La presidenta de Perú, Dina Boluarte, lamentó ayer que el Congreso rechazara el adelanto de las elecciones para este año –como la mandataria había reclamado el viernes último– e instó a que se depusieran intereses personales y partidarios para “hallar una salida a la crisis política”.
“Lamentamos que el Congreso de la República no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha de las elecciones generales, en las que peruanas y peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades”, escribió la mandataria en Twitter.
“Exhortamos a las bancadas a deponer sus intereses partidarios y colocar por encima los intereses del Perú”, agregó la jefa de Estado en su primera reacción desde que el Parlamento fracasó, en la madrugada de ayer, en la idea de adelantar las elecciones generales para este año.
La propuesta presentada por el congresista fujimorista Hernando Guerra García, del partido derechista Fuerza Popular (FP), fue derrotada por 65 votos contra 45; por lo tanto, se mantiene el proyecto de realizar los comicios generales en abril de 2024.
Boluarte, cuyos 50 días de gestión estuvieron marcados desde el arranque por protestas en su contra que dejaron hasta el momento 46 civiles y un policía muertos en enfrentamientos directos más otros 10 en circunstancias ligadas al conflicto, había reclamado el viernes que las elecciones se programaran para diciembre de este año, como manera de salir más rápido del “atolladero” actual, con escenas de bloqueos, escasez y violencia en diferentes regiones de Perú.
No obstante, la propuesta votada en el Congreso incluso anticipaba las elecciones para octubre, de manera que la presidenta, los congresistas y las autoridades electivas entregaran el poder en diciembre de 2023.
Pero la izquierda insistió en que debía incluirse un referendo sobre la Asamblea Constituyente, propuesta rechazada por un amplio espectro de la política peruana.
Otras fuerzas denunciaron una supuesta maniobra para sacar provecho electoral de parte de Fuerza Popular, partido de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
Reconsideración
La votación de ayer a la madrugada en el Congreso será sometida a reconsideración mañana a pedido del fujimorismo, pero los analistas consideran difícil que se revierta el resultado.
Boluarte, quien descarta renunciar pero a la vez asegura que no tiene interés en aferrarse al poder, asumió la jefatura del Estado el 7 de diciembre, cuando, como vicepresidenta, reemplazó a Pedro Castillo, destituido por el Congreso después de que intentó cerrar el Legislativo y gobernar por decreto.
Desde ese día, diversos puntos de Perú, en especial del sur andino, donde habitan comunidades quechuas y aymaras históricamente postergadas, han permanecido en pie de guerra en demanda de la renuncia de Boluarte y de la realización de elecciones.
Sin tregua y con escasez
Las protestas y bloqueos de ruta para reclamar la renuncia de Boluarte, el adelanto de comicios y, en menor medida, la convocatoria a una asamblea constitucional no dan tregua y generan escasez de combustible, de alimentos y de insumos médicos.
En ese contexto, el Ministerio de Comercio y Turismo indicó que el sector pierde 6,2 millones de dólares diarios por la crisis política de los últimos meses; además, se ha cancelado el 85 por ciento de los paquetes turísticos.
Ayer había 89 rutas obstruidas en el país andino, principalmente en el sur de Perú, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Las protestas, que comenzaron en el interior del país, se trasladaron la semana pasada a Lima, donde muchos mantienen el pulso de los reclamos.
Un grupo de manifestantes marchó el viernes por otra gran avenida de la zona norte de Lima, llamada Túpac Amaru, por la que se dirigieron hasta el centro histórico haciendo escuchar sus reclamos a voz en cuello.
Saldo trágico
Desde la destitución de Pedro Castillo hasta la fecha, 46 personas que participaban en las protestas fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes, según datos de la Defensoría del Pueblo. A estas víctimas, se suman 11 decesos en sucesos relacionados con los bloqueos de carreteras y una muerte ocurrida en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó la muerte de cuatro haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras, además de un bebé nonato confirmado por Unicef, lo que resulta en 64 fallecidos por las protestas desde el 7 de diciembre.
