Una multitud descendió este jueves desde remotas regiones y pueblos rurales andinos hacia Lima para hacer escuchar su voz y amplificar los reclamos del Perú profundo en la continuidad de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y en apoyo al exjefe del Estado Pedro Castillo, cuya destitución y apresamiento el 7 de diciembre último desencadenó manifestaciones letales y sumió al país en un desconcierto institucional.
Desde el enroque en la cúpula del poder político pergeñado y ejecutado por el Parlamento en la agonía de 2022, hasta el sismo político y social con epicentro en los departamentos montañosos del sur, les siguieron réplicas de magnitud en la mayoría de las regiones rurales cuyo saldo funesto es de, hasta el momento, 53 personas muertas y centenares de heridas.
Los activistas bautizaron al desplazamiento de la muchedumbre como “Marcha de los cuatro suyos”, en referencia a los cuatro puntos cardinales de Perú y para evocar la movilización masiva del año 2000 contra el entonces gobierno autocrático de Alberto Fujimori, quien dimitió meses después.
En los medios masivos de comunicación, en la agencia oficial de noticias Andina y en el oficialismo, se refieren al aluvión humano –que este jueves se abatió sobre la capital e insistió en el pedido de renuncia de Boluarte y en la disolución del Congreso– como “toma de Lima”.
Suman y siguen
A las columnas provenientes del interior se les sumaron esta vez otras fuerzas locales aportadas por organizaciones sociales limeñas que decidieron responder al llamado luego de la masacre de Juliaca, advirtió Omar Coronel, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Perú. La referencia del académico alude al asesinato de 18 personas por la represión de las fuerzas de seguridad, hecho que ocurrió el 9 de enero último en esa ciudad de la provincia de San Román, ubicada en el departamento de Puno.
Por su parte, Florencia Fernández, abogada y activista por los derechos humanos con domicilio en Cuzco, consideró que la “Marcha de los cuatro suyos” evidencia que los dirigentes territoriales que la promovieron “entendieron que los podían seguir masacrando en Cuzco, en el Puno y en otras regiones remotas del país sin que nadie se inmutara en la capital”. Y explicó su conjetura: “En mi propio país, las voces de los Andes y las de las mayorías populares han sido silenciadas; por eso hemos tenido que descender de los Andes a la Lima hostil para hacernos escuchar y visibilizar nuestros reclamos”, precisó.
Perú es un país muy centralizado desde hace siglos; en la actualidad, alrededor de un tercio de sus 33 millones de habitantes vive en la región metropolitana de Lima.
Otra vez la muerte
Mientras los manifestantes se movilizaban por la capital peruana, en el sur se registraron nuevos episodios de violencia. En la ciudad de Macusani, en la provincia de Carabaya, departamento Puno, murieron un hombre y una mujer en enfrentamientos con la Policía. Los manifestantes incendiaron la comisaría y la sede del Poder Judicial local. Además, un hombre de 30 años fue hospitalizado por una herida de bala en el tórax, aseguró AP.
Más de 11 mil agentes de Policía se desplegaron este jueves en Lima y en Callao durante la masiva manifestación antigubernamental para pedir la dimisión de la presidenta, Dina Boluarte, y la convocatoria de nuevas elecciones, informó el jefe de la región Policial de Lima, Víctor Zanabria. Por su parte, el coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, estimó en 50 los fiscales provinciales movilizados durante la jornada.
Asimismo, 196 cámaras se activaron en distintos puntos de la capital, como en la plaza 2 de Mayo o en la plaza San Martín, entre otros.
Tanto el Congreso peruano como el Palacio de Justicia y el Ministerio Público estuvieron acordonados por fuerzas policiales, según el diario La República.
Además, el Ministerio de Salud de Perú declaró en estado de alerta roja a hospitales y a otros centros sanitarios debido a los enfrentamientos y congregaciones de multitud de personas en Lima, así como en otras regiones.
En ese contexto, Dina Boluarte reiteró que apoya un plan para adelantar a 2024 las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 2026. Mientras, muchos de los inconformes dicen que no hay diálogo posible con un gobierno que –según ellos– ha desatado tanta violencia contra sus ciudadanos.
