Que nuestro sistema impositivo tiene cuestiones que contradicen toda lógica tributaria no es ninguna novedad. Un claro ejemplo de ello es el proyecto de ajuste por inflación, que acaba aprobar Diputados y pasa esta semana al Senado de la Nación.
Los congresistas siguen insistiendo en temas que van en contra no sólo del principio de equidad entre contribuyentes sino también de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Así, para lograr una mayor recaudación inmediata corren el riesgo de incrementar los reclamos judiciales, con un resultado más gravoso en el futuro.
El ajuste por inflación para la liquidación del Impuesto a las Ganancias tuvo y sigue teniendo un manoseo normativo evidente. Durante los gobiernos anteriores, se negó el problema, se falsearon los índices de precios y ni siquiera se admitió que la inflación distorsionó los balances a través de 12 años.
La gestión actual reconoció el tema, pero admitió una actualización gradual, para moderar el impacto en la recaudación.
En diciembre de 2017, se incluyó en la reforma tributaria el ajuste por inflación impositivo desde 2018, si el aumento de precios superaba el 100 por ciento en tres años (en línea con las normas internacionales que sí se aplicarán para el balance contable).
En la transición, se estableció un piso de 33,33 por ciento para el primer año y de 66,67 por ciento para el segundo. Es claro que la intención era que el ajuste no se hiciera efectivo, porque la inflación prevista era menor.
Como la realidad cambió, en agosto último apareció el primer cambio, que fijó en 40 por ciento la variación de precios el primer año.
Pero como ese piso para empezar a ajustar también se va a superar, el proyecto ahora quedó en 55,30 y 15 por ciento cada año.
Así, a las empresas la única salida que las normas les ofrecen para mitigar el impacto inflacionario en el pago de los tributos es el revalúo impositivo. También se incluyó en la reforma de 2017, pero su adhesión se fue postergando por la crisis, ya que elegir esta vía implica pagar un impuesto de entre el cinco y el 15 por ciento, con un alto costo financiero en este contexto.
Revalúo y confiscatoriedad
La otra opción es concurrir a la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de las normas que impiden la actualización de los balances, amparadas en el precedente del caso Candy (el fallo testigo de la Corte Suprema que avaló el ajuste). Quien opte por el revalúo debe desistir de esta posibilidad.
“Con los nuevos parámetros irracionales que bloquean el ajuste por inflación, la Corte debería mantener la doctrina de ese fallo y los más de 140 que siguieron”, dijo Matías Olivero Vila, del Estudio Bruchou, Fernández, Madero y Lombardi, en el seminario anual tributario de la Unión Industrial de Córdoba (UIC).
El máximo tribunal permite la actualización cuando las empresas pueden probar que el pago del impuesto es confiscatorio (con una alícuota muy superior al 35 por ciento legal). Es de esperar que con una inflación mayor al 45 por ciento en 2018, más la que se acumuló en los últimos años, ese porcentaje sea superado y haya más empresas a las cuales les convenga hacer juicio.
Una solución que a la larga es negativa tanto para los contribuyentes (sobre todo para quienes no pueden litigar) como para el Estado, porque sólo reclamarán quienes tendrían que tributar de más, pero no lo harán aquellos a quienes el ajuste les daría un impuesto mayor.
