Dos nuevos proyectos de ley presentados en el Congreso de la República del Perú proponen el restablecimiento del servicio militar obligatorio para jóvenes desempleados, sin estudios y con antecedentes judiciales.
Las propuestas, impulsadas por la Municipalidad de Los Olivos y la congresista María Acuña del partido Alianza para el Progreso, buscan frenar la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana.
El servicio militar obligatorio: ¿una solución a la inseguridad?
El servicio militar obligatorio fue suspendido en Perú en 1999, adoptando un modelo voluntario. Sin embargo, el aumento de la delincuencia juvenil y la inseguridad han reavivado el debate sobre su posible regreso.
Los proyectos de ley argumentan que la obligatoriedad del servicio militar podría alejar a los jóvenes de las redes delictivas y brindarles oportunidades de integración social.
Los puntos clave de los proyectos
- Iniciativa de Los Olivos: propone el servicio militar obligatorio para jóvenes desempleados por más de seis meses, sin estudios o con sentencias judiciales por omisión de asistencia familiar.
- Iniciativa de María Acuña: enfatiza que el servicio militar alejará a los jóvenes de la delincuencia y les brindará un entorno disciplinado con formación en valores.
- Objetivo común: ambas iniciativas buscan prevenir la delincuencia juvenil y promover la seguridad ciudadana a través de la formación y la disciplina.
- Compensación económica: se espera que los proyectos mantengan la compensación económica mensual y otros derechos que ofrece el servicio militar voluntario actual.
Opiniones divididas sobre la efectividad de la medida
El debate ha generado opiniones divididas. Algunos sectores apoyan el restablecimiento del servicio militar obligatorio como una herramienta para reducir la delincuencia juvenil.
Otros cuestionan su efectividad, argumentando que solo un pequeño porcentaje de los delincuentes en Perú son menores de edad. Según el Ministerio Público y el Poder Judicial, solo el 1% de los delincuentes son menores de edad, y menos del 9% de los sentenciados tienen 18 años o menos.
Riesgos de estigmatización y próximos pasos
Expertos en políticas públicas y derechos humanos advierten sobre el riesgo de estigmatizar a los jóvenes desempleados y sin estudios, considerándolos “sospechosos” de criminalidad. Los proyectos aún deben ser discutidos y evaluados por las comisiones correspondientes del Congreso.
El debate continúa, con defensores argumentando a favor de la implementación y otros instando a un análisis más profundo de sus posibles impactos sociales y económicos
