Un grupo de sindicatos solicitó a un tribunal federal una orden de emergencia para impedir que el Departamento de Eficiencia del Gobierno (Doge, por su sigla en inglés) de Elon Musk acceda a los datos sensibles de seguridad social de millones de estadounidenses.
La moción para el recurso de emergencia fue presentada el viernes por la tarde ante un tribunal federal en Maryland por el grupo de servicios legales Democracy Forward contra la Administración del Seguro Social (SSA, por su sigla en inglés) y su comisionado interino, Leland Dudek. Los sindicatos quieren que el tribunal impida que el Doge acceda a los vastos archivos de datos personales que posee la agencia.
La presentación incluye una declaración jurada de Tiffany Flick, una exfuncionaria de alto nivel de la agencia, quien afirma que los funcionarios civiles de carrera tratan de proteger los datos contra el Doge. “El desprecio por nuestros cuidadosos sistemas y procesos de privacidad ahora amenaza la seguridad de los datos que la SSA alberga sobre millones de estadounidenses”, escribió Flick en documentos judiciales.
Karianne Jones, abogada de los sindicatos y de un grupo de jubilados que presentó la demanda, dijo que no está del todo claro qué tipo de acceso podría tener el Doge a los datos personales de los contribuyentes. Pero afirmó que el alcance aparente y la falta de información sobre lo que busca ese departamento significan que el impacto potencial es “enorme”.
“Esencialmente, lo que tenemos es que el Doge simplemente irrumpe y se abre camino a la fuerza para acceder a los datos privados de millones de estadounidenses. No pueden explicar por qué quieren estos datos. Realmente no pueden decir qué datos quieren. Simplemente quieren todo. Quieren el código fuente y quieren hacerlo sin ninguna restricción”, afirmó.
El trabajo del Doge en las primeras etapas del gobierno del presidente Donald Trump ha generado casi dos docenas de demandas.
Los jueces plantearon preguntas en varios casos sobre los amplios esfuerzos de reducción de costos del departamento, realizados con poca información pública sobre su personal y operaciones.
Pero los jueces no siempre han estado de acuerdo en que los riesgos sean lo suficientemente inminentes como para impedir el acceso de Doge a los sistemas gubernamentales.
Los recortes generales en la SSA generan preguntas sobre los posibles efectos en las prestaciones de decenas de millones de beneficiarios.
Entre los posibles cambios en la agencia se encuentran los despidos de más del 10% de la fuerza laboral y el cierre de docenas de oficinas en todo el país. Todo esto es parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal.
El Doge ha accedido a otras bases de datos gubernamentales, como la del Tesoro y la del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés). El gobierno de Trump ha dicho en general que los esfuerzos están dirigidos a eliminar lo que, afirma, es un desperdicio y un fraude en el Gobierno.
El viernes, una jueza federal de Washington se negó a impedir que los empleados de Doge accedieran a los sistemas del Tesoro que contienen datos personales sensibles de millones de personas.
La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly reconoció las preocupaciones de privacidad sobre ese trabajo. El Doge todavía está limitado por una orden judicial diferente en Nueva York.
Además, un acuerdo alcanzado en febrero entre la Oficina de Administración de Personal y el IRS establece que un empleado de Doge, Gavin Kliger, tendría permitido acceder a los sistemas del IRS, pero no a la información personal de los contribuyentes.
Los recortes de Musk en el Seguro Social
Los recortes generales en la Administración del Seguro Social generan preguntas sobre cómo podrían verse afectadas las prestaciones de millones de beneficiarios.
Entre los posibles cambios se encuentra el despido de más del 10% de la fuerza laboral de la agencia y el cierre de docenas de oficinas en todo Estados Unidos.
Todo esto forma parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge , por su sigla en inglés), que comanda Elon Musk.
En su sitio web, el Doge menciona 47 oficinas de campo de la Administración del Seguro Social que serán cerradas en todo Estados Unidos, muchas de las cuales se concentran en el sur y en el sureste del país.
Un portavoz de la agencia dijo la semana pasada que la mayoría de los contratos de alquiler que no se están renovando se usan para alquilar espacios utilizados para audiencias en persona, que ya no son necesarios debido a quela mayoría de las audiencias se realizan de manera virtual. En el año fiscal 2024, según la SSA, el 20% de esas oficinas no realizaron ninguna audiencia en persona.
Según la Administración del Seguro Social, la agencia tiene unas 1.200 oficinas de campo en todo Estados Unidos.
¿Se reducirán las prestaciones del Seguro Social? No necesariamente, pero se supone que las reducciones en la agencia provocarán una disminución en los servicios.
Los 72,5 millones de beneficiarios del Seguro Social incluyen a jubilados y menores que reciben prestaciones de jubilación y discapacidad.
Chuck Schumer, el líder demócrata del Senado, caracterizó los recortes de Musk a la agencia como esfuerzos para “atacar la base de la red de seguridad social de Estados Unidos”.
El programa enfrenta una quiebra inminente si el Congreso no aborda el problema. En el informe presentado por los fideicomisarios del Seguro Social y Medicare en mayo de 2024 se establece que los fondos fiduciarios del Seguro Social no podrán pagar prestaciones completas desde 2035. Entonces, el Seguro Social solo podrá pagar el 83% de los beneficios.
A principios de la semana pasada, una persona familiarizada con los planes de la agencia, pero no autorizada a hablar públicamente, dijo que la Administración del Seguro Social se preparaba para despedir al menos a siete mil personas de las 60 mil que componen su fuerza laboral.
Según el Centro de Políticas de Presupuesto y Prioridades, la administración del programa representa menos del 1% de los ingresos que lo financian.
