Mientras en el Congreso circulan borradores de proyectos para extender la moratoria previsional y actualizar los bonos para jubilados, el sistema previsional sigue acumulando tensiones. Aunque aún no hay iniciativas oficiales, el gobierno encargó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) la estimación del costo fiscal de algunas de esas medidas.
Más allá de los números, persisten las dudas de fondo: ¿Las jubilaciones alcanzan para cubrir el costo de vida? ¿Y qué pasará con quienes no logren completar los años de aportes si no se renueva la moratoria?
¿Los jubilados cobran menos o más que antes?
En febrero de 2024, las jubilaciones mínimas alcanzaron su nivel más bajo en términos reales en dos décadas. Esto se debió a la fuerte aceleración inflacionaria registrada en diciembre de 2023 y enero de 2024, tras el cambio de gobierno, combinada con el rezago de la fórmula de movilidad vigente hasta entonces, que actualizaba los haberes de forma trimestral.
En este contexto fue que el gobierno implementó, en marzo de ese mismo año, un aumento extraordinario del 12,5% y estableció un bono de $ 70.000 para quienes percibían la mínima. Sumado a ello, a partir de abril, se modificó la fórmula de movilidad estableciendo ajustes mensuales basados en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), para procurar mantener el poder adquisitivo.
Si se analiza este último año, las jubilaciones mínimas —incluyendo el bono— prácticamente empataron con la inflación, con una mejora real de apenas 0,09%. Sin embargo, en términos acumulados, durante la actual gestión, perdieron 6,2% de poder adquisitivo. Y responde principalmente al congelamiento del bono. Por caso, para evitar esa caída, debería haber alcanzado los $ 105.000 en abril.
Esta situación, sin embargo, debe leerse en perspectiva. Las jubilaciones venían de varios años de pérdida. Entre 2018 y 2023 registraron una caída del 22% en un contexto de alta inflación, con fórmulas de movilidad que no lograban seguir el ritmo de los precios y que, además, fueron modificadas en momentos clave, justo cuando debía recuperarse el poder adquisitivo. Este es el principal factor que explica por qué aún hoy los haberes siguen muy por debajo de su poder de compra histórico.
Fin de la moratoria en tiempos de Milei
Otro aspecto crucial es quiénes podrán jubilarse y cómo. Con el vencimiento de la última moratoria, para quienes no puedan comprar aportes antes de jubilarse, el único escenario posible es la Prestación Universal para el Adulto Mayor (Puam), que consiste en un beneficio asistencial equivalente al 80% de la jubilación mínima, que no se hereda al cónyuge y se otorga llegados los 65 años. De acuerdo a estimaciones, cerca de 441 mil personas deberían optar por esta vía en los próximos dos años, de no mediar alternativas.
Argentina mantiene una tasa de cobertura previsional alta, aunque lo ha logrado de forma desordenada: otorgando beneficios contributivos a quienes no realizaron aportes. Como no era de otra manera, los costos se deben pagar de alguna forma. Y para sostener estas promesas, diferentes gobiernos —con orientaciones políticas distintas— apelaron al mismo mecanismo: ajustar las jubilaciones por debajo de la inflación, con la movilidad como principal herramienta de ajuste. El desafío ahora es garantizar el acceso sin comprometer las finanzas públicas.
¿Cuáles son los cambios que se vienen en las jubilaciones?
El grueso de la discusión actual en el Congreso se concentra en dos medidas: por un lado, elevar el bono a $ 105.000; y por el otro, extender las moratorias por dos años. De acuerdo a estimaciones de la OPC, implicarían un costo fiscal anual de 0,23% y 0,16% del PBI, respectivamente.
Sin embargo, el debate no debe reducirse a una cuestión de cuentas. Lo que está en juego es también la equidad del sistema y los incentivos a aportar, ya que las moratorias venían otorgando un trato similar a quienes no realizaron aportes y a quienes sí.
Aún más, ni la suba del bono ni la continuidad de las moratorias representan una solución estructural. El verdadero desafío es ordenar el sistema.
Mientras se discute una reforma previsional de fondo, un esquema transitorio podría contemplar:
-Eliminar el requisito de 30 años de aportes: esto permitiría al trabajador acceder a un haber proporcional a los años aportados y eliminaría la necesidad de recurrir a las moratorias.
-Establecer Puam como el piso del sistema.
-Calcular el haber jubilatorio sobre toda la vida laboral con aportes.
Finalmente, una reforma completa implicaría eliminar tratamientos especiales, revisar los regímenes provinciales no transferidos, reducir la litigiosidad, repensar las pensiones derivadas y, sobre todo, incorporar mecanismos de ajuste automático que permitan adaptar las reglas a los cambios demográficos y del mercado laboral.
