La Sociedad Interamericana de Prensa y otras 26 organizaciones nacionales e internacionales ligadas a la libertad de expresión unieron sus voces para que Nicaragua recupere las libertades y el debate democrático.
Las entidades plantearon un plan de acción conjunto para trabajar en pos de una Nicaragua en la que tengan plena vigencia las libertades de expresión y de prensa.
La Declaración sobre Nicaragua fue dada a conocer durante la Reunión de Medio Año de la SIP, que se realiza del 19 al 21 de abril de forma virtual. Además de la SIP, firmaron el documento la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR/IAB), la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI), Grupo de Diarios América (GDA), Fundamedios y asociaciones nacionales y regionales de medios y de periodistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
La declaración alude a la persecución sistemática del periodismo independiente, la opresión y censura generalizada, el secuestro de los poderes públicos y la demolición de las estructuras de la sociedad civil en Nicaragua.
Remarca que en el país centroamericano hay más de 170 los presos políticos, entre ellos la precandidata presidencial a las elecciones de noviembre de 2021 Cristiana Chamorro, y Pedro Joaquín Chamorro, miembro del directorio del diario La Prensa y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, condenados a ocho y nueve años de cárcel, respectivamente.
Agrega que “uno de los peores ataques a la prensa ocurrió en agosto de 2021, con la toma militar y el cierre de las instalaciones del diario La Prensa y la captura de su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Holmann fue sentenciado a nueve años de prisión por falsos delitos y sin el debido proceso judicial.
Ante esta realidad, las organizaciones firmantes expresan su compromiso de trabajar en un plan de acción que “permita a los nicaragüenses cumplir con sus aspiraciones de vivir nuevamente en libertad, democracia y con las garantías de un Estado de derecho”.
El plan solicita a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones confiscadas a los medios y permita el regreso de periodistas desde el exilio.
Exige que el gobierno libere a los presos políticos; exhorta a otros gobiernos que acojan y ofrezcan cooperación humanitaria, tecnológica y económica a periodistas exiliados, así como que agilicen trámites para otorgar visas de trabajo humanitarias a comunicadores perseguidos por el régimen, e impulsa donaciones, membresías y suscripciones destinadas a apoyar la viabilidad de medios independientes nicaragüenses dentro y fuera del país.
Asimismo, propone campañas de información que exhorten a funcionarios del régimen a denunciar violaciones a los derechos humanos y la libertad de prensa, y pide a la Organización de las Naciones Unidas, a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abran espacios amplios de debate para definir acciones que permitan restaurar la democracia y la plena vigencia de los derechos ciudadanos y de las libertades fundamentales.
Exhorta finalmente a los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea a que no disipen el interés por Nicaragua y busquen con firmeza senderos para presionar al régimen Ortega-Murillo a favor de la paz y la democracia.
