En las últimas ocho décadas, salvo en una de ellas, el gran problema económico de Argentina ha sido la alta tasa de inflación. Y durante ese largo derrotero, en las pocas oportunidades en que se logró bajar la inflación, ocurrió acompañado de un tipo de cambio relativamente bajo, que dejó más expuestos los problemas estructurales de competitividad. Sin competitividad no hay exportaciones y sin exportaciones no hay crecimiento. Ergo, a largo plazo, quien logre bajar la inflación en forma permanente, y a la vez generar un régimen cambiario y reformas estructurales que mejoren la competitividad estructural y permitan a nuestras empresas competir en el mundo, habrá puesto a la Argentina en el camino del crecimiento económico.
Por supuesto, la tarea de estabilizar la economía y mejorar su competitividad no es sencilla, y resulta aún más desafiante en un país federal. ¿Por qué? Porque, además de la voluntad política necesaria para impulsar las reformas a nivel de gobierno nacional, se requiere también similar voluntad en los gobiernos de nivel intermedio (provincias en el caso de Argentina), que en un país federal cuentan con autonomía. Y también de los municipios.
Para bajar la inflación a niveles internacionales, en un país como Argentina, con su historia y presente, se requiere equilibrar las cuentas públicas, para así controlar la emisión de dinero. Como en 2023 el déficit fiscal nacional más provincial era de 4,6% del PIB y la presión tributaria era alta (8,6 puntos del PIB mayor en 2023 que en 2000), para lograr el equilibrio fiscal no quedaba otra que bajar fuertemente el gasto público. ¿Quién, Nación o provincias? Ambos, porque entre 2000 y 2023 el gasto público nacional había subido 4,8 puntos del PIB, y 2,6 puntos en el caso del conjunto de provincias.
El exceso de gasto era evidente en ambos niveles de gobierno. Si Nación no ajustaba su gasto y lo exigía en provincias, hubiésemos estado en un problema de “federalismo”. Si ambos niveles de gobierno ajustaban su gasto, más que un problema de federalismo, se trataría de un intento conjunto de estabilizar la economía, aportando cada uno su parte, porque ambos generaron el problema. ¿Y qué pasó con el gasto en 2024? Se ajustó un 26% anual real a nivel nacional y un 17% en provincias. Aún si no se tuvieran en cuenta los fuertes recortes en las transferencias discrecionales a las provincias que llevó a cabo el Gobierno nacional en 2024, el resto de sus erogaciones hubiesen bajado un 23% el año pasado. Aprobado: ambos niveles de gobierno aportaron a la baja de la inflación en 2024.
Pero para crecer también se requiere ser competitivos. Máxime si con la estabilización el tipo de cambio real se ubica en niveles relativamente bajos. Entre otros, se necesitan reforma laboral, mejor infraestructura y menores impuestos. Para bajar impuestos, manteniendo el equilibrio fiscal que se necesita para disminuir la inflación, se debe reducir aún más el peso del gasto. Ambos niveles de gobierno deben seguir bajando el gasto y los impuestos para tener una economía estable y competitiva. Los municipios también.
¿Pero qué está pasando con el gasto público en lo que va de 2025? A nivel nacional, entre enero y mayo baja un 0,2% anual real, pero, en un conjunto de 17 provincias que publicaron datos del primer trimestre, sus erogaciones suben un 21% anual. Si esta situación se confirma para el consolidado de 24 jurisdicciones, estaríamos en un problema, porque se estaría revirtiendo el ajuste provincial del año previo.
En este contexto económico y político, se presentaron sendos proyectos de ley al Congreso, impulsados por los gobernadores, para que los ATN de la ley de coparticipación se repartan en forma automática a provincias y para que la participación de las provincias en el reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles pase del 25% al 57%. En ambos casos, los mayores ingresos para provincias serían de libre disponibilidad.
Si bien ambos proyectos, de aprobarse, no eliminan por completo el superávit fiscal nacional (lo reducen a algo menos de la mitad), presentan problemas para los objetivos de mejorar la competitividad. En todo caso, se justificaría el envío automático de ATN a provincias si por el mismo monto estas bajaran impuestos distorsivos (por ejemplo, un tercio del Impuesto de Sellos). Sería muy mala idea que los recursos extras alimentaran el gasto corriente.
Respecto de la reforma en la distribución del impuesto a los combustibles, dado que la porción de recursos que perdería la Nación se utiliza actualmente (o debería utilizarse) en la construcción y mantenimiento de infraestructura vial e hídrica, lo lógico sería que, de aprobarse la ley, las provincias pasaran a hacerse cargo de dicha construcción o mantenimiento. Pero esa responsabilidad no se incluye en el proyecto de ley. ¿Quién se hará cargo entonces de la infraestructura nacional? Se requiere un nuevo acuerdo, que delimite las responsabilidades que asumirán las provincias al respecto, y luego modificar la ley en ese sentido.
¿Cómo alinear incentivos entre niveles de gobierno en un país federal para lograr estabilizar la economía y ganar competitividad? Desde la política real, es un problema de incentivos e intereses. Bajar la inflación le genera votos al Presidente, no a los gobernadores e intendentes. A estos, para obtener votos, les interesa aumentar la obra pública, subir salarios, minimizar los conflictos en un año electoral. Esto último conduce a un mayor gasto público, y deteriora las posibilidades de estabilizar y darle competitividad a la economía.
¿Qué “palancas” tiene un presidente en Argentina para alinear incentivos de gobernadores e intendentes? Históricamente, se usaron con este fin las transferencias discrecionales. Pero aquí el actual Gobierno tiene un problema, pues el año pasado prácticamente eliminó las transferencias discrecionales, y una de las pocas que le quedan, los ATN, con el proyecto de los gobernadores pasarían a ser de carácter automático.
¿Cuál es uno de los pocos incentivos que puede ofrecer el Gobierno nacional a los provinciales para que apoyen sus iniciativas y fortalezcan el proceso de estabilización y mejora de la competitividad? A mediano plazo, sólo el acceso al endeudamiento externo, que debe ser autorizado por el poder central. Con financiamiento, las provincias podrían exhibir mayores niveles de obra pública. Y tienen actualmente capacidad de endeudamiento, pues su stock de deuda pasó del 7,4% del PIB en 2019 al 3,9% en 2024.
No obstante, para que tanto Nación como provincias accedan al financiamiento externo que ayude a viabilizar la transición, debe bajar el riesgo país, como mínimo 200 puntos. Pero el riesgo país difícilmente baje en un contexto en que la oposición pretende aprobar leyes sobre jubilaciones y otras obligaciones que dinamitan el equilibrio fiscal y las posibilidades de mejorar la competitividad. En definitiva, un perro que se muerde la cola.
*Vicepresidente del Ieral, Fundación Mediterránea
