La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró la excarcelación de las 222 personas privadas de la libertad por motivos políticos en Nicaragua y rechazó la deportación y “privación arbitraria” de la nacionalidad por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega.
El órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos, recordó que “la Convención Americana consagra el derecho a la nacionalidad y establece de manera expresa una garantía contra su privación arbitraria”. También, que “los Principios Interamericanos sobre los derechos de las personas migrantes establecen que toda persona tiene un derecho inderogable a tener una nacionalidad y no ser apátrida, a conservar su nacionalidad, no pudiendo denegarse, perder o ser privada arbitrariamente de ella”.
Analistas, expertos legales y organismos de derechos humanos coinciden en que el despojo de la ciudadanía nicaragüense de los liberados constituye una violación del derecho internacional sin precedentes, al menos en Occidente, en términos de escala e impacto.
No tienen dudas de que la expulsión formaba parte de una campaña más amplia del gobierno del exsandinista para aplastar la disidencia política iniciada en 2018, cuando las protestas callejeras contra el gobierno fueron reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad nicaragüenses.
Ortega tildó de “traidores” a los opositores encarcelados y los responsabilizó de las protestas, que considera una trama con financiación internacional para derrocarlo.
Decenas de miles de nicaragüenses huyeron de la represión del gobierno en el último quinquenio.
Fricción internacional
Las detenciones de opositores se convirtieron desde un principio en una fuente de fricción internacional, especialmente con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien considera que las detenciones arbitrarias justifican las sanciones dispuestas por Washington contra la nación centroamericana.
El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, señaló que la liberación de los presos se consideraba “un paso constructivo” y que miembros del gobierno estadounidense estarían de acuerdo en abrir una puerta al diálogo entre los dos países.
Sin embargo, el hecho de que el Parlamento nicaragüense votara de forma simultánea a favor de despojar a los presos expulsados de su ciudadanía motivó críticas por doquier.
Cabe recordar que la Asamblea Nacional de Nicaragua está conformada por 92 legisladores, 76 de los cuales responden al oficialismo (75 del Frente Sandinista de Liberación Nacional y uno del aliado partido indigenista de la costa Caribe Yatama).
Aunque el Congreso nicaragüense aún no celebró la segunda votación para aprobar el cambio constitucional que retiraría oficialmente la nacionalidad a los expulsados, la medida se aprobó por unanimidad en la primera votación. El firme control de Ortega sobre la cámara hace muy improbable cualquier otro resultado.
Apátridas
Peter Spiro, profesor de derecho internacional en la Universidad de Temple (Estados Unidos) dice que quitar la ciudadanía en este contexto incumple un tratado adoptado en 1961 en Naciones Unidas por varios países, incluido Nicaragua, y que fija normas claras para evitar apátridas.
El pacto establece que los gobiernos no pueden “privar a ninguna persona o grupo de personas de su nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”.
No obstante, el experto precisa que hay algunas circunstancias en las que los gobiernos pueden retirar la ciudadanía, como quitársela a una persona que adquiere otra nacionalidad cuando el primer país prohíbe la doble ciudadanía. Sin embargo, no está permitido utilizarlo como arma política, como en el caso nicaragüense.
España ofreció su ciudadanía a los 222 exiliados, mientras que Estados Unidos les concedió tan solo una protección temporal de dos años.
Ni Pinochet lo hizo
La decisión de Ortega no tiene precedentes en Occidente.
Las decisiones previas en la región para quitar la nacionalidad a figuras políticas siempre fueron de escala limitada.
En la década de 1970, la dictadura de Augusto Pinochet en Chile quitó la nacionalidad a Orlando Letelier, exministro del presidente Salvador Allende, quien entonces vivía en el exilio mientras lideraba la oposición a la represión política en el país trasandino.
Peter Spiro dijo que la medida de Ortega recuerda a lo que se ha hecho en Bahréin, en Medio Oriente.
Durante los últimos años, el gobierno del micro-Estado insular asiático situado en la costa oeste del golfo Pérsico quitó la nacionalidad a cientos de activistas políticos y de derechos humanos, periodistas y académicos religiosos. En 2018, una corte retiró la nacionalidad a 115 personas en un juicio masivo sobre acusaciones de terrorismo, según Human Rights Watch.
