Lima, la capital de Perú, amaneció este miércoles bajo estrictas medidas de seguridad, con militares desplegados en las calles y controles policiales, tras la entrada en vigor de un nuevo estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí.
La medida suspende derechos constitucionales como el de reunión y protesta. El Gobierno justificó que la decisión tiene el objetivo de reforzar la lucha contra el crimen organizado y las extorsiones, que en los últimos años registraron un fuerte crecimiento.
Estado de emergencia en Perú
El decreto, publicado en la gaceta oficial, también prohíbe que dos adultos viajen juntos en una misma moto, una disposición que busca frenar los delitos cometidos desde ese tipo de vehículos. Sin embargo, en varias zonas de Lima la norma no se cumplía, según constató The Associated Press.
La Policía Nacional inició operativos de control de identidad en calles y colectivos urbanos. En paralelo, el Ejecutivo dispuso reducir las visitas a los reclusos, limitar el suministro eléctrico en las celdas y destruir antenas telefónicas ilegales cercanas a las cárceles.
A pesar de las medidas, los hechos no cambian
El endurecimiento de las medidas generó asombro entre vecinos y trabajadores. “Ya hubo varios estados de emergencia, las extorsiones siguen, los asesinatos no paran”, dijo Manuel Timoteo, un vecino del norte de Lima. “Salen los soldados unos días, se paran con sus fusiles en una esquina, se van y todo sigue igual”, agregó.
Según datos de la fiscalía peruana, los homicidios pasaron de 676 en 2017 a 2.082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión subieron de 2.305 en 2020 a más de 21.700 el año pasado.
Tensión política
El decreto llega una semana después de una multitudinaria marcha de jóvenes de la llamada “Generación Z” que exigieron la renuncia de Jerí. Durante esas protestas, un manifestante murió por un disparo policial y otro resultó con una fractura craneal grave.
El primer ministro Ernesto Álvarez explicó que toda manifestación con más de 3 mil personas deberá contar con autorización previa de la policía. “El derecho a la protesta está restringido”, declaró en televisión.
El Gobierno de Jerí
José Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre, tras la destitución parlamentaria de Dina Boluarte. En su discurso de asunción prometió “orden y seguridad”, aunque aún no precisó si impulsará la derogación de seis leyes que, según especialistas, debilitaron la lucha contra el crimen.
El gobierno anterior había aplicado una medida similar entre marzo y mayo, que fue criticada por su escaso impacto en la reducción de la violencia.
Con información de AP
