Carismático, personalista, populista de derecha pese a que se formó políticamente en la cantera militante del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de escasa densidad ideológica, autoritario, disruptivo, pragmático en extremo, creativo e innovador; a veces desconcertante, de retórica tradicional y formidable capacidad de sintonía y persuasión con sus simpatizantes.
El esbozo ligero retrata de manera acabada la personalidad de Nayib Bukele Ortez (42), actual presidente de El Salvador.
El joven mandatario del país situado en el litoral Pacífico de Centroamérica, hace méritos suficientes, sin cesar, para resaltar los atributos distintivos mediante la promoción de acciones políticas y la implementación de medidas de gobierno fuera de lo común.
Una reforma histórica
Por caso, esta semana, el bloque oficialista en la Asamblea Legislativa impuso una vez más su colosal mayoría propia (61 diputados sobre 84) para aprobar sin inconveniente alguno el proyecto de reorganización territorial que impulsó el jefe de Gobierno para reducir el número de municipios de 262 a 44.
La Ley Especial para la Reestructuración Municipal (tal su nombre) entrará en vigor el 1° de junio de 2024, de manera simultánea con el inicio del próximo mandato presidencial que finalizará en igual fecha de 2029.
Si bien la Constitución de la República de 1983 no contempla la reelección en forma consecutiva del presidente ni del vice, propios y extraños dan casi por hecho que Bukele encontrará un resquicio legal para lograr su deseo de renovar por cinco años más el contrato de alquiler de la residencia más fastuosa del ex El Salvador Country Club, donde a menudo lo visitan en horario de trabajo su esposa Gabriela Rodríguez y su hija Layla.
Unos y otros coinciden en que Bukele usará a favor de esa aspiración confesa una resolución que aprobó a mediados de 2021 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña y que abrió las puertas a la posibilidad de que el primer presidente millennial de Latinoamérica compita por la máxima magistratura política en las elecciones generales previstas para el 4 de febrero próximo.
Jugar al achique
Cuando la reestructuración municipal entre en vigencia, los municipios pasarán a ser distritos y quedarán agrupados por regiones en cada uno de los 14 departamentos. En términos de representación política, habrá 40 Concejos con 10 miembros cada uno; dos con 14 curules y dos con 16, a los que se sumarán 44 alcaldes, 44 síndicos y 372 concejales. Es decir, 920 cargos políticos contra los más de tres mil funcionarios actuales.
La poda permitirá ahorrar de 250 a 500 millones de dólares anuales, según los cálculos del titular del Parlamento, Ernesto Castro.
En ese juego del achique, el 7 de junio último, el Congreso salvadoreño reformó mediante una ley específica el Código Electoral. Una de las modificaciones que introdujo es la reducción del número de diputados: de 80 a 60. También dejó sin efecto el sistema de distribución de escaños legislativos para adoptar el sistema D’Hondt. Este método de representación proporcional asigna escaños teniendo como base de cálculo el promedio de sufragios que se obtiene del total de votos obtenidos por las fuerzas en disputa.
En estado de excepción constante
En la sesión del martes 13, además de la restructuración territorial, los diputados oficialistas también levantaron la mano al unísono para prorrogar por 15° vez el estado de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.
Desde entonces, el Estado salvadoreño tiene facultades para suspender ciertas libertades y garantías civiles en todo el territorio nacional (como el derecho de reunión y el de defensa, y el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días), con el propósito de facilitar el despliegue de militares y policías en las calles de los municipios más castigados por la inseguridad.
La medida es cuestionada por organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, ante las “evidencias graves de abusos a los derechos humanos” detectados. También la objeta la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Este organismo denunció que entre los detenidos hay al menos 1.600 menores.
Guerra a las pandillas
Pero las críticas no desalientan a Bukele, quien justifica su decisión blandiendo estadísticas oficiales: en los 15 meses que lleva el estado de excepción, las fuerzas de seguridad detuvieron a 69.304 “terroristas” (como llama el presidente a los supuestos delincuentes que integran “las maras” salvadoreñas), entre ellos a unos 1.200 presuntos cabecillas de las pandillas.
Además, incautaron 2.842 armas de fuego, 11 toneladas de droga, más de 3.800 vehículos utilizados por supuestos criminales, tres millones de dólares y 16.800 teléfonos celulares.
Ante cada dilación de las suspensión de determinados derechos y garantías (la actual concluirá el 16 de julio), el Gobierno recuerda que mientras en 2015 se registraron 6.567 homicidios (es decir, 106 muertes violentas cada 100 mil habitantes), en 2022 se anotaron 495 asesinatos, la cifra más baja de las últimas décadas.
Otro dato a favor de la medida polémica: en abril último se acumularon 24 días sin muertes violentas, siendo el mes más seguro en la historia de El Salvador, según el Ministerio de Gobierno del país centroamericano.
Pero quizá la razón de más peso para sostener la postura controversial sea el alto nivel de aprobación popular.
Según una encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia y otra de Cid Gallup, el régimen de excepción es respaldado por entre el 83% y el 91% de los salvadoreños.
El doble de apoyo que logró en su apogeo la adopción del bitcóin, en junio de 2021, como una de las monedas de curso legal en el país, junto al colón salvadoreño –hoy fuera de circulación– y el dólar.
De ese modo, convirtió a El Salvador en el primer país en el mundo en aceptar una criptomoneda como medio de pago de cualquier transacción comercial.
