El primer mes del año, que a la vez es el primer mes completo de gestión del nuevo gobierno, finalizó con un resultado financiero positivo de 500 mil millones de pesos, de acuerdo a los datos del Ministerio de Economía.
En un contexto donde gastar por encima de los ingresos ha sido una política transversal a diversas administraciones, no se trata de un logro menor. Poder convencer a la sociedad de tomar conciencia de que los crónicos déficits fiscales son una “política de Estado” equivocada, que lleva a excesos de deuda y emisión, es un paso esencial para salir de la decadencia.
Sin embargo, si se analiza la evolución del gasto público, se observa que el gasto primario cayó un 39% en términos reales, y allí la reducción de las transferencias corrientes y de capital a provincias equivale a 0,4 billones de pesos, mientras que la caída real en las jubilaciones equivale a casi 1 billón de pesos.
Por lo tanto, el sustento del superávit fiscal fue la fuerte licuación de los gastos, sobre todo de jubilaciones, mientras que la contribución al superávit fiscal hecha por la reducción en las transferencias discrecionales a las provincias fue bastante menor. Sin embargo, generó más reacciones y drásticas amenazas que la disconformidad de los jubilados, exhibiendo así un gran desbalance entre la intensidad de los ajustes y la intensidad de los conflictos.
Se deben eliminar todos los programas nacionales en funciones provinciales
La eliminación de ciertas transferencias, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente y los subsidios al transporte, causaron unánimes reacciones en contra por parte de las provincias.
Siguiendo lo establecido en la Constitución Nacional, las provincias se reservan para sí la administración municipal y de la educación básica. En este sentido, son las provincias con sus municipios las que regulan, financian y gestionan el transporte público urbano de pasajeros. Del mismo modo, son las provincias las que financian y gestionan las escuelas, por lo tanto, son ellas las que deben abonar la totalidad del salario docente. Esto evidencia que el Fonid y los subsidios nacionales al boleto de colectivo nunca deberían haber existido.
No obstante, históricamente, los funcionarios que asumen cargos en el Gobierno nacional se sienten tentados a brindar “ayudas” a las provincias y sus municipios en lo que son funciones exclusivamente provinciales y municipales. El Fonid y los subsidios al transporte urbano son sólo dos ejemplos de una práctica mucho más extendida. Si se considera la totalidad de los programas nacionales que existen en prácticamente todos los Ministerios nacionales pensados para “ayudar” a las provincias y municipios, se estima que el Estado nacional está gastando casi 3% del PIB en funciones que no son nacionales.
Si bien la eliminación de las transferencias discrecionales a las provincias va en la dirección correcta, debido a que representan una intromisión de la Nación en funciones que son de las provincias y sus municipios, el proceso no debería ser hecho de una manera tan abrupta y sin aviso. La terminación de los programas nacionales en funciones provinciales debe ser hecho en el marco de un nuevo acuerdo de coordinación fiscal y funcional entre la Nación y las provincias.
Este nuevo acuerdo de coordinación fiscal debería separar los tributos que financiarán al Estado nacional y fijar claramente las funciones nacionales (que son todas las funciones interprovinciales) y, por otro lado, definir cuáles serán los tributos que financiarán a las provincias y sus municipios para cumplir con las funciones provinciales y municipales. Un ordenamiento del federalismo con estas características permitiría incluso prescindir de la tan controvertida y denostada coparticipación de impuesto y los programas nacionales en funciones provinciales, ya que se estaría separando los tributos y funciones nacionales, por un lado, y los tributos y funciones provinciales y municipales, por el otro.
Jubilados, los más perjudicados del ajuste
La reducción en el valor real de las jubilaciones y pensiones se explica por la diferencia entre la aplicación de la fórmula de movilidad y la inflación.
Los países ordenados tienen muy baja inflación, de no más de 2% o 3% anual. Por lo tanto, el índice de movilidad jubilatoria en estos países no genera ninguna discusión o preocupación. Eligen índices vinculados a inflación, salarios o una combinación de ambos, pero no pierden tiempo en esta discusión.
En Argentina, la situación es diferente. Con niveles de inflación anuales extremadamente altos, la discusión sobre cómo se ajustan las jubilaciones pasa a ser relevante, dado que, al ser el principal componente de gasto público, resulta tentador para las autoridades económicas jugar con la fórmula de movilidad para que las jubilaciones se licúen con la inflación y, de esta manera, mantener controlado el gasto.
Sin embargo, el tema de la movilidad está tan politizado que ir hacia una fórmula “normal” trae protestas de opositores y grandes discrepancias. En la actualidad, la fórmula de movilidad que rige se aplica cada 3 meses y surge de la sumatoria de un 50% por variación de los salarios y 50% por el aumento de la recaudación de tributos que financian la Anses.
Hay que señalar que esta fórmula fue inventada en 2008 cuando el Indec distorsionaba la medición de la inflación. En 2016 el Indec fue normalizado y la fórmula de movilidad se cambió a 70% inflación y 30% salarios. En 2019, el gobierno de Alberto Fernández vuelve a la fórmula anterior, no por una razón técnica, sino por una impronta de restauración de las normas que había en el gobierno de Cristina Fernández.
Lo que corresponde es ajustar las jubilaciones de manera mensual por la inflación pasada, dado que es la inflación la que erosiona las jubilaciones, y dejar de hablar de la movilidad para pasar a hablar de la agenda de políticas estructurales para ordenar el sistema previsional que es estructuralmente deficitario.
El camino hacia una estrategia fiscal sostenible
El ajuste basado en la licuación se sostiene mientras se mantenga la inflación. Cuando la inflación empieza a bajar se produce el efecto inverso. Por un lado, porque los sindicatos y las organizaciones sociales presionan para recomponer salarios y planes sociales y, por otro, porque los ajustes por fórmula de movilidad también tienden a recomponer jubilaciones y asignaciones familiares.
Por lo tanto, para alcanzar un equilibrio financiero sustentable sin inflación es imprescindible un ordenamiento integral del Estado. Se necesita un acuerdo de coordinación entre los tres niveles de gobierno para unificar impuestos nacionales, provinciales y municipales y eliminar solapamiento de gastos nacionales por encima de los gastos que ya hacen las provincias y sus municipios para cumplir con sus funciones. En otras palabras, es necesario avanzar en la unificación y la simplificación de impuestos y que cada jurisdicción sea responsable de generar los ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Esto no sólo traerá aparejado el equilibrio financiero sino también la mejora en la gestión pública.
(*) Equipo Idesa
