En el tercer trimestre de 2023, la tasa de desempleo fue de 5,7%, según la última información publicada por el Indec. Disminuyó 1,4 puntos respecto de igual período del año pasado y es la tasa de desempleo más baja desde que se tienen registros de datos de mercado laboral del instituo de estadística nacional.
Sin embargo, lo que pueden parecer buenas noticias en realidad no lo son tanto. A pesar de la baja tasa de desempleo, el mercado laboral de Argentina continúa con una estructura muy precaria. El 35% de las personas en edad de trabajar está sin trabajo o tiene un plan social (desempleados, inactivos, beneficiarios de planes sociales), el 25% tiene un empleo privado formal, el 11% es empleo público y el restante 29% es empleo informal. Lo anterior denota que sólo una pequeña fracción de las personas acceden a un trabajo de relativa calidad, mientras que a casi tres de cada cuatro personas se les dificulta obtener un buen empleo.
La situación social tiene injerencia directa en la forma en que funciona el mercado de trabajo, lo cual se corresponde a los niveles de pobreza, del orden del 40%, de la actualidad.
No se crean puestos de trabajo
El principal problema del mercado laboral argentino es que no se crean puestos de trabajo de calidad. En las últimas dos décadas, a pesar de tratarse de períodos económicos bien distintos, el empleo asalariado registrado no creció.
Entre 2002 y 2011 hubo una inusual bonanza económica a nivel mundial. Desde 2012 en adelante, bajo condiciones externas no tan favorables, se regresó al estancamiento económico. Durante este período, la población urbana en edad de trabajar experimentó un aumento de unos seis millones de individuos. La mitad consiguió trabajo en el sector privado. La otra mitad se dividió entre empleo público (17%) y empleo informal o cuentapropista (33%).
Es decir, sólo una de cada dos personas en edad de trabajar consiguió un trabajo de calidad. La variable más relevante para explicar la dinámica laboral es que apenas la mitad de los puestos de trabajo creados corresponden a empleos privados formales. La inactividad laboral se mantiene muy alta, y aproximadamente la mitad del flujo de crecimiento en el empleo son ocupaciones de baja calidad. Estos datos sugieren que la Argentina tiene una debilidad estructural en la generación de empleos de calidad, que va más allá del mediocre desempeño de la economía.
Fuerte deterioro en los salarios
Argentina tiene un mercado de trabajo fuertemente segmentado. La mitad de los trabajadores está ocupando puestos de trabajo de muy baja productividad. Esto queda reflejado en una remuneración promedio que equivale a menos de la mitad de la del segmento más formal y dinámico.
Pero la principal causa del deterioro en los ingresos es la inflación. Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2023, los trabajadores registrados perdieron 16 puntos porcentuales de ingresos contra la inflación. Mientras que, en el caso de los trabajadores no registrados, la diferencia fue de 244 puntos porcentuales.
La salida es ordenar el Estado y modernizar las instituciones laborales
La sostenida caída del salario real se origina en el mal funcionamiento de la economía, que, a su vez, deriva del desorden en el sector público. Lo que viene prevaleciendo desde hace décadas es una propensión sistemática a gastar por encima de los recursos y a la degradación en la calidad de los servicios del Estado.
Para recuperar ingresos, es imperativo abordar el ordenamiento integral del sector público. Esto es, equilibrar las cuentas públicas y aumentar la cantidad y calidad de bienes públicos sobre la base de la incorporación de las mejores prácticas en la gestión del Estado.
Pero, además, otro de los principales obstáculos al crecimiento del empleo son las instituciones laborales. Entre las principales limitaciones a la creación de empleos de calidad, se encuentran los altos costos laborales no salariales (cargas sociales), las escalas salariales y otras condiciones laborales impuestas por los convenios colectivos sectoriales y la incertidumbre que genera la indemnización por despido, que se ve aumentada por una serie de multas que, en lugar de ir al Estado, se destinan al trabajador y a los honorarios de abogados. Esto genera incertidumbre y un costo desproporcionado –al finalizar una relación laboral– que atenta contra la contratación formal de trabajadores y contra la proliferación de puestos laborales de calidad.
