El presidente de Perú, Pedro Castillo, levantó este martes, más de seis horas antes de que venciera, el toque de queda que había impuesto en Lima y la vecina El Callao para casi todo el día. El anuncio dio lugar a masivas protestas y choques con la policía que dejaron al menos un muerto y 11 heridos, informó la prensa local.
Tras el anuncio, miles de peruanos salieron a protestar en el centro de la capital y en otras ciudades -como Trujillo, la capital del departamento norteño La Libertad y la tercera mayor localidad del país- donde reclamaron la renuncia del mandatario, según la radio local RPP.
El estado de sitio y el toque de queda habían sido dispuestos en momentos en que seguían creciendo los disturbios en varias regiones del país, en el contexto de un paro parcial de transportistas de pasajeros y de cargas por el reciente aumento de los precios de combustibles, que había causado tres muertos -según precisó este martes por la tarde el ministro del Interior, coronel Alfonso Chávarry- y daños en algunas regiones.
Protestas en Perú
En Lima, la quietud en las calles se interrumpió luego de que Castillo llegara al Congreso. Algunos manifestantes intentaron sin éxito entrar al parlamento, rompieron vidrios y pintaron paredes en el frente del Ministerio Público, e ingresaron y causaron destrozos y saquearon computadoras y otros elementos en la sede de la Corte Superior de Justicia.
Un grupo de manifestantes antigubernamentales derribó una valla con la intención de llegar hasta el palacio legislativo y la policía le lanzó gases lacrimógenos.
Además, chocaron con la policía, que les lanzó agua y gases lacrimógenos. La Defensoría del Pueblo informó que al menos 11 uniformados resultaron heridos en esos enfrentamientos.
Paralelamente, un joven de 18 años murió en Ambo, en el departamento central Huánuco, tras recibir golpes en la cabeza.
En las regiones de Ica (en el sur del país) y Junín (en el este) hubo saqueos en comercios, según imágenes difundidas por televisoras locales.
En Ica, además, fueron quemadas algunas casetas de peaje en la ruta Panamericana, una de las principales vías del país. Allí, la carretera continuaba bloqueada este martes por la noche.
Mientras tanto, Lima y El Callao lucían una imagen inusual, con muy pocos civiles y muchos militares y policías en las calles, que estaban desprovistas de medios de transporte público.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) canceló la circulación de colectivos por hoy, el Metro de Lima suspendió su servicio “hasta nuevo aviso” y la Superintendencia de Transporte Terrestre prohibió la salida de ómnibus interurbanos desde la capital.
En cambio, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en El Callao, informó que mantenía sus operaciones “con normalidad”.
Por su parte, el Ministerio de Salud garantizó “la presencia del personal de guardia” para “la atención de urgencias y emergencias” en los hospitales estatales.
Toque de queda
“Debo informar que a partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad (toque de queda), corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano”, dijo Castillo en el recinto de sesiones del parlamento poco antes de las 17.30 (las 19.30 en la Argentina de este martes), cuando llevaba cerca de dos horas y media de reunión con los legisladores y varios de sus ministros.
La reunión -a la que el jefe del Estado asistió acompañado por varios de sus ministros- sucedió a una larga jornada de tensión iniciada anoche, cerca de la medianoche, cuando Castillo informó por televisión que había decretado el estado de emergencia (sitio) y el toque de queda desde las 2 hasta las 24 de hoy en Lima y El Callao para “restablecer la paz y el orden interno” y “resguardar la seguridad ciudadana”.
El jefe del gabinete, Aníbal Torres, explicó en el Congreso que la medida fue adoptada debido a informes de inteligencia que alertaron sobre el riesgo de “convulsión social”.
“Se tenía información de fuente reservada de que hoy se iban a producir actos vandálicos, esa es la razón por la que hemos tomado esta medida”, había dicho más temprano el ministro de Defensa, contralmirante retirado José Gavidia.
La decisión fue ampliamente cuestionada desde la madrugada por dirigentes políticos y analistas, e incluso por la Defensoría del Pueblo y el alcalde metropolitano de Lima, Jorge Muñoz, que buscaron derogarla mediante recursos de hábeas corpus interpuestos ante la Justicia.
Por la mañana de este martes, Castillo había analizado la situación con su gabinete y, por su lado, las autoridades del parlamento hicieron lo propio con los jefes de todas las bancadas.
El mandatario regresó al Congreso una semana después de salir airoso de la segunda moción de vacancia (destitución) que se le formó en ocho meses de gobierno, en los que no logró encauzar una relación armoniosa con el Poder Legislativo.
Esa tensión parecía haberse agudizado este martes, cuando la Junta de Portavoces (jefes de bloques) advirtió en un comunicado emitido tras la reunión con las autoridades del Congreso que exigía al Ejecutivo “derogar este decreto supremo y no recurrir a medidas que restringen derechos fundamentales, como salida para solucionar esta crisis”, según el diario limeño La República.
Más temprano, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva -del partido opositor de centro Acción Popular- había dicho que los legisladores querían ver qué podían hacer para “ayudar al Poder Ejecutivo a que pueda manejar esta crisis lo mejor posible”, pero también había manifestado su rechazo a la inmovilidad al advertir que el parlamento no podía dejar de trabajar.
Entretanto, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, agregó presión al pedir por escrito a Castillo que “convoque de forma urgente al Consejo de Estado” para analizar la situación y le advirtió que si no lo hacía, ese órgano sesionaría sin él.
El Consejo de Estado es el nombre no oficial que define a la reunión de los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más los de organismos autónomos: el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (consejo de la magistratura), el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y la Contraloría General.
