La atmósfera social y política que se respira en Perú desde hace años y que la destitución del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre último enrareció aún más, no deja de envilecerse debido a las protestas y a los bloqueos de rutas que se mantienen al menos en un tercio de las 196 provincias –repartidas en 24 departamentos– del país andino, según información del Ministerio del Interior.
Con datos de la superintendencia Nacional de Transportes de personas y Mercaderías (Sutran), la Defensoría del Pueblo cifró este martes en 127 los cortes totales o parciales de rutas en el territorio nacional. Las interrupciones del tránsito y las manifestaciones masivas se inscriben en el marco de las acciones en reclamo de la renuncia de la actual jefa del Estado, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones, entre otras medidas.
La mandataria que ocupa la presidencia tras el enroque ejecutado por el Parlamento en la cúpula del poder político ratificó que su decisión es mantenerse en el cargo hasta los comicios previstos para abril de 2024 (originalmente debían realizarse en 2026); lo hizo luego de la marcha masiva de “Los cuatro suyos” (o Toma de Lima) que se desarrolló en la capital peruana el 18 y 19 de enero.
Este martes, en conferencia de prensa con medios extranjeros acreditados en la Casa de Pizarro, Boluarte llamó a una tregua nacional con el propósito de entablar las mesas de diálogo para fijar la agenda de prioridades de cada región.
“Perú es una nación democrática y respetuosa del estado de derecho y de las instituciones”, aseguró la mandataria ante los corresponsales.
A todo esto, el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, exhortó al Parlamento a buscar la manera de que este año se puedan celebrar elecciones presidenciales y no esperar hasta 2024.
“En el marco de lo que significa la transición democrática y la legalidad corresponde reflexionar y actuar en el Congreso en recortar los plazos para que las elecciones se lleven a cabo en 2023.
El mandatario opinó que los congresistas no cuentan con legitimidad por su alta desaprobación para debatir y aprobar reformas electorales y consideró que esos temas tendría que debatirlos un nuevo Parlamento.
Impactos duros
Los efectos económicos de la agudización de la crisis se están haciendo sentir en las arcas fiscales, en la actividad comercial e industrial y en el bolsillo de la población en general y en particular en el de los sectores más vulnerables.
El ministro de Economía y Finanzas peruano, Alex Contreras, avisó este martes que el incremento de los precios de los alimentos y de la mayoría de los artículos de consumo masivo se está notando con el correr de los días aunque el escalamiento sería “temporal”, vaticinó el funcionario.
No obstante, el titular del MEF destacó que, pese a los costos económicos de la protestas (del orden de los 600 millones de dólares), se mantiene la resiliencia de la economía peruana debido a sus fundamentos macroeconómicos.
En conferencia de prensa, Contreras precisó que el riesgo país peruano se ubica en 207 puntos.
Por su parte, la Sociedad Nacional de Industria aseguró que el impacto del clima de zozobra institucional ha provocado hasta el momento pérdidas por unos 185 millones de dólares y otros 110 millones de la divisa en el sector minero.
Pocos turistas
Los daños económicos también están relacionados con la disminución sensible del movimiento turístico.
Por caso, John González, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco (la mayor plaza receptiva de turismo internacional de Perú), calculó que por la caída ostensible de visitantes a la antigua capital del Imperio Inca (que tiene a Machu Pichu como emblema turístico y el producto más demandado), los perjuicios económicos oscilan entre los 500 mil y los 550 mil dólares diarios; con una pérdida acumulada desde que se iniciaron las protestas de unos 14 millones de dólares.
El empresario advirtió también que el impacto económico para Cusco treparía a 850 mil dólares diarios en temporada alta (que empieza en abril) si se mantiene el desasosiego social y político.
Asimismo, González calculó que el 60 por ciento de las agencias que ofrecen servicios turísticos en esa ciudad del sureste del Perú –ubicada en el faldeo oriental de la cordillera de los Andes–, están al borde del quebranto y se han visto empujadas a suspender empleados.
La situación también afecta a los productores agrícolas, quienes proveen insumos a hoteles y a restaurantes que trabajan en estos momentos con niveles de reserva muy bajos.
