El gobierno interino de Bolivia afirmó hoy que estaba dispuesto a dialogar con los simpatizantes del ex presidente Evo Morales para desactivar las protestas que dejaron al menos 23 muertos y más de 700 heridos, luego de que los cocaleros de Cochabamba dieran 48 horas a la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez para que renuncie.
Sin embargo, el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, exigió el "repliegue" de las Fuerzas Armadas como condición para conversar.
El comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, informó esta mañana que se estaba "abriendo un diálogo" con los seguidores de Morales que en El Alto, ciudad aledaña a La Paz, mantenían cerrada la planta de combustibles de Senkata, que abastece a la capital.
"Estamos agotando el diálogo, justamente el comandante regional de El Alto está abriendo un diálogo con los señores del Distrito 8 para que podamos abrir la planta de Senkata y poder trasladar hasta acá el combustible necesario para poder normalizar (el abastecimiento) en la ciudad de La Paz", dijo Montero a periodistas, según la agencia noticiosa estatal ABI.
Pero el MAS respondió esta tarde que no dialogará mientras el gobierno no saque a las Fuerzas Armadas de las calles.
"Exigimos el repliegue de las Fuerzas Armadas; den condiciones para la paz, den condiciones para un diálogo sincero; no puede ser que mientras se está promoviendo el diálogo por un lado, por el otro se estén haciendo masacres con nuestra gente", afirmó la diputada Sonia Brito en conferencia de prensa, acompañada por otros legisladores, según la agencia EFE.
En tanto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sostuvo que hoy había bajado a la mitad la "intensidad" del conflicto y advirtió el gobierno iniciará acciones legales contra legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Morales) que inciten a la violencia.
Indicó que las protestas "han bajado 50% de intensidad", aunque todavía estaban "registrándose algunos enfrentamientos en Sacaba (departamento Cochabamba), si bien "disminuyendo la intensidad" de ellos, y permanecían abiertos focos de conflicto en El Alto y en Yapacaní (Santa Cruz).
La supuesta disminución de las protestas se debe a que muchos simpatizantes de Morales "se están dando cuenta de que están siendo engañados", explicó Murillo en conferencia de prensa en Santa Cruz de la Sierra, a unos 855 kilómetros al sudeste de La Paz.
"Los duros dirigentes están matando a los pobres campesinos, a los que les dicen que les vamos a quitar la coca, que les vamos a quitar sus casitas que les ha dado el ex presidente Morales, pero nosotros no vamos a permitir aquello", subrayó el funcionario, según el diario cruceño El Deber.
Además, aseguró que el gobierno comenzará a perseguir penalmente a un grupo de legisladores del MAS por incitar a la violencia.
"Hay senadores y senadoras, y diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que están haciendo subversión; ya tengo listas, que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, diciendo que los obligan a esto o aquello; se los va a empezar a detener con órdenes del Ministerio Público; voy a armar un aparato especial de la Fiscalía, porque no podemos permitir que esto siga", precisó.
Mientras tanto, el gobierno interino evitó pronunciarse sobre el ultimátum que los cocaleros de la región cochabambina de Chapare -donde surgió Morales como dirigente sindical- dieron anoche para que Áñez renuncie a más tardar en 48 horas.
En Sacaba, durante el velatorio de cinco de las víctimas de las protestas, los cocaleros advirtieron que si Áñez no dimite, realizarán un bloqueo nacional de rutas por tiempo indefinido, según El Deber y la agencia ANSA.
Paralelamente, otros grupos afines a Morales planean cercar completamente La Paz y El Alto mediante el bloqueo de sus accesos, e impedir su abastecimiento como forma de presión para lograr la renuncia de Áñez, según revelaron dirigentes no identificados al diario paceño Página Siete.
"A La Paz no tiene que llegar ni un grano de comida; se ha prohibido a los productores que saquen comida de sus chacras; es preferible que se pudra, que dar comida a los karas (blancos)", dijo un dirigente campesino.
Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, afirmó que el polémico decreto que exime de responsabilidad penal a efectivos de las Fuerzas Armadas en relación con la represión de las protestas "de ninguna manera se transforma en una licencia para matar".
"Es un elemento disuasivo, porque lo que pretende el gobierno es sencillamente evitar la confrontación, lo que pretende es evitar que existan más muertes y, sobre todo, (pretende) que la paz social se restablezca en nuestro país", dijo Justiniano anoche, en conferencia de prensa.
Ese decreto, conocido ayer, fue duramente cuestionado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hoy reportó que las protestas iniciadas el 20 de octubre dejaron 23 muertos y 715 heridos (de ellos, nueve muertos y 122 heridos solo el viernes pasado).
