Desde el Renacimiento, la razón de Estado ha sido una herramienta del poder para justificar cualquier comportamiento –moral o no– que tenga como finalidad asegurar la pervivencia del Estado.
Ya saben, ese fin que justifica a los medios de Maquiavelo. “Que la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier manera estará defendida”, aseguró el diplomático florentino en sus Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio.
Que los estados del siglo 21 continúen practicando esa raison d’État es una obviedad. La practican sin cortapisas autocráticas como la rusa o la turca, donde los opositores son envenenados o defenestrados, pero también se practica en estados que consideramos plenamente democráticos.
No obstante, en estos últimos esa razón de Estado debe estar aplacada y amparada por leyes democráticas que dibujen claramente el espectro posible de acciones que el poder se concede para enfrentar una amenaza. En España, esa claridad nunca existió.
Un aparato sin control
La comidilla política de estos días en Madrid y en Barcelona gira en torno a la desclasificación de sólidas pruebas que confirman lo que muchos dábamos por hecho: la existencia de un aparato policial sin control judicial que actuaba fuera de sus competencias y que fue ampliamente utilizado por el gabinete de Mariano Rajoy, el expresidente español.
La trama se ideó para desacreditar, perseguir y cortocircuitar a diferentes dirigentes independentistas catalanes y a docenas de personas relevantes proclives a la secesión catalana. Que el Estado español se defendiera de la posible secesión de uno de sus territorios cabe dentro de lo lógico.
El problema es que España se considera una democracia y estas no hacen investigaciones prospectivas, ni elaboran “carpetazos” contra líderes políticos rivales, ni realizan escuchas con dudoso amparo judicial.
Al fin y al cabo, sucede que ningún andamio legal mínimamente democrático podía impedir el empuje de una ciudadanía desarmada y no violenta que sólo hizo algo tan normal como votar. Por mucho que no se quiera, la autodeterminación es un derecho superior a la Constitución de cualquier nación que haya ratificado una legislación supranacional como la Carta de las Naciones Unidas que la ampara, como es el caso de España.
Por eso se empleó la violencia de las porras en 2017 y, antes y después de esa violencia directa, se empleó la de los turbios fontaneros de la guerra sucia que debían minar en lo posible lo que desde el Estado se consideraba una “amenaza terrorista” –ese es el término con el cual el Estado español todavía, y a pesar de los acuerdos de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, tilda al movimiento independentista en los documentos de Interpol.
Cabe preguntarse aquí cuántos muertos ha provocado el independentismo catalán para ser considerado una “amenaza terrorista”. Yo les digo: ni uno.
Campañas de desprestigio
Por ahora, ni un solo político del Partido Popular, el partido de Rajoy, hizo declaración alguna sobre los audios donde se confirma la espesa trama donde los ministros señalaban, los policías amañaban, los periodistas disparaban y los jueces remataban. A duras penas desde el PP se ha señalado que los policías “iban por libre” y que “el gobierno del PP no sabía nada”.
Las filtraciones indican todo lo contrario. Documentos y audios muestran la participación de Rajoy, sabedor de todo mediante comunicaciones ensobradas sin remitente, y la de dos ministros –el de Interior y el de Hacienda–, que ordenaban a los policías la creación de informes falsos para atacar a líderes independentistas como Jordi Pujol, Artur Mas –expresidentes catalanes– o Josep Trias –exalcalde de Barcelona.
Las informaciones falsas sobre políticos catalanes acostumbraban a ser supuestas cuentas de dinero en el extranjero pertenecientes a estos líderes con el fin de desprestigiarlos, hacerlos perder elecciones o emponzoñarlos con un largo proceso judicial, en el que en última instancia algunos ya han sido sobreseídos por no poder demostrarse fehacientemente ninguno de los delitos sugeridos por esta “policía patriótica”.
También se intimidó a empresarios, extorsionándoles con exhaustivas investigaciones fiscales, y a jueces y a fiscales díscolos que en algún momento representaron un problema. Más aún: dentro de esta trama también estuvo el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, que delante de Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior de Rajoy, se jactaba, ni más ni menos, de haber “destrozado el sistema sanitario (público catalán)”.
Los frutos del pacto del Psoe y los independentistas
Han sido más de 10 años de mentiras y de guerra sucia los que ahora empiezan a salir a la luz. A nadie se le escapa que este es uno de los frutos del pacto entre el Partido Socialista y los independentistas catalanes para la investidura de Sánchez.
El Gobierno español aseguró, a través de su portavoz, que “se llegará hasta las últimas consecuencias por la operación Cataluña del PP”, asegurando también que “estas prácticas se terminaron con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia”.
El Psoe también se abrió a que Rajoy comparezca en el Congreso para explicar la guerra sucia contra los catalanes. El mismo Sánchez dijo, en Radio Nacional de España, que “usar mecanismos del Estado tan importantes para perseguir adversarios políticos tiene pocos ejemplos en otras democracias consolidadas”.
Algunos ven estas filtraciones como una oportunidad única para limpiar el aparato del Estado, pero, a pesar de las palabras de Sánchez, en la idílica democracia consolidada española sorprendentemente todavía no hay ningún fiscal del Estado que haya abierto diligencias.
El Psoe sabe que abre ahora una brecha que deberá tapar con recaudo, porque estando en el poder también utilizó, tanto como pudo, a los fontaneros del Estado. La cloaca rebosa y, como diría Shakespeare, algo huele a podrido en el reino de España.
Es muy probable que, en cuanto se hayan hecho las futuras comisiones de investigación sobre el lawfare en el Congreso, las grabaciones y documentos intervenidos que ahora se empiezan a difundir permanezcan luego como secreto oficial.
¿Saben ustedes que la última reforma de la Ley de Secretos Oficiales española, realizada por Sánchez en 2022, permite que determinados documentos estén ocultos 50 años prorrogables? Sí… razones de Estado.
