La industria textil argentina enfrenta un desafío sin precedentes debido al arribo masivo de prendas de segunda mano, un fenómeno que se intensificó tras la eliminación de las normativas que, por casi tres décadas, restringieron este tipo de comercio.
Según datos de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria, solo en los primeros cuatro meses de 2025 ingresaron al país cerca de 200 camiones con ropa usada, acumulando un total anual de 3.521 toneladas, lo que representa el 11% de las importaciones totales de prendas de vestir.
Este crecimiento consolidó un corredor logístico eficiente donde el 90% de la mercadería proviene de Chile y el 84% ingresa por la aduana de Jujuy, con destino final en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La principal alarma para el sector es la competencia desleal: el precio promedio de la ropa usada es de apenas 1,2 dólares por kilo, frente a los 18,4 dólares que cuesta el kilo de indumentaria nueva importada.
Esta disparidad, sumada a la crisis del poder adquisitivo y la inflación, volcó a los consumidores hacia ferias barriales y mercados informales, provocando una caída drástica en las ventas de fabricación nacional.
El impacto en el empleo ya es visible: empresas referentes como TN & Platex anunciaron despidos en plantas de La Rioja debido a la contracción del consumo y la presión de las importaciones.
También es un problema sanitario y ambiental
Además del daño económico, las cámaras industriales advierten sobre la ausencia de controles sanitarios y el potencial desastre ambiental.
Existe el temor de que Argentina repita la experiencia del desierto de Atacama en Chile, donde toneladas de ropa sintética descartada se convirtió en focos críticos de contaminación.
Ante esta situación, los industriales y sindicatos textiles exigen al Estado la restitución de marcos regulatorios que impongan barreras sanitarias y ambientales, con el fin de preservar los puestos de trabajo y limitar el avance arrollador de la ropa de descarte extranjera.
