- Las herramientas para aliviar la carga están en la ley.
- Introducir elementos que trastocan el funcionamiento del tributo sólo genera distorsiones.
- El mismo efecto se puede lograr actualizando los montos de las deducciones y las escalas de alícuotas.
Cuando a mediados de febrero el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, dio a conocer su proyecto para aliviar la carga fiscal del Impuesto a las Ganancias sobre empleados y jubilados, los tributaristas quedaron con una amarga sensación: otra vez se podía repetir el 2013 y 2015.
Al igual que en septiembre de 2013, el texto de la iniciativa oficial actual fija un determinado valor salarial (150 mil pesos brutos) por debajo del cual los trabajadores quedan exentos; y si lo superan en un peso, quedan sujetos a la imposición. El proyecto no dice cómo, pero encomienda a la autoridad de aplicación eliminar eventuales distorsiones hasta otro rango salarial (175 mil pesos).
Liquidar el impuesto en esos tres años fue enrevesado (regían varias tablas de deducciones, según el salario de partida) y provocó situaciones muy distorsivas entre personas con la misma situación. Insistir en fórmulas “creativas” debería evitarse.
Las herramientas están
Si lo que se quiere es lograr que se empiece a tributar desde niveles de ingreso más altos, la mejor forma de hacerlo es actualizar los valores de las deducciones y las escalas de alícuotas sin incorporar elementos distorsivos que alteran la forma de cálculo del impuesto.
Ganancias es un tributo anual, que en el caso de empleados y de jubilados se va pagando “a cuenta” mediante retenciones sobre sueldos y haberes.
Tiene una forma de cálculo bastante simple en su concepción: a los ingresos gravados se les restan las deducciones permitidas, y sobre el saldo se aplica una alícuota progresiva.
Los montos son anuales; por eso, los cambios deben aplicarse desde enero y para todo el año fiscal (si rigiera desde otro mes, sería otra distorsión).
Los parámetros son los mismos para todos los niveles de ingreso y esto permite que tengan un mayor impacto en quienes menos cobran. Con determinados montos de deducciones, se evita que personas por debajo de determinados salarios queden alcanzados (el objetivo de esta reforma).
Este diseño impide los saltos distorsivos entre quienes cobran un peso menos o un peso más que los topes mínimos.
El problema de Ganancias no es hoy otro que la insuficiente actualización de sus parámetros ante una inflación galopante. Los ajustes discrecionales, que se agravaron entre 2002 y 2016, se resolvieron con una ley que incluyó un ajuste automático en función de la evolución salarial.
Esa reforma se quedó a mitad de camino. Primero, porque la variable de ajuste debería haber sido la inflación; segundo, porque la nueva escala de alícuotas fue insuficiente para resolver las distorsiones acumuladas durante tanto tiempo (la anterior databa de la época del exministro de Economía José Luis Machinea).
Hoy, la progresividad sólo se da en los niveles más bajos de los salarios gravados y rápidamente se alcanza la tasa máxima del 35 por ciento.
En definitiva, el objetivo que persigue la reforma que por estos días está en el Congreso podría lograrse aumentando las deducciones (para todos, incluidos autónomos), actualizando la escala de alícuotas y, en último caso, definiendo ítems de pago extraordinario para que estén exentos. El aguinaldo no necesita una exención especial: se resuelve ajustando más las deducciones.
Poner un tope salarial de 150 mil pesos (que además es bruto, cuando lo que importa a los trabajadores es el neto) sólo traerá complicaciones en la liquidación y distorsiones en el pago, sin resolver el problema de fondo: el impacto de la inflación en la carga que soportan los trabajadores.
