El Gobierno enfatizó el equilibrio fiscal como uno de sus principales objetivos al asumir el mandato y pareció reafirmarlo el auncio de la intención de firmar el “pacto de mayo” en el discurso presidencial en la apertura de sesiones.
Este enfoque -la búsqueda del equilibrio fiscal- permitió alcanzar un superávit financiero de $518.408 millones en enero, equivalente a un 0,2% del PBI. Este resultado financiero positivo fue producto de un superávit primario superior a $2 billones y del pago de intereses de la deuda pública, que ascendió a casi $1,5 billones.
Sin embargo, este logro no está exento de controversia, ya que una gran parte se ha alcanzado a expensas de la licuación del gasto, sobre todo de las jubilaciones y del gasto social en general.
Dentro de las reducciones del gasto, lo que más se redujo en términos reales fueron los programas sociales (-59,5%), las jubilaciones y pensiones (-32,5%), y los gastos en personal (-18%) respecto al mismo período del 2023. Esto significa que el sustento del superávit fiscal depende fuertemente de la inflación y, particularmente, de la persistencia de una inflación elevada. Con respecto a los ingresos reales, se mantuvieron prácticamente constantes en relación con un año atrás.
Por lo tanto, se plantean importantes interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo del equilibrio fiscal.
Sin ir más lejos, los datos de las cuentas públicas de febrero ya demuestran que los resultados extraordinarios conseguidos por el gobierno en enero difícilmente se puedan sostener en los meses subsiguientes. Según números del sitio oficial del Presupuesto Abierto, en el mes de febrero se habría producido un déficit financiero de $ 294.444 millones, aunque hay que tener en cuenta que este dato es sobre el gasto devengado, es decir, que no necesariamente se han pagado los compromisos enunciados.
Además, la alerta más clara de insostenibilidad es que la actual estrategia necesita de alta inflación para continuar con la tendencia decreciente del gasto público.
El desequilibrio fiscal a lo largo de los años
En los últimos 60 años, sólo 6 años fueron de superávit fiscal entre 2003 y 2011. Sin embargo, lejos de ser un superávit producto de cuentas públicas sanas, se atribuyó a una serie de factores coyunturales que desaparecieron rápidamente:
1. Contexto internacional favorable. La economía global experimentó un período de crecimiento y estabilidad durante esos años, con precios internacionales históricamente elevados lo cual benefició al país al aumentar los ingresos fiscales tras el incremento de las exportaciones.
2. La contabilidad pública no registró como gastos los intereses que devengaba la deuda en default. Esto es, no se reconocían los intereses acumulados como gastos en las cuentas públicas.
3. Cientos de juicios de jubilados agraviados a los que no se les respetó la movilidad de sus haberes. Estos litigios han creado presiones financieras adicionales en el sistema previsional argentino.
4. Traspaso de las AFJP al Estado. En 2008, el gobierno eliminó las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y transfirió los fondos acumulados por los afiliados al sistema estatal de reparto, generando una fuente de financiamiento extraordinaria que fue computada como ingreso.
5. Todo esto se dio en el marco de una fuerte licuación del gasto público producido por la mega-devaluación de 2002 y la cesación de pagos de la deuda pública.
Como el equilibrio fiscal no era genuino, y no se supieron aprovechar los términos de intercambio favorables, las cuentas públicas volvieron rápidamente a estar en rojo en 2012.
Se suma así otra década de desequilibrios fiscales que llegan hasta el día de hoy, caracterizados por un gasto consistentemente superior a los ingresos. El abultado incremento de la emisión monetaria de los últimos años es el resultado directo de este descalabro fiscal.
Hasta la actualidad, la búsqueda del equilibrio fiscal y que sea sostenido en el tiempo siguen siendo grandes desafíos para lograr la estabilidad macroeconómica. En especial, para bajar la inflación a un dígito anual.
Cómo equilibrar las cuentas públicas de manera sostenida
El desafío debe ir más allá de simplemente alcanzar un déficit fiscal cero. Limitarse a buscar únicamente el equilibrio financiero, descuidando la calidad de los impuestos y la asignación del gasto público, es un enfoque que refleja una tendencia ya conocida hacia el ajuste. Sin embargo, la historia argentina ya ha demostrado que el cortoplacismo del “lápiz rojo” no funciona, y que son necesarias transformaciones de mayor envergadura en el Estado.
Esto implica lograr una solidez financiera y de gestión a través de una reforma integral del Estado.
Esto incluye la necesidad de cambios disruptivos en varios frentes: una reorganización previsional que garantice la sustentabilidad y equidad, un ordenamiento funcional que elimine la burocracia y gastos redundantes, una simplificación y unificación del sistema tributario, y una redistribución de los ingresos públicos que respete la correspondencia fiscal eliminando el esquema actual de coparticipación.
