La flamígera situación social y política que viven peruanos y peruanas en todo el país andino desde la destitución e inmediato encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre último, parece haber unido en el espanto a su sucesora en el cargo, Dina Boluarte, con el fujimorismo parapetado en el Congreso.
Este viernes, la actual presidenta y el titular de la Comisión de Constitución y congresista de Fuerza Popular (FP), Hernando Guerra García, coincidieron en el pedido al Legislativo nacional de adelantar las elecciones generales de abril de 2024 al año en curso.
“Nadie tiene ningún interés en aferrarse al cargo”, aseguró Boluarte a la agencia estatal de noticias Andina. “Que se adelanten las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga”, que ella ejecutará el dictamen de manera “inmediata”, destaca el órgano público de información.
Por su parte, el legislador de FP (partido político que postuló a Keiko Fujimori a la presidencia en los comicios que definió con Pedro Castillo en segunda vuelta, en 2021) solicitó la reconsideración del proyecto de ley que aprobó el adelantamiento de las presidenciales para abril de 2024 y que se haga “un texto sustitutorio” para concurrir a las urnas en diciembre próximo.
Asimismo, recordó que la bancada de Fuerza Popular ya planteó con anterioridad que las elecciones fueran en junio de 2023, propuesta que no alcanzó los votos en ese momento.
Boluarte reclamó a los congresistas que “se pongan de acuerdo” para adelantar las elecciones ya sea para 2024 o bien para este año, como exigen quienes protestan en las calles de todo el país desde el enroque en la cúspide del poder político ejecutado por el Parlamento y que sumió al país en un complicado trance institucional.
Lo pide el país
El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, también instó al Congreso para que alcance una decisión sobre el adelanto electoral, remarcando que es “lo que el país requiere con urgencia”.
El mandatario defendió a Boluarte al recordar que ella presentó oportunamente un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones a abril de 2024, que está a la espera de ser ratificado en segunda votación.
Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo, horas después de que el entonces presidente anunció el cierre del Legislativo y el establecimiento de un gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales, tras varios intentos de los bloques opositores de removerlo de su cargo.
En ese lapso, murieron al menos 45 personas en enfrentamientos, entre ellos un policía, y otras 10 fallecieron por accidentes de tránsito o en hechos vinculados a bloqueos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
La huelga indefinida y el prolongado bloqueo de rutas para exigir la renuncia de la Presidenta, nuevas elecciones y un referendo para crear una asamblea constituyente están ocasionando escasez de alimentos y de combustibles en las regiones del sur.
