La inestabilidad socioeconómica reinante, los vaivenes políticos bruscos y el agravamiento de la violencia, entre otras adversidades, se destacan entre las causales principales de la migración en los países de Latinoamérica.
Si bien la atención mediática suele poner sólo el foco en el sensible incremento de migrantes hacinados que esperan un golpe de suerte en la frontera entre México y Estados Unidos, en el continente americano hay en la actualidad unos 20 millones de personas desplazadas; la gran mayoría de ellas se encuentra cobijada en países de la región y del Caribe, según un informe publicado esta semana por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El documento advierte que, este año, México superaría con creces las 70 mil solicitudes de asilo de 2019 (durante la pandemia el número cayó de manera significativa por razones obvias).
Lo mismo sucedería en Brasil. En el gigante sudamericano, viven hoy unos 623 mil refugiados, solicitantes de asilo y personas que necesitan protección especial, indica el alto comisionado. De ese grupo, 459 mil provienen de Venezuela, apunta el trabajo.
Los registros del organismo especializado de la ONU precisan, además, que hay poco más de 7,1 millones de personas refugiadas o migrantes oriundas de la República Bolivariana diseminadas por el mundo, más de un millón con pedido de asilo y aproximadamente 211 mil reconocidas como refugiadas.
Otra mirada
Kely Clements, secretaria adjunta de Acnur considera importante recordar que “la mayoría de las personas desplazadas por la fuerza” en la región “se quedan en América latina. Por eso, la funcionaria sostiene que “no sólo debe prestarse atención a los países de destino de refugiados y migrantes, sino que es crucial mirar a las naciones de origen y de tránsito” con el propósito de “abordar esos complejos movimientos de población desde un enfoque regional integral y de cooperación”.
Clements acaba de concluir un periplo de trabajo por todo el continente que se inició en Centroamérica.
En ese istmo territorial visitó comunidades obligadas a vivir bajo el control de pandillas criminales y mantuvo contacto con integrantes de familias que huyeron de sus hogares debido a la violencia y a la persecución, dramas que se han visto agravados por la violencia extrema, las calamidades climáticas y los estragos de la pandemia de Covid-19.
Acnur cifra en poco más de un millón la cantidad de personas desplazadas en Centroamérica, con focos candentes en Guatemala y Honduras, entre otros, donde recopiló testimonios de violencia en general y de género, en particular; extorsión, reclutamiento y violación por parte de bandas criminales.
Clements destacó que, además de un país de origen y tránsito, Guatemala se está convirtiendo en territorio de destino, a tal punto que las solicitudes de asilo se incrementaron un 88% en lo que va del año respecto de igual lapso de 2022, por lo que el Gobierno nacional se vio obligado a ampliar su capacidad de recepción y procesamiento con ayuda de Acnur.
Responsabilidad de todos
La funcionaria del organismo internacional insiste con que “es responsabilidad de la comunidad internacional y de cada uno de nosotros ayudar a las personas desplazadas a reconstruir sus vidas”. Con ese propósito sostuvo que el primer paso para todos los países “es garantizar el acceso al asilo a las personas cuyas vidas dependan de ellos”.
Asimismo, planteó la necesidad de un mayor apoyo financiero y técnico a los gobiernos y organizaciones que trabajan juntos para proporcionar ayuda humanitaria y protección a las personas que se desplazan en Centroamérica y México. “Esta necesidad nunca ha sido más urgente”, enfatizó.
En la misma sintonía, Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) instaron a adoptar un enfoque colaborativo para una mejor respuesta a los movimientos mixtos de refugiados y migrantes en todo el continente americano.
Al mismo tiempo, ambos organismos especializados manifestaron su preocupación por las nuevas restricciones que afectan el acceso al asilo tras el levantamiento de la orden de salud pública conocida como Título 42 por parte de Estados Unidos.
Ese protocolo está contemplado en la Ley de Servicio Público de Salud estadounidense sancionada en 1944 con el objeto de que el Gobierno federal pueda frenar la entrada de personas e importaciones con el fin de prevenir la introducción de enfermedades transmisibles desde afuera de las fronteras continentales del país.
Y concluyen con una reflexión: “Ningún país puede resolver de forma aislada los retos que suponen los movimientos de refugiados y migrantes. Sólo se pueden lograr avances efectivos realizando esfuerzos conjuntos para abordar las causas de los desplazamientos y de la migración irregular”.
