Con 17 firmas, el oficialista Frente de Todos consiguió este miércoles el dictamen de mayoría en Diputados al proyecto de ley que suspende por seis meses la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y burocratiza el régimen que había creado el macrismo en 2017. Ahora intentará convertirlo en ley próximamente, aunque por ahora no tendría los votos necesarios.
El proyecto establece que todas las SAS deberán ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un Registro Especial a cargo de la Sepyme dependiente del ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Juntos por el Cambio (con 10 firmas) y el Bloque Unidad y Equidad Federal (con una firma) presentaron dos dictámenes de minoría con rechazos a la iniciativa kirchnerista.
El mendocino José Luis Ramón, jefe del bloque Unidad y Equidad Federal, objetó la iniciativa porque lo que pretende es “echar por tierra las SAS”. “Con el argumento de que hay algunos que están cometiendo estafas, quieren terminar con el sistema. Yo conozco una Sociedad Anónima con cinco socios que tuvo todos los controles cruzados posibles y sin embargo que es investigada en Comodoro Py por delitos graves”, dijo.
En el mismo sentido, el diputado del PRO Pablo Tonelli afirmó que hay Sociedades Anónimas y Cooperativas condenadas por diversos delitos como los que se les endilgan al 0,03 por ciento de las SAS y no por ello se ha propuesto suspender o eliminar los regímenes que las regulan. El mendocino Luis Petri, de la UCR, afirmó que se está cayendo en una “presunción de culpabilidad” de las SAS ante diversos delitos.
“Sería más honesto que transparenten la iniciativa y deroguen el régimen, sino cambien el nombre para no llamarlas más SAS, porque va a ser más complicado abrir una SAS que una SRL. Si se sanciona esta ley, le vamos a estar dictando el acta de defunción a estas sociedades. Y no hay país que se reconstruya pisando las cabezas de sus empresas”, enfatizó Petri.
Si bien aún no hay fecha para el tratamiento en el recinto de la Cámara baja, en emprendedorismo se preguntan qué van a hacer los cuatro diputados del bloque Córdoba Federal (Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez), dado que hasta el momento no han relevado su postura.
Córdoba es una de las pocas provincias del país donde el trámite de inscripción de nuevas sociedades, en particular las SAS, sigue vigente. Esto se debe a que el portal del IPJ no depende de los sistemas nacionales, como en otros lugares.
A favor de la suspensión
Lucas Godoy, diputado del Frente de Todos, defendió la iniciativa y dijo que todos los sectores están de acuerdo con que la ley de 2017 se creó para beneficiar a los emprendedores, pero no se destinaron controles para que quienes puedan constituir una SAS sean efectivamente emprendedores.
“Enhorabuena que existan estas sociedades, pero se han utilizado por su regulación laxa y hasta inexistente para cometer algunos delitos penales económicos, con fraudes, facturas apócrifas, delitos impositivos, lavado de activos”, añadió el diputado oficialista.
Según el diputado, se detectaron SAS que al día siguiente de haberse creado con un capital mínimo equivalente a dos salarios mínimos compraron inmuebles por cientos de miles de dólares.
“La Justicia en Santa Fe detectó 32 SAS que lavaron cerca de 1.200 millones de pesos”, dijo el diputado informante. Y afirmó que el oficialismo busca “fomentar las SAS, pero con un mayor control para que sean emprendedores reales quienes las inscriban”.
Godoy dijo también que el cambio de inscripción digital por papel será sólo para la Capital Federal y Buenos Aires, mientras que el resto de las provincias tienen sistemas mixtos o enteramente digitales que pueden continuar. “No se elimina la posibilidad de crear una SAS, se buscan mecanismos de mayor control”, afirmó.
“Violan la Constitución”
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, dijo que la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas recomiendan este tipo de sociedades. “Nosotros consideramos que las SAS son un éxito por su bajo costo y por el dinamismo, dado que en tres años crecieron un 50% más que otros tipos societarios. Y esta modificación es completamente innecesaria”, afirmó.
Y en ese escenario, el proyecto de ley “afecta fundamentalmente a pequeños y medianos emprendedores, a la industria del conocimiento, a empresas familias que buscan comenzar a operar con una figura jurídica. Ahora, con este cambio, van a tener muchísimos más requisitos y costos para obtener una SAS”.
