Entrado el segundo año del gobierno de Milei, los indicadores macroeconómicos muestran señales mixtas. El frente fiscal se mantiene sólido: el primer bimestre de 2025 cerró con un superávit financiero estimado en 0,1% del PBI, lo que refuerza la continuidad del ajuste iniciado en 2024. Sin embargo, esta estabilidad fiscal no alcanzó para contener las crecientes tensiones en el mercado cambiario, que vuelven a poner en duda la sostenibilidad del esquema actual.
Uno de los indicadores que enciende alarmas es el nivel de reservas internacionales brutas del Banco Central. Después de subir de 23 mil millones de dólares en diciembre de 2023 a un pico de 30 mil millones a fines de 2024, las reservas cayeron a 26 mil millones en marzo de 2025. La tendencia es descendente y responde a una combinación de factores estructurales y decisiones de política económica.
Durante los primeros dos meses del año, la balanza comercial de bienes arrojó un superávit de 1.200 millones de dólares. Sin embargo, este resultado fue más que compensado por un déficit en la balanza de servicios de 2.200 millones, donde el turismo al exterior representó aproximadamente el 85%. Aquí jugó un papel importante el atraso en el precio del dólar y la devaluación del real brasileño sobre finales del año pasado.
A esto se sumaron pagos de intereses de deuda por 2.000 millones de dólares. En total, el Banco Central enfrentó una necesidad neta de divisas cercana a los 3.000 millones. De ese monto, solo 1.000 millones se cubrieron con ingreso neto de capitales; el resto se financió con reservas.
Cómo impacta la situación cambiaria en un nuevo acuerdo con el FMI
El deterioro de la cuenta externa ocurre en un momento en el que el gobierno busca cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La negociación tiene dos objetivos centrales para Argentina: reestructurar los vencimientos del programa vigente —que suman cerca de 14 mil millones de dólares en los próximos cuatro años— y obtener fondos adicionales para reforzar las reservas, clave para una eventual salida del cepo. El monto en discusión rondaría los 20 mil millones de dólares.
Lo paradójico es que Argentina llega al Fondo sin desequilibrios fiscales graves —algo inusual en su historial reciente—, pero el acuerdo se demora. Es probable que el principal punto de fricción sea la preocupación del FMI por la sostenibilidad del esquema cambiario actual y el riesgo de que cualquier desembolso adicional sea utilizado para financiar el turismo o la salida de capitales. Lo cual tiene fundamentos en la reciente evolución de las reservas internacionales.
La política de “crawling peg” que viene manteniendo el gobierno con una devaluación del 1% mensual sigue apreciando el peso en términos reales. Esta dinámica, combinada con el dólar “blend” para exportadores y las múltiples regulaciones que implica el cepo, desalientan las exportaciones y golpean especialmente a las industrias que compiten con productos importados. Es decir, se ve erosionada la competitividad.
Entre un cambio de régimen y reformas
Frente a este panorama, un tipo de cambio que desaliente las importaciones de bienes y servicios y la fuga de dólares e incentive las exportaciones y el ingreso de capitales, contribuiría también a mejorar la competitividad externa. El gobierno se mantiene reticente a ello debido a los posibles impactos inflacionarios. No obstante, esa eventual corrección del tipo de cambio se daría en un contexto de superávit fiscal que lo limitaría a un ajuste puntual y moderado.
Sin embargo, el verdadero punto de inflexión sería avanzar con reformas estructurales que mejoren la competitividad y refuercen la credibilidad del plan económico. Un primer paso posible es la revisión del sistema previsional tras el vencimiento de las moratorias. Esto no solo facilitaría un acuerdo con el FMI, sino que también ayudaría a estabilizar expectativas y bajar el riesgo país.
*Economista de Idesa
