- Se promulgó una ley que incentiva la participación de mujeres en órganos de dirección del sector privado.
- Se otorgará una certificación y se pondrá en marcha el 1 de enero de 2021.
- Los primeros beneficios será la reducción de tasas de trámites de personas jurídicas.
La provincia de Córdoba decidió impulsar la participación de mujeres en los directorios de empresas y en otras organizaciones, a través de una certificación que permitirá acceder a beneficios si cumplen determinados requisitos.
La iniciativa fue plasmada en la Ley 10719, aprobada por la Unicameral y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que promueve el principio de equidad de género en la composición de los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas privadas con domicilio en el territorio cordobés.
Esto incluye a asociaciones, fundaciones y todas las sociedades que están bajo la órbita de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), que depende del Ministerio de Finanzas.
La norma prevé que la IPJ emita una certificación en caso de las organizaciones que tengan, al menos, la mitad de mujeres esos órganos al momento de realizar trámites de constitución, autorización para funcionar o inscripción de nuevas autoridades.
Este certificado habilitará a que las empresas e instituciones puedan acceder a diversos beneficios que se implementen para promover la equidad, como "regímenes de promoción, exenciones o cualquier otro estímulo que dispongan los organismos estatales o entidades privadas".
Verónica Sanz, directora de la IPJ, señaló que este organismo participó en la elaboración del proyecto de ley y que ya está trabajando en la reglamentación. "Se va a aplicar a partir del 1 de enero de 2021", confirmó.
Comparación
La estrategia seguida en Córdoba es bastante diferente a la seguida por el ente de contralor de la Ciudad de Buenos Aires (Inspección General de Justicia, IGJ), que en agosto emitió una resolución obliga a las personas jurídicas a integrar sus directorios con la misma cantidad de mujeres y varones.
La primera diferencia tiene que ver con que, en este caso, la provincia eligió sacar una ley y no lo dejó librado a la decisión de un organismo.
Pero, lo más importante es que aquí se decidió generar incentivos para promover la equidad, en lugar de obligar a que se cumpla con esto dentro de las organizaciones.
La idea es que las distintas reparticiones estatales provinciales, e incluso instituciones privadas, puedan incorporar beneficios especiales dentro de sus competencias para que accedan compañías con esta certificación.
En lo inmediato, Sanz anticipó que se prevé incorporar en la Ley Impositiva 2021, la exención de parte de las tasas del IPJ en la elección de autoridades a partir de la primera asamblea. De todos modos, será una herramienta disponible para otro tipo de políticas públicas.
Por otra parte, la ley promulgada también establece que la IPJ debe “controlar que los estatutos sociales de las personas jurídicas cuya inscripción se solicite respeten los principios de igualdad y no discriminación”.
Además, remarca que “cualquier persona con interés legítimo” puede realizar una denuncia ante el organismo si hubiera cláusulas, regulaciones o disposiciones en los estatutos que “violenten, limiten o restrinjan” esos principios.