“Y las sociedades ya inscriptas también van a ser perjudicadas con esta ley, porque deberán presentar estados contables, situación patrimonial, estado de resultados y ejercicios económicos cerrados desde su constitución, entre otros papeles. La no presentación las hace pasibles de multas para cada uno de los socios”, advirtió Ferraro. Y el costo para poder transformar una SAS a otro tipo societario supera los 100.000 pesos en gastos.
Para el diputado opositor, hay una incoherencia manifiesta en el oficialismo porque en medio de la crisis económica y el mismo día en el que pidió a empresarios españoles que incrementen sus inversiones en el país, “ataca al sector privado con una legislación burocrática, ineficaz y retrógrada a una herramienta clave para sociedades que buscan crear trabajo”.
La diputada radical Karina Banfi dijo que el proyecto incrementa la burocracia en un nivel inaceptable. “Los registros de emprendedores para el control no sirven, no funcionan. Para los negocios que hoy se requieren necesitamos estructuras ágiles, dinámicas y simplificadas. Lo pide la economía y el mercado. Funciona de manera informal, no van a pedirnos permiso. El Estado tiene que pensar si lo vamos a incluir en el sistema o los vamos a dejar marginales”, afirmó.
Según la diputada, el registro que propone el kirchnerismo invade el régimen general y va en contra de la Constitución Nacional.
“Otra vez, qué les pasa. Dejen de meterse en las provincias. Trabajen, negocien, concerten. No se metan en las facultades y prerrogativas de las provincias, porque violan la Constitución. ¿Necesitamos modificar una ley para saber a qué se dedica el emprendedor o tenemos que ajustar la reglamentación para mejorar la proforma? No podemos cambiar la ley que ha puesto en la formalidad a cientos de emprendedores. ¡La discrecionalidad que genera este proyecto es enorme!”.
Cómo surgen los cambios propuestos
El Gobierno nacional había suspendido las SAS el año pasado, pero esto impactó sólo en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, los emprendedores migraron su “localía” a otras provincias, como Córdoba y Mendoza. Y ahora el Frente de Todos busca suspenderlas con una ley de vigencia nacional.
En el primer trimestre, en Córdoba se crearon 637 SAS; 38 Sociedades de Responsabilidad Limitada; 103 Sociedades Anónimas, según información de la Inspección de Personas Jurídicas.
Desde el 11 de junio de 2020 este proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue impulsado por el oficialista Oscar Parrilli, con el argumento de que es necesario transparentar y extremar el control sobre la creación de empresas. En Diputados se trabó por la falta de votos.
Para el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, la intención es “reordenar el registro de estas sociedades para que el organismo tenga injerencia en el control de su constitución”. Para crear una SAS, dijo Nissen, el trámite empezaba y terminaba en la Secretaría de Innovación Pública que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete lo que impedía el control por parte de la IGJ.
Ahora, después de que se crearon más de 40 mil SAS desde 2017, la ley que impulsa el kirchnerismo elimina, además, la posibilidad de llevar los libros contables y societarios de forma digital y exige volver a hacerlo en papel.
Para Alejandro Ramírez, responsable de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), esto es un retroceso. En diálogo con este medio dijo que volver al papel es volver al siglo XIX. “Los libros contables se llevaban de manera digital a través del sistema Blockchain, lo que garantiza absoluta transparencia e inviolabilidad en la gestión de la información”, apuntó.
Entre sus argumentos, Parrilli y Nissen habían dicho que la suspensión por seis meses es para evitar que se sigan creando SAS para delinquir. En el emprendedorismo se agarran la cabeza. “Es como evitar que nazcan personas para evitar evasores. Esto es una pelea ideológica. En el 99,97 de las SAS no se detectó ningún fraude”, dijo el creador de una empresa porteña.
Para Ramírez, en tanto, “atacar de esta forma a 40 mil empresas creadas como SAS en un contexto de crisis económica y sanitaria no tiene ningún sentido”. Al margen del contexto actual de pandemia, el experto expresó “Uno a veces se pregunta porque nuestros gobernantes odian a los emprendedores y a las pymes”.
