Luego de cinco meses de intentarlo, la inflación logró perforar el “piso psicológico” del 4% mensual y anotar el valor más bajo desde noviembre de 2021. En septiembre, fue del 3,5% (3,65% en Córdoba), informó el Indec este jueves. Ese mismo día, el riesgo país, un indicador que el Gobierno sigue de cerca porque se asocia con la obtención de financiamiento externo a tasa razonable, también logró una merma importante, incluso pronunciada en la jornada siguiente.
La batalla contra los precios es el principal objetivo de la gestión de Javier Milei, por lo cual la noticia de esta semana podría haberle significado un unánime respiro positivo en materia de opinión pública.
Sin embargo, ese no fue el caso. La novedad quedó en segundo plano, eclipsada por un conflicto de mayor dimensión y más fuerte repercusión: la confirmación del veto presidencial a la ley de financiamiento del sistema público universitario, una “victoria” que el Presidente consiguió anotarse el miércoles en el Congreso.
¿Por qué las comillas? Porque, si bien la gestión Milei logró los votos suficientes para frenar la recomposición del tijereteado presupuesto universitario, en la práctica tuvo poco para festejar. De hecho, a diferencia del asado que se brindó en Olivos a los “dipuhéroes” que frenaron una mejora mínima de las jubilaciones impulsada por la mayoría de la oposición en septiembre, esta vez los bloques completos de La Libertad Avanza y del PRO y el puñado de diputados de otros espacios que confirmaron el veto no se animaron ni a un tibio aplauso al momento de marcar el “negativo” en el tablero. Aprendizaje realizado.
Todo pérdida
La ausencia de festejo no es la única señal de que el conflicto planteado contra el sistema universitario conlleva más pérdidas que ganancias para el oficialismo. En términos de consecución del equilibrio fiscal, quedó planteado que ahogar presupuestariamente a las universidades y a organismos científicos no resulta determinante.
Según cálculos del economista Esteban Domecq, de enero a agosto, la baja de presupuesto real llega al 37%, un agudo recorte que aporta sólo el 4% del total del ajuste de gasto público realizado por Milei. Un peso muy inferior, por ejemplo, al que implica la quita de subsidios económicos (14%) o la paralización de la obra pública (23%).
Demasiado daño infligido a la institución pública con mayor valoración social –lo confirman las encuestas– para un aporte fiscal tan magro. La universidad pública no constituye sólo la principal cantera de generación de trabajadores calificados y el territorio más amplio de producción científica –por citar sólo sus dos efectos centrales sobre el desarrollo económico–; implica además uno de los pocos horizontes de esperanza para miles de argentinos, fundamentalmente de sectores medios.
Sobre esa franja identitaria de la sociedad argentina, viene recayendo con fuerza el ajuste que promete normalizar la economía. Ahora, además, se le entorna peligrosamente la puerta de la formación profesional gratuita.
Otro costo de lo sucedido el miércoles puede anotarse al espectáculo de “casta” y “vieja política” que debió desplegar el oficialismo para asegurarse el poroteo en Diputados, un paisaje que incluyó sospechosas volteretas y bajas a la hora de apretar el botón.
El ataque simbólico es el más peligroso
Cuesta entender, desde lo racional, la actitud de agresión asumida por la gestión nacional hacia el sistema universitario. Más inquietante aún que el desfinanciamiento es la férrea voluntad de desprestigio y denostación que exhibe hacia él; por momentos, casi infantil, si no fuera tan peligrosa.
Acusaciones de corruptela sin precisiones ni pruebas, bloopers malintencionados, como el de los “alumnos fantasma”, y planteos simplistas con el fin de estimular prejuicios sociales, como la fantasía de que los extranjeros invaden los claustros y causan el quebranto.
En definitiva, el esfuerzo oficial hasta ahora parece reducirse a intentar encontrar una hendija que permita enojar y enfrentar a la sociedad con su propia universidad pública. Canalla.
Mientras se entretienen en azuzar un conflicto de final cada vez más incierto, las autoridades nacionales eluden su verdadera responsabilidad: trabajar (mucho y con firmeza) en una genuina propuesta de mejora para las universidades estatales, una labor que podría iniciar un verdadero círculo virtuoso de colaboración con la comunidad educativa y científica.
De hecho, en ella ya existe una agenda de temas pendientes para abordar y debatir, que el Gobierno podría enriquecer con todos los que considere pertinentes. La sociedad, en su amplia mayoría, de seguro celebraría un proceso constructivo de ese tipo.
Tener ese anhelo no es ser ingenuo. Es simplemente esperar de un gobierno la tarea ineludible que le toca: gestionar para la ciudadanía.
