viola la Constitución y que busca perpetuar su proyecto autoritario, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se encamina a obtener la reelección en febrero en medio de una alta popularidad y sin oponentes de peso.
Con su cabello prolijamente engominado, su ropa casual y la gorra puesta hacia atrás Bukele, de 42 años, ha sabido promocionar su imagen en las redes sociales destacando el “éxito” de su guerra contra las pandillas en medio de denuncias de abuso de poder por parte de las fuerzas del Estado.
A pesar de que la Constitución prohíbe la reelección presidencial, una resolución de 2021 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema habilitó a Bukele a volver a presentarse, lo que fue refrendado por el Tribunal Supremo Electoral. Según aquel fallo, Bukele debía pedir una licencia de seis meses antes de finalizar su período para poder participar en la contienda.
Bukele obtuvo el permiso del Congreso para dejar temporalmente el cargo y dedicarse a la campaña, al igual que el vicepresidente Félix Ulloa, quien otra vez es su compañero de fórmula.
La presidencia fue ocupada por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, muy cercana al mandatario y hasta hace poco desconocida en El Salvador.
Sin oponentes a la vista
En una de las encuestas más recientes el 70,8% de los consultados aprobó el gobierno de Bukele y 97,7% consideró que la violencia ha disminuido. El sondeo elaborado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por los jesuitas, dio una amplia ventaja al oficialista Nuevas Ideas. Según el estudio, 61,7% votaría por el partido de Bukele, 2,6% por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y 1,5% lo haría por el derechista Arena.
Arena gobernó el país por 20 años de 1999 a 2009, mientras que el FMLN lo hizo desde 2009 a 2019, cuando Bukele arrasó en las urnas y terminó con el bipartidismo.
“No hay ningún candidato, ningún partido que pueda competirle al presidente en este momento”, dijo el abogado Eduardo Escobar de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.
La abogada y analista política Bessy Ríos criticó a los partidos de oposición porque “han perdido año y medio alegando la inconstitucionalidad (de la reelección), lo cual es cierto, pero no prepararon candidatos ni los promovieron”.
Napoleón Campos, especialista en temas internacionales, sostuvo que una Sala de la Corte “no puede habilitar lo que la Constitución no habilita” mientras algunos analistas consideraron que la habilitación de Bukele es “ilegítima” porque la Sala está integrada por personas afines al gobierno.
La clave: la seguridad
En mayo de 2021, el nuevo Congreso controlado por Nuevas Ideas y sus aliados destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, juramentó a los sucesores y aprobó una reforma para cesar a jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio. Para los diputados de la oposición con esa reforma el oficialismo buscaba controlar el Poder Judicial.
Juan Papier, subdirector de la División para las Américas de Human Rights Watch, sostuvo que Bukele “creó las condiciones que le permiten concentrar el poder político y buscar reelegirse para prolongar o perpetuar su proyecto autoritario”.
Laura Andrade, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, explicó que los salvadoreños están mayoritariamente de acuerdo con la reelección “porque no desean que haya una reversión del progreso que perciben ni de los avances en materia de seguridad”.
“Tenemos más seguridad, mis hijos salen a jugar al pasaje (a la calle) sin problemas, los pandilleros están presos o se fueron a otro lado”, aseguró Juana Martínez, una mujer que visitaba el centro histórico de San Salvador.
El 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 62 homicidios en un día, el Congreso aprobó un estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razón de su arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes considere sospechosos.
El Parlamento también reformó el Código Penal para que los integrantes de las pandillas, o cualquier otra organización delictiva, puedan ser condenados a penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían enfrentar sentencias de 45 a 60 años de cárcel.
“Hay menos muertos, vivimos más tranquilos y no me preocupa eso de la Constitución”, agregó Tomás Escalilla, un obrero de la construcción mientras esperaba el autobús en un parque de Santa Tecla, en la periferia oeste de la capital.
Liberadas de la obligación de tener que explicar cada arresto, las fuerzas de seguridad fueron de puerta en puerta, sacaron a la rastra a numerosos jóvenes y rodearon las zonas con alambres de púas para controlar quién entraba y quién salía.
Estado de excepción
Papier admitió que la política de seguridad de Bukele ha logrado reducir significativamente los homicidios y las extorsiones cometidas por las pandillas, pero afirmó que el costo del régimen de excepción “ha sido graves violaciones de derechos humanos y concentración del poder”.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional que recientemente presentó un informe en el que señaló al Estado salvadoreño de cometer “torturas sistemáticas en las cárceles”, expresó su preocupación por la reelección de Bukele porque teme que “puede fortalecer este tipo de prácticas”.
El gobierno asegura que las medidas extraordinarias han sido exitosas y que se ha capturado a 74 mil personas, de las cuales los jueces liberaron a más de 7.000 debido a la falta de pruebas para establecer sus vínculos con las pandillas.
En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2023, la Policía Nacional Civil contabilizó 195 homicidios hasta el 30 de noviembre contra los 598 del mismo período del año anterior.
Pero según un informe de Amnistía Internacional, desde la vigencia del estado de excepción y hasta octubre se han registrado 327 desapariciones forzadas y más de 190 muertes bajo custodia estatal.
Algunos temen que, de lograr la reelección, Bukele mantenga e incluso refuerce el régimen de excepción.
Las llamadas maras o pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar.
En 2012, el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha (MS-13), en una lista de organizaciones criminales. Tres años después, la Corte Suprema salvadoreña la declaró terrorista, así como a la pandilla Barrio 18.
“Ahora puedo entrar a los lugares donde mandaban las pandillas, entes era un suicidio”, dijo Germán Castellón, quien entrega comida a domicilio en la comunidad La Campanera, que por casi más de tres décadas estuvo bajo el control de Barrio 18.
