Desde lugares tan remotos como Eritrea, Uzbekistán, Pakistán o Guatemala, miles de personas siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos en busca de una última esperanza: el asilo. Hasta hace poco, este sistema ofrecía una vía legal y humanitaria para quienes huían de la persecución religiosa, política o sexual. Pero, desde el 20 de enero de este año, cuando Donald Trump asumió un segundo mandato presidencial, esa puerta se cerró de manera precipitada.
Con una serie de órdenes ejecutivas (equivalentes a los decretos de necesidad y urgencia en Argentina), el mandatario estadounidense suspendió de forma indefinida el sistema de asilo, describiendo el flujo migratorio como una “invasión” que debía detenerse a toda costa. La medida marcó un giro radical en la política migratoria estadounidense y dejó a miles de personas –muchas de ellas con solicitudes activas– en una situación de total incertidumbre.
Un caso que ilustra el drama es el de un trabajador electoral ruso que, tras denunciar fraude en su país, huyó con su familia a México en mayo de 2024. Durante meses siguieron los canales establecidos, esperando con paciencia su entrevista de asilo, programada para el 2 de febrero. Pero apenas Trump asumió el poder, el sistema para agendar entrevistas fue desmantelado y decenas de miles de citas fueron canceladas sin aviso ni posibilidad de apelación. El 26 de febrero, él, su esposa y su hijo fueron esposados y deportados a Costa Rica.
Traicionados
“Nos sentimos traicionados”, dijo a la prensa. “Hicimos todo bien”. Su historia no es única. Abogados y activistas describen una situación caótica, en la que los solicitantes de asilo son expulsados sin entrevistas, mientras otros languidecen en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Este organismo fue creado en 2003 mediante la fusión de los elementos de investigación y de control migratorio interior del antiguo Servicio de Aduanas del país. Las reglas son borrosas, inconsistentes y muchas veces desconocidas incluso para los defensores legales.
“La situación ha cambiado tan drásticamente que ya casi no recibimos llamadas de personas que buscan ayuda con solicitudes de asilo”, afirma Paulina Reyes-Perrariz, directora en San Diego del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes. “Es realmente difícil asesorar cuando ni siquiera sabemos qué proceso aplicar”.
La suspensión del asilo ha desencadenado una tormenta legal. Varias organizaciones, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, han presentado demandas en las que cuestionan la legalidad de las medidas. Una batalla crucial gira en torno a si el uso del término “invasión” por parte del Gobierno puede ser revisado por los tribunales para justificar la cancelación del asilo. La administración Trump sostiene que es un “asunto político irrevisable”, mientras que los defensores de los derechos humanos argumentan que esta postura viola compromisos internacionales y principios básicos del debido proceso.
Cruces ilegales
Aunque los cruces ilegales de la frontera disminuyeron de manera drástica con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el flujo migratorio no se ha detenido por completo. Más de 200 personas continúan siendo detenidas cada día por cruzar ilegalmente, muchas de ellas con la intención de solicitar asilo, aunque no existen datos oficiales sobre cuántas de esas solicitudes siquiera son procesadas.
Para acelerar las deportaciones, el Gobierno comenzó a utilizar a países como Costa Rica y Panamá como “puentes”, enviando allí a migrantes mientras se decide su destino final. Sólo en los primeros meses del año, unos 500 inmigrantes fueron trasladados a estos países, mientras esperan poder regresar a sus naciones de origen o buscar refugio en terceros países.
El sistema de asilo, según algunos críticos, ha sido durante años objeto de abusos. Entre un tercio y la mitad de las solicitudes fueron aprobadas en los últimos años, lo que, para sectores más conservadores, indica un nivel de permisividad insostenible. Incluso figuras históricamente favorables a los derechos migratorios, como el excongresista demócrata Barney Frank, han defendido mayores restricciones en medio del aumento masivo de solicitudes.
Pero más allá del debate político, en el terreno humano, las consecuencias de la suspensión del asilo son devastadoras. El trabajador ruso y su familia aún permanecen en Costa Rica, sin saber qué les espera. Enseñan idiomas a su hijo y organizan actividades para sobrellevar la espera. No sienten odio hacia Estados Unidos, pero tampoco entienden por qué, después de cumplir con todas las reglas, se les negó la oportunidad de ser escuchados.
“Lucho contra la desesperación todos los días”, confesó. “Hice lo correcto, y sin embargo, fracasé”.
La política migratoria bajo Trump ha cambiado el rostro del asilo en Estados Unidos. Lo que antes fue un derecho garantizado para quienes huían de la violencia y la represión, hoy es una promesa rota, un futuro incierto para miles de personas atrapadas entre fronteras, sin país y sin voz.
