El Papa Francisco eliminó la cartera de la Secretaría de Estado del Vaticano y dispuso tanto su gestión como su vigilancia a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (A.P.S.A.), el órgano que administra el patrimonio de la Santa Sede, que dirige el prelado italiano Nuncio Galantino.
Los fondos de la Secretaría de Estado protagonizaron en el pasado ciertas polémicas que pusieron en duda su vigilancia y transparencia, como el caso que acabó con la dimisión forzada del exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Giovanni Angelo Becciu.
Según los medios locales, Becciu, que también fue obligado a renunciar de sus derechos inherentes al cardenalato, está siendo investigado por el Tribunal de la Santa Sede por haber supuestamente malversado parte de estas reservas económicas de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, cuando era sustituto y podía gestionar su cartera sin rendir cuentas a nadie.
Según comunicaron en una nota la oficina de prensa de la Santa Sede, el Pontífice ha creado una "comisión de pasaje y de control" cuya labor transitoria, que durará tres meses, será llevar a cabo todo el proceso para transferir los fondos de la Secretaria de Estado al APSA.
Francisco puso al frente de esta comisión al actual Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra; al presidente del APSA, Nuncio Galantino, y al sacerdote español Juan Antonio Guerrero Alves, Prefecto de la Secretaría para la Economía.
En 2014, el entonces Prefecto de la secretaría de Economía, el cardenal australiano George Pell, señaló la existencia de fondos dentro de la Secretaría de Estado que no aparecían en los balances oficiales de la Santa Sede o del Estado de la Ciudad del Vaticano.
El Vaticano también difundió la carta que remitió el Santo Padre al cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, con las instrucciones concretas para mejorar la organización de las actividades económicas y financieras. Francisco define como "de suma importancia" que la misión de cada entidad económica y financiera esté claramente definida "a fin de evitar la superposición, la fragmentación o la duplicación innecesaria y perjudicial".
La carta explica que "la Secretaría de Estado es sin duda alguna el Dicasterio que más estrecha y directamente apoya la acción" del Papa "en su misión, representando un punto de referencia esencial en la vida de la Curia y de los Dicasterios que forman parte de ella".
Si bien, añade que "no parece, sin embargo, necesario ni oportuno que la Secretaría de Estado desempeñe todas las funciones que están ya atribuidas a otros dicasterios". "Por consiguiente -indica- es preferible que el principio de subsidiariedad se aplique también en los asuntos económicos y financieros, sin perjuicio de la función específica de la Secretaría de Estado y la tarea indispensable que desempeña".
En vista de ello, Francisco establece que la Secretaría de Estado "transfiere al APSA la gestión y administración de todos los fondos financieros y activos inmobiliarios, que en todo caso mantendrán su finalidad actual".
"Una atención particular -se lee en la carta- merece las inversiones realizadas en Londres y el fondo Centurión, del que hay que salir lo antes posible, o al menos, disponer de ellas de manera que se eliminen todos los riesgos reputacionales".
Una vez más, el Papa estableció que "todos los fondos que hasta ahora han sido administrados por la Secretaría de Estado se incorporen al presupuesto consolidado de la Santa Sede" y que, en materia económica y financiera, la Secretaría de Estado funcione "mediante un presupuesto aprobado a través de los mecanismos habituales, con sus propios procedimientos exigidos a cualquier departamento, salvo en lo que se refiere a los asuntos confidenciales que están sujetos a secreto, aprobados por la Comisión designada a tal efecto".
El control y la supervisión son responsabilidad de la Secretaría para la Economía sobre todos los órganos de la Curia Romana. La Secretaría de Estado, en materia de supervisión económica y financiera "no tendrá ninguna responsabilidad de supervisión y control de ninguna Entidad de la Santa Sede, ni de las relacionadas con ella". Teniendo en cuenta que "la Secretaría de Estado no tendrá que administrar o gestionar activos, será conveniente que redefina su propia Oficina Administrativa, o que evalúe la necesidad de su existencia".
