Horas después de concluir la primera sesión de un juicio político en su contra, presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, echó hoy mano a un recurso constitucional llamado “muerte cruzada” para evitar ser destituido por el Parlamento por corrupción.
Qué es la “muerte cruzada”, el mecanismo usado por Guillermo Lasso
Se trata de una figura legal, amparada por el artículo 148 de la Constitución, de 2008, que le permite al Ejecutivo disolver la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral del país, al tiempo que otorga un plazo máximo de siete días al Consejo Nacional Electoral para convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas.
El plazo ordinario para que se realice un proceso electoral luego de su convocatoria es de 120 días (cuatro meses).
Sin embargo, en el caso extraordinario de la disolución de la Asamblea Nacional, le da la potestad al Consejo Nacional Electoral a que puede disponer la realización de las elecciones en “un plazo menor a 90 días, contados a partir de la convocatoria”.
Es decir que el proceso electoral no debe realizarse más allá del mes de septiembre.
Las nuevas autoridades electas estarán en funciones hasta el término del periodo vigente.
Hasta el desarrollo del proceso electoral y la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá expedir decretos-leyes de necesidad y urgencia económica, que deberán tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional y podrán ser aprobados o derogados por la nueva legislatura que se posesione hasta el término del periodo.
Lasso y los diputados asumieron en mayo de 2021, y su mandato termina en 2025.
Muerte cruzada: las tres causales
La Constitución fija tres causales para que el Ejecutivo declare la “muerte cruzada”, incluidas grave crisis política y conmoción interna, el motivo invocado hoy por Lasso, que atribuyó este estado a la crisis política generada por el juicio político en su contra.
Las otras causales son que el Parlamento se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente, o si, de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
A su vez, la Asamblea Nacional, con otras causales, también puede invocar el mecanismo para destituir al Presidente de la República sin un juicio político previo, de allí que se denomine “muerte cruzada”.
La decisión de Lasso se produce un día después de que se presentara en la Asamblea Nacional y rechazara acusaciones de la oposición legislativa, en el inicio de un juicio político en su contra por presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Se trata de la primera vez que un mandatario aplica la denominada “muerte cruzada”, que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
Incorporada en el texto de la Constitución en un proceso iniciado por el expresidente y líder opositor Rafael Correa, la “muerte cruzada” fue incluida teniendo en cuenta la historia turbulenta del Ecuador que acabó con tres mandatos presidenciales en nueve años: los de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
El bloque opositor le había advertido a Lasso que, de recurrir a esta vía, aumentaría aún más la tensión política y social.
Sin embargo, el mandatario no sólo coqueteaba con ella sino que sugirió que podría ser de nuevo candidato a presidente en los comicios que, merced a esta situación, serán adelantados.
La ciudadanía, entretanto, observa dividida todo este terremoto político, con un Lasso desciende en su popularidad según los últimos sondeos.
Aun así, cerca de un 39% de los ecuatorianos se muestran a favor de que complete el mandato, frente al 18,5% que reclama su cese a manos de la Asamblea Nacional y un 14,5% que le piden directamente que dimita, según una encuesta publicada en marzo por la firma Click Report.
En junio pasado, el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.
Darán detalles sobre organización de elecciones anticipadas en Ecuador
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que esta tarde ofrecerá detalles sobre la organización de las elecciones anticipadas, una vez que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, disolvió el Parlamento y aplicó la “muerte cruzada”.
El CNE ha convocado a una rueda de prensa, que se realizará a las 16.00 hora local (21.00 GMT) en su sede, en Quito, “para informar respecto de la organización de elecciones anticipadas, tras el Decreto Ejecutivo 741″.
Dicho decreto, que está ya publicado en el registro oficial, establece la disolución del Parlamento por “grave conmoción interna y política”, y pide al CNE la realización de elecciones anticipadas.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha señalado que la decisión es “en pro de país, porque así como se disuelve la Asamblea Nacional, se acortan los periodos, inclusive el Presidente”.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
El opositor Partido Social Cristiano (PSC) anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad al decreto por el cual el jefe de Estado disolvió el Parlamento.
En un comunicado, el PSC señaló que no existen al momento causales para aplicar la llamada “muerte cruzada”, por lo que consideró que el jefe de Estado ha violado la Constitución.
“Procederemos a presentar ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar de suspensión del Decreto Ejecutivo 741 del 17 de mayo de 2023″, reza el escrito colgado en la cuenta de Twitter del líder socialcristiano, Jaime Nebot.
La decisión presidencial la anunció después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado (malversación).
El mandatario disolvió el Parlamento cuando se preveía la segunda jornada de debate para posteriormente, una vez finalizado votar la moción de censura en un plazo de cinco días.
La aprobación de la moción de censura para destituir al Jefe del Estado hubiera requerido 92 votos, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.
