CIUDAD DE MÉXICO. En una vuelta de tuerca más a la presión de Estados Unidos contra los cárteles y a días de que las autoridades de ese país anunciaran las primeras acusaciones formales por narcoterrorismo contra miembros del Cártel de Sinaloa, el Departamento de Justicia informó el viernes de la primera imputación contra un nacional mexicano por colaborar supuestamente con una organización terrorista.
Quién es la acusada
La acusada es María del Rosario Navarro-Sánchez, de 39 años, detenida este mes en Jalisco, México, y señalada por una corte de Texas de dar “apoyo material” al Cártel de Jalisco Nueva Generación, designado como terrorista en febrero con otros siete grupos criminales latinoamericanos.
Según los fiscales, intentó suministrar granadas al grupo delictivo y participó en el tráfico de migrantes, drogas, armas y dinero.
En concreto, la acusan de conspiración para introducir y transportar extranjeros en Estados Unidos, coordinar la entrega de droga y por actuar como ‘hombre de paja’ para comprar armas de fuego por orden de terceras personas.
Tras su arresto, junto con un hombre, las autoridades mexicanas indicaron que su detención se logró gracias a información proporcionada por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense y el FBI.
“La detención de María del Rosario Navarro-Sánchez debe enviar un mensaje claro a las personas que deseen alinearse con grupos terroristas de que serán buscadas y detenidas con el máximo rigor de la ley”, dijo el director del FBI, Kash Patel.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Pamela Bondi, aseguró que esta acusación demuestra su “compromiso inquebrantable” para asegurar las fronteras del país y proteger a sus ciudadanos".
La designación de este grupo y otros cinco cárteles mexicanos como terroristas puso a disposición de la justicia estadounidense más herramientas para acusar a sus miembros de cargos más fuertes —que podrían llegar hasta la pena de muerte— y también abrió las puertas a que Estados Unidos pudiera realizar operaciones unilaterales contra esos grupos.
Pero además, algunos académicos creen que el delito de colaborar con el terrorismo también podría facilitar que fueran acusados de este, por ejemplo, empresas que envían las remesas de los migrantes indocumentados que, generalmente, llegan a Estados Unidos pagando en algún momento a miembros de los cárteles.
Si se llegan a concretar este tipo de acusaciones, “sería un cambio realmente radical con enormos implicaciones para la inversión, para el comercio, para el movimiento de remesas, una escalada dramática y de grandes consecuencias”, explicó Vanda Felbab-Brown, una experta en crimen organizado de la Brookings Institution.
Estados Unidos recordó que el CJNG es responsable de una parte importante del tráfico de fentanilo desde México, está presente en decenas de países y, además de traficar con drogas, se dedica al blanqueo de capitales, el soborno, la extorsión de migrantes, el cobro de cuotas a los ‘coyotes’ que los llevan y otras actividades delictivas, incluidos actos de violencia e intimidación.
