El Ministerio Público de Paraguay analiza la denuncia penal presentada por un grupo de legisladores opositores contra el presidente Santiago Peña por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
La causa se encuentra en la etapa de examen de correspondencia dentro de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), un procedimiento previo a la eventual designación de un fiscal. Según el comunicado oficial, esta fase implica la verificación de los antecedentes, la revisión del contenido de la denuncia y la evaluación de si los hechos corresponden a la competencia de la unidad especializada.
Presunciones
Los ocho legisladores firmantes acusan a Peña de un presunto incremento patrimonial del 1.603% entre 2017 y 2023, período que abarca su gestión como ministro de Hacienda y su llegada a la presidencia. También se lo vincula con una denuncia de lavado de activos, formulada por una exempleada doméstica del Palacio de López, quien aseguró haber encontrado sobres con altas sumas de dinero en la residencia oficial.
La diputada Johanna Ortega calificó la presentación como “un hecho sin precedentes”, destacando que es la primera vez que un grupo parlamentario denuncia penalmente a un presidente en ejercicio.
Por su parte, el abogado defensor de Peña, Ricardo Preda, desestimó las acusaciones al afirmar que la denuncia “no tiene sustento ni entidad suficiente” para justificar una investigación formal.
La Fiscalía definirá en los próximos días si abre una causa penal o archiva la presentación.
